Diputados prevé considerar un total de 20 puntos en sesión ordinaria próxima
Publicado el: 2025-10-31
(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador, Raúl Latorre (ANR-Capital), determinó que el orden del día de la sesión ordinaria próxima este integrado con 20 puntos. A continuación un resumen de los principales proyectos a ser abordados por la plenaria a desarrollarse el martes 4 de noviembre, a partir de las 09:00 horas.
Veto a aporte especial a municipios
La Cámara de Diputados tiene previsto tratar, como primer punto del orden del día, el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley N° 7507/2025, “Que establece conceder un aporte especial a los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa del Departamento de Misiones, por ser sedes distritales de los monumentos construidos por los jesuitas”.
La iniciativa tiene como objetivo conceder un aporte especial por un monto total de G. 5.000.000.000, suma que sería distribuida de forma anual, durante 3 años, a los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa (Departamento de Misiones), como sedes distritales de las ruinas jesuíticas, según el documento original.
Es importante mencionar la Cámara de Diputados, como cámara revisora, introdujo modificaciones al proyecto original, consistente en la disminución de la cantidad de años en los que debían ser distribuidas las compensaciones (de 3 a 1 año).
El Poder Ejecutivo, sin embargo, objeto totalmente el proyecto aduciendo que “las previsiones presupuestarias para el Ejercicio Fiscal 2025, ya han sido realizadas y cualquier modificación o inclusión adicional no contemplada, originalmente, resultará en detrimento de los demás beneficiarios durante el proceso de distribución y liquidación de los recursos”.
Señala también que, estos recursos (de Itaipú y Yacyretá), actualmente, financian programas y proyectos de alta trascendencia social y económica, como alimentación escolar, infraestructura, acceso a servicios básicos y reducción de brechas de desarrollo.
Por lo tanto, enfatiza, cualquier redireccionamiento podría comprometer Ia sostenibilidad de iniciativas esenciales y afectar, negativamente, a otros beneficiados conforme al esquema de distribución vigente.
El veto total, en primera instancia, ya fue rechazado en Cámara de Senadores mediante resolución N° 1468.
Beneméritos del 2 y 3 de febrero de 1989
La Cámara de Diputados también pondrá a consideración de la su plenaria un proyecto de ley que tiene por objeto reconocer como "Beneméritos de la Patria" a los gestores y combatientes de la gesta libertadora del 2 y 3 de febrero de 1989, que permitió el retorno a la democracia en Paraguay.
El proyecto de ley busca otorgar un régimen de compensación a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron, directamente, de los operativos y arriesgaron sus vidas esa noche y madrugada para restablecer la democracia en el país, según la exposición de motivos.
Agrega que estos "beneméritos" no han recibido hasta la fecha ningún tipo de reconocimiento o compensación por su rol decisivo en aquel hecho histórico, a diferencia de los soldados conscriptos que sí fueron indemnizados mediante la Ley N° 7081 de 2023.
En esencia, el texto establece que podrán ser reconocidos como "beneméritos" los oficiales y suboficiales que participaron bajo comando operacional en unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional involucradas en la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989.
Asimismo, prevé que estos "gestores y combatientes" o sus herederos hasta el primer grado de consanguineidad, recibirán una compensación económica equivalente a 2.500 jornales mínimos, además de distinciones y honores.
El acápite del proyecto es el siguiente: “De reconocimiento como benemérito y que otorga un régimen de compensación a los gestores y combatientes de la gesta libertadora para la democracia del 2 y 3 de febrero del año 1989”.
Se encuentra en su primer trámite constitucional.
Derechos humanos de las personas mayores
Otro de los puntos que será abordado por la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima es el proyecto de ley “Que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015.
El objetivo principal es garantizar que las personas mayores puedan ejercer todos sus derechos humanos y libertades en igualdad de condiciones. La meta es lograr su plena inclusión y participación en la sociedad.
