Ratifican visto bueno a prohibición de ingreso de celulares sin autorización a establecimientos penitenciarios

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Los integrantes de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado Yamil Esgaib (ANR-Capital), aconsejaron la ratificación del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación, electrónico o no, en los centros penitenciarios y centros educativos en contexto de encierro”.

Este documento destaca la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado. 

Había sido rechazado en Cámara de Senadores por superposición de leyes, según se argumentó.

De acuerdo a la exposición de motivos, el ingreso de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades ilícitas como extorsiones; tráfico de drogas; estafas; homicidios; e, incluso, planificación de fugas.

Asimismo, se emitió un dictamen de aprobación con modificaciones para el proyecto “Que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana”, cuyo objetivo es promover transparencia y control social en los procedimientos.

Basado en los artículos 172 y 175 de la Carta Magna, esto busca modernizar mecanismos de prevención del delito mediante el uso controlado de sistemas de grabación de imágenes y sonidos en espacios públicos.

Por otro lado, se dictaminó el rechazo del documento que modifica artículos de la Ley N° 7322/2024, “Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”.

La propuesta busca subsanar una omisión significativa en la ley original, que habría dejado desprotegida a una población vulnerable frente a barreras sociales y económicas, según la carta de presentación.

Finalmente, hubo visto bueno para el proyecto “Que modifica el artículo 7° de la Ley N° 1183/1985 - Código Civil”, orientado a precisar efectos jurídicos de la derogación de leyes y otorgar mayor seguridad al ordenamiento jurídico nacional.

La normativa incorpora una aclaración fundamental: las leyes derogadas no recuperan automáticamente su vigencia y solo podrán volver a tener fuerza jurídica mediante su reproducción íntegra y cumplimiento del procedimiento constitucional correspondiente.

Todos estos puntos, cabe señalar, integran el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara Baja, prevista para este martes 11 de noviembre.