(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Pedro Ortiz (ANR–Central), en la fecha, consideró el proyecto de ley “Que modifica los artículos 4, 13 y 16 de la Ley Nº 6757/2021, ‘Que establece la implementación de videocámaras en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado’”.

El diputado Ortiz señaló que el documento no fue dictaminado en la ocasión teniendo en cuenta aún faltan contrastar algunas informaciones. “Queremos un análisis más detallado del contenido; el objetivo es evitar contradicciones legales y asegurar que la ley sea clara y aplicable”, significó. 

El proyecto plantea en el artículo 4 la reducción de 24 a 12 meses el tiempo establecido para que los organismos del Estado, y las municipalidades incorporen las videocámaras, una vez reglamentada la ley.

En cuanto al artículo 13, propone que, tras la implementación de esta tecnología, ningún funcionario pueda realizar procedimientos de inspección, registro, allanamiento, secuestro o detención sin portar una cámara encendida.

También se establece la responsabilidad de cada institución pública en el mantenimiento de los equipos y en la inclusión de estos gastos en su presupuesto anual. 

Respecto al artículo 16, se mantiene el plazo de 180 días para la reglamentación de la norma, pero se acorta de 24 a 12 meses el tiempo máximo para su implementación desde la fecha en que se emita el reglamento correspondiente.

“Con estos ajustes se pretende dinamizar la puesta en marcha de la ley y asegurar su cumplimiento en un plazo más razonable”, dijo al respecto el presidente de la comisión asesora.

Horario oficial

Por otra parte, la comisión también resolvió solicitar informes técnicos a diferentes instituciones del país respecto al proyecto de ley “Que establece el horario oficial en la República del Paraguay y deroga la Ley Nº 7354/2024”.

En ese contexto, el legislador indicó que se pedirá opinión al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); Policía Nacional; Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; y al Ministerio del Interior, a fin de contar con una base técnica adecuada antes de dictaminar.