La Convención aclara que sus disposiciones no limitan otros derechos o beneficios que ya puedan tener las personas mayores según las leyes nacionales o el derecho internacional. Es decir, busca sumar protecciones, no quitarlas.
Según la exposición de motivos, los países que firmen este tratado se comprometen a crear o modificar las leyes necesarias para garantizar efectivamente estos derechos, siguiendo sus propios procedimientos constitucionales.
Sin embargo, el documento establece que los Estados solo podrán imponer restricciones a estos derechos mediante leyes específicas, y únicamente cuando sea necesario para preservar el bienestar general en una sociedad democrática, siempre que no contradigan el espíritu de la Convención.
Se encuentra en su segundo trámite constitucional. Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Fuentes de energía renovables
El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados incluye, además, el estudio del proyecto de ley “Que modifica los artículos 16, 22, 24, 25 y 33 de la Ley N° 6977/2023, ‘Que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables no convencionales no hidráulicas’”.
El presente proyecto busca, con las modificaciones propuestas, extender de 15 a 30 años el plazo establecido para licencias y contratos de compra de energía, según consta en la exposición de motivos del proyecto presentado.
La iniciativa busca corregir lo que el Poder Ejecutivo considera un obstáculo para la efectiva aplicación de una norma que representa "un gran paso" en el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, más allá de las tradicionales fuentes hidráulicas.
La Ley N° 6977/2023, sancionada el año pasado y reglamentada mediante Decreto N° 1168 en febrero de 2023, estableció un plazo común de 15 años no renovables en sus artículos 16, 22, 24, 25 y 33 para diversas actividades vinculadas a la generación de energía renovable, incluyendo licenciamiento, compra de energía y actividades de autogeneración, cogeneración y exportación.
Sin embargo, estudios técnicos realizados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) revelaron que este plazo resulta "insuficiente" considerando que la vida útil de las líneas de transmisión, turbogeneradores de vapor e instalaciones industriales asociadas alcanza los 30 años en promedio.
Según la exposición de motivos, el plazo de 15 años genera "incertidumbre y riesgos" que obstaculizan el retorno de la inversión privada, lo que podría traducirse en precios más elevados y, en última instancia, desalentar la participación del capital privado en este tipo de proyectos.
"De no modificarse la Ley en los términos propuestos, la participación del capital privado en inversiones de esta naturaleza podría verse seriamente desalentada, lo cual repercutiría en un riesgo serio para el abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes de ERNC", advierte el documento.
Se encuentra en su segundo trámite constitucional. Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Historia clínica electrónica
El proyecto de ley “Que crea la historia clínica electrónica y el registro nacional de historias clínicas electrónicas”, es otro de los documentos que será puesto a consideración de los diputados en ocasión de la próxima sesión ordinaria.
Esta iniciativa, tras ser aprobada, inicialmente en la Cámara de Diputados, fue rechazada por la Cámara de Senadores, y remitida, nuevamente, a la Cámara Baja para su revisión.
La iniciativa propone la creación de un registro nacional de historias clínicas electrónicas, con el objetivo de garantizar la interoperabilidad entre los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, según explicaciones del documento.
“Este proyecto impulsa el uso de herramientas tecnológicas seguras para elevar la calidad de los servicios de salud, proteger los datos personales de los pacientes y promover políticas públicas basadas en información confiable y precisa”, destacó.
Además, el proyecto busca asegurar la continuidad de la atención médica mediante estándares rigurosos de confidencialidad, integridad y seguridad, salvaguardando la privacidad de los datos de los pacientes.
La propuesta, igualmente, contempla situaciones de emergencia, como accidentes, donde el acceso inmediato al historial médico puede marcar la diferencia en la respuesta sanitaria.
“Se trata de un proyecto acorde a los tiempos actuales, donde la tecnología debe estar al servicio eficiente de la función pública”, puntualiza la fundamentación del proyecto.
Se encuentra en su tercer trámite constitucional.
Transporte escolar
La plenaria de la Cámara de Diputados, igualmente, prevé analizar un proyecto de ley que busca modificar el artículo 13 de la Ley N° 7264/24, conocida como "Hambre Cero en las Escuelas", con el objetivo de permitir la utilización de fondos para la adquisición y mantenimiento de unidades de transporte escolar en todo el país.
La iniciativa propone que los gobiernos municipales de todo el país puedan destinar recursos provenientes de royalties y compensaciones de Itaipú, para financiar el transporte escolar, en lugar de limitarse, exclusivamente, a infraestructura educativa como establece la ley actual.
En esencia, propone que parte de los ingresos percibidos por los gobiernos municipales en virtud del pago de royalties, dentro del marco de la ley Hambre Cero en las Escuelas, sea destinado para la adquisición y mantenimiento de equipos de transportes escolares; y/o, contratación de servicios de transportes escolares.
La propuesta surge, según la exposición de motivos, "ante la imperiosa necesidad de garantizar el acceso equitativo a la educación en las comunidades más vulnerables del país, donde las dificultades geográficas y la falta de infraestructura de transporte representan una barrera para la asistencia regular de niños y jóvenes a sus centros educativos".
Asimismo, el proyecto establece que la Contraloría General de la República deberá realizar un riguroso control sobre la ejecución de estos fondos.
El proyecto fue rechazado por la Cámara de Senadores, tras su aprobación en la Cámara de Diputados, donde volvió el proyecto para su tercer trámite constitucional.
Introducción no autorizada de teléfonos
Otro documento legislativo que figura en el orden del día para su tratamiento durante la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados, trata de un proyecto de ley que busca prohibir la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos penitenciarios del país.
El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y, hasta riesgo de planificación de fugas.
El proyecto de ley propone penas privativas de libertad que oscilan entre dos y siete años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta siete años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
La exposición de motivos resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.
Datos oficiales revelan que hasta agosto del presente año se incautaron más de 500 celulares en las cárceles, evidenciando la gravedad del problema.
La propuesta enfatiza que esta iniciativa no solo busca proteger a la sociedad del impacto de actividades criminales organizadas desde las prisiones, sino también disuadir a posibles infractores mediante la implementación de sanciones más severas.
El proyecto tiene el siguiente acápite; “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación, electrónico o no, en los centros penitenciarios y centros educativos en contexto de encierro”.
Este proyecto de ley obtuvo rechazo por parte de la Cámara de Senadores, tras su aprobación, en primera instancia, en la Cámara de Diputados. Se encuentra en su tercer trámite constitucional.
Día Nacional del Estudiante
Igualmente, en ocasión de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados, la plenaria prevé el estudio de un proyecto de ley que busca proclamar el 23 de octubre de cada año como el "Día Nacional del Estudiante".
Esta iniciativa tiene como objetivo principal conmemorar y reconocer el papel fundamental que desempeñan los estudiantes en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, según el documento de fundamentación.
En la exposición de motivos del proyecto, se establece que "la educación es un pilar fundamental para el desarrollo y progreso de cualquier nación" y que "los estudiantes son la esperanza y el futuro de nuestra patria", por lo que es esencial reconocer su importancia dentro de la sociedad paraguaya.
Agrega que la fecha propuesta para celebrar el Día Nacional del Estudiante hace referencia a la gesta estudiantil del 23 de octubre de 1931, cuando estudiantes secundarios y universitarios se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir una, contundente, respuesta a la invasión boliviana al Chaco Paraguayo.
“Lamentablemente, la manifestación fue reprimida, violentamente, por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 11 estudiantes fallecidos, quienes fueron las primeras víctimas de la Guerra del Chaco”, expresa el documento.
El proyecto de ley plantea que, en el marco de esta conmemoración anual, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, puedan organizar una "Semana del Estudiante", con actividades como charlas, conferencias, eventos deportivos y culturales, concursos y ferias educativas, así como debates y paneles sobre las necesidades de los jóvenes.
Se encuentra en su primer trámite constitucional.
Búsqueda de personas desaparecidas
La Cámara de Diputados también analizará, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENAPED) y el Sistema Nacional de Alerta Inmediata para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (MAFE)”, iniciativa inspirada en el feminicidio de María Fernanda Benítez, adolescente de 17 años asesinada en Coronel Oviedo.
La presente propuesta legislativa busca establecer mecanismos más eficaces para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, teniendo en cuenta que se han registrado más de 900 denuncias de desaparición en lo que va del año, según datos mencionados en la exposición de motivos.
La propuesta establece la creación de la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (DNPD), dependiente del Ministerio del Interior a través de la Comandancia de la Policía Nacional. Este organismo será responsable de centralizar la información y coordinar las acciones de búsqueda.
Entre las principales atribuciones de la DNPD se encuentran: recopilar y sistematizar información sobre personas desaparecidas; coordinar con instancias policiales, fiscales y municipales; brindar atención psicológica a familiares de desaparecidos; presentar informes trimestrales sobre avances y resultados; y establecer vínculos con organismos internacionales especializados.
La iniciativa incluye el Sistema de Alerta MAFE, un mecanismo de alerta temprana similar al sistema AMBER que permitirá difusión rápida de información sobre desaparecidos a través de medios de comunicación, plataformas digitales y notificaciones telefónicas con sonido especial.
Establece que la alerta podrá activarse para casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes y adultos, basándose en criterios de riesgo que determinen peligro inminente para la vida o seguridad de la persona desaparecida. Incluirá, además, notificaciones a través de servicios de telefonía con sonido especial y contenido audiovisual, según la propuesta.
Una innovación importante es la eliminación del tiempo mínimo de espera para presentar denuncias de desaparición. Las dependencias policiales deberán notificar inmediatamente a la DNPD, siendo considerado falta grave el incumplimiento, según la exposición de motivos.
El proyecto contempla, igualmente, la cooperación obligatoria del MITIC y CONATEL, con recursos incluidos en el Presupuesto General de la Nación para garantizar su funcionamiento efectivo.
Tras sufrir modificaciones en la Cámara de Senadores, en segunda instancia, vuelve a la cámara de origen (Diputados), para su tercer trámite constitucional.
Permisos por paternidad
El proyecto de ley “Por el cual se modifica y amplía el artículo 13 inciso ′b′ de la Ley Nº 5508/15, ′Promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”, figura en el punto 14 B del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
Se trata de una iniciativa que propone ampliar los permisos por paternidad en casos de partos prematuros, cesáreas con complicaciones y nacimientos que requieran cuidados especiales, reconociendo el rol fundamental del padre en los primeros días de vida del bebé.
En esencia, el proyecto busca establecer una escala de permisos según la condición del nacimiento, que van desde los 15 hasta los 30 días hábiles con goce de sueldo.
La propuesta establece 15 días hábiles para partos naturales y cesáreas sin complicaciones; 20 días cuando la cesárea presente complicaciones certificadas por especialista; y 30 días hábiles en dos situaciones críticas: cuando el bebé nazca antes de las 35 semanas de gestación o cuando presente bajo peso (menos de 2.000 gramos) o enfermedades congénitas que ameriten incubadora o cuidados especiales.
Según la exposición de motivos, las cifras respaldan la urgencia de esta reforma ya que Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, asegura que Paraguay registra más de 112.000 nacimientos anuales, de los cuales aproximadamente el 7-8% son prematuros.
En los últimos cinco años, se contabilizaron 47.052 partos prematuros de un total de 524.238 nacimientos, según el documento.
Agrega que la prematuridad representa además un índice de mortalidad neonatal del 0,9%, y el período de internación puede variar entre 20 días y 6 meses, dependiendo del peso y patología del neonato.
Las estadísticas también revelan un preocupante desequilibrio en el involucramiento paterno. Mientras el 98,7% de los bebés menores de un año reciben estimulación, solo el 55,4% de los padres participa en estas interacciones, frente al 95,3% de las madres.
Se encuentra en su primer trámite constitucional.
Arsenio Erico a atletas junior
La plenaria de la Cámara de Diputados someterá a consideración de su plenaria el estudio del proyecto de resolución "Que concede el premio Arsenio Pastor Erico Martínez, a los competidores paraguayos, ganadores de las preseas de oro, plata y bronce, de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025”.
La iniciativa presentada busca reconocer el esfuerzo y dedicación de la juventud deportiva nacional que participó en este evento de trascendencia continental, el cual sirvió además como clasificatorio para futuros Juegos Panamericanos.
Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 representaron más que una competencia deportiva de alto nivel. Según la exposición de motivos del proyecto, constituyeron "una plataforma estratégica para el desarrollo integral de nuestros jóvenes talentos", ofreciendo un escenario de alta competitividad que impulsó el espíritu olímpico y el intercambio cultural entre las naciones americanas.
La propuesta legislativa destaca que los atletas paraguayos demostraron "una notable capacidad para superar toda clase de dificultades" y que sus logros fueron resultado de "un inquebrantable compromiso, disciplina y valentía".
De aprobarse la resolución, los medallistas recibirán una placa de reconocimiento que será entregada por la Cámara de Diputados, en un acto que busca visibilizar públicamente los logros deportivos alcanzados por la juventud paraguaya.
El proyecto subraya que este reconocimiento no solo fortalecerá el deporte juvenil, sino que también inspirará a futuras generaciones a seguir el camino de la disciplina y la excelencia deportiva.
Nueva escala salarial
El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, igualmente, prevé el estudio de un proyecto de ley que busca establecer una nueva escala salarial para el personal civil que forma parte de la Fuerza Pública, incluyendo el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación.
Se trata del proyecto de ley “Que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual del personal civil componente de la fuerza pública".
La iniciativa parlamentaria propone un esquema de remuneración basado en el salario mínimo legal vigente, con incrementos progresivos según los años de servicio del funcionario.
El proyecto establece que el salario básico inicial será equivalente a un salario mínimo, con aumentos anuales del 10% hasta alcanzar los 30 años de servicio, donde la remuneración llegaría a cuatro salarios mínimos.
Entre los fundamentos, los legisladores señalan la necesidad de una "reivindicación salarial" para el personal civil que incluye administrativos, médicos, arquitectos, abogados, contadores y otros profesionales que prestan servicios en estas instituciones.
Argumentan que sus salarios no han seguido el ritmo de la inflación ni los aumentos del salario mínimo, lo que ha generado una situación económica precaria.
El proyecto también contempla la obligatoriedad de capacitación y formación especializada cada tres años para mejorar el servicio a la ciudadanía. Esta formación será definida en conjunto por la Dirección General de Talento Humano de las instituciones involucradas, los gremios del personal civil y el Sistema Nacional de Promoción Profesional.
La propuesta incluye además disposiciones sobre jubilación y haberes de retiro, que serían calculados, proporcionalmente, según el tiempo de servicio prestado conforme a la nueva escala salarial.
Los legisladores fundamentan la iniciativa en los artículos 46, 47 y 92 de la Constitución Nacional y en el artículo 34 de la Ley de la Función Pública, que establece el principio de igualdad salarial entre quienes cumplen tareas similares en organismos y entidades del Estado.
Para el personal civil ya incorporado, el proyecto prevé el reconocimiento de los años de servicio público previos, aplicando la nueva escala salarial de manera retroactiva.
Se encuentra en su primer trámite constitucional.
Emergencia vial en el Puente de la Amistad
Un proyecto de ley que busca declarar en situación de emergencia vial el tramo de la Ruta PY02, que va desde la zona primaria del Puente de la Amistad hasta el kilómetro 3,5 de Ciudad del Este, también va a ser puesto a consideración de la plenaria de la Cámara de Diputados.
La iniciativa legislativa faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a gestionar los recursos necesarios para la reparación integral de este sector considerado estratégico para el país.
En la exposición de motivos, se señala que este tramo ha sufrido un "deterioro considerable" en los últimos años, presentando baches, hundimientos y deficiencias estructurales que lo convierten en "un trayecto altamente riesgoso".
Advierte, por otro lado, que la magnitud de los pozos y el constante flujo de vehículos de gran porte generan "un peligro latente de accidentes viales", varios de los cuales ya han ocurrido.
Destaca, por otro lado, que la importancia de esta vía trasciende lo local, al tratarse de un punto neurálgico para el comercio internacional y el turismo.
“La imagen país se ve directamente afectada al ser este tramo el primer contacto visual y de infraestructura que reciben los visitantes que ingresan desde Brasil, uno de los principales socios comerciales y turísticos del Paraguay”, expresa parte de la exposición de motivos.
Argumenta, además, que la falta de intervención urgente no solo compromete la seguridad vial, sino que también proyecta "una mala impresión de abandono e inseguridad" a quienes ingresan al territorio nacional.
El proyecto de ley contempla que el MOPC pueda coordinar acciones con la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná y demás instituciones competentes para la ejecución eficiente de las obras.
Faculta, además, a gestionar recursos mediante reasignación presupuestaria, utilización de fondos disponibles o cooperación con organismos internacionales.
El proyecto tiene el siguiente acápite: “Que declara en situación de emergencia vial la ruta PY02, desde la zona primaria del Puente de la Amistad hasta el km3,5 de ciudad del este y faculta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a gestionar los recursos necesarios para la reparación del tramo afectado”.
Se encuentra en su primer trámite constitucional.
Uso de videocámaras
La Cámara de Diputados estudiará en su próxima sesión ordinaria el proyecto de ley “Que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana”.
Esta iniciativa, fundamentada en los artículos 172 y 175 de la Constitución Nacional, propone modernizar las herramientas de prevención del delito mediante el uso controlado de sistemas de grabación de imágenes y sonidos en espacios públicos.
Según la exposición de motivos, el proyecto surge ante la necesidad de regular el funcionamiento de las videocámaras que ya utilizan tanto la Policía Nacional a través del Sistema 911, como vecinos organizados y particulares.
El texto establece que la instalación de cámaras fijas requerirá autorización previa de la Policía Nacional, basada en criterios de proporcionalidad y estudios de mapas de criminalidad.
Un aspecto central es la creación de consejos vecinales con autoridades reglamentadas, que colaborarán con la Policía Nacional mediante un observatorio permanente de seguridad ciudadana, pudiendo inclusive aportar equipamiento tecnológico.
El proyecto contempla también el uso de videocámaras móviles en patrulleras y por los propios agentes durante sus intervenciones. Las grabaciones deberán destruirse al mes de su captación, salvo que estén vinculadas a infracciones graves, investigaciones policiales o procedimientos judiciales abiertos, según la propuesta.
El documento garantiza derechos fundamentales estableciendo que el público será informado sobre la existencia de cámaras, y las personas podrán ejercer el derecho de acceso y cancelación de las imágenes donde aparezcan.
Además, dispone la inmediata entrega a la justicia de grabaciones que capten posibles ilícitos penales.
Enfatiza, finalmente, que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder, sino colaborar con equipamientos y regulación de plataformas tecnológicas que coadyuven la labor policial, con alta participación y control ciudadano, respetando las competencias de gobiernos departamentales y locales consagradas constitucionalmente.
Se encuentra en su primer trámite constitucional
Jornadas médicas comunitarias
La Cámara de Diputados también estudiará, en su próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley “Que prohíbe el uso político-electoral de jornadas médicas comunitarias improvisadas”. La iniciativa apunta a frenar el montaje de carpas en plazas y espacios públicos donde se ofrecen atenciones médicas sin las condiciones sanitarias adecuadas.
Según la exposición de motivos, estas jornadas representan un riesgo para la salud pública, ya que muchas veces son atendidas por estudiantes de medicina sin habilitación legal y sin supervisión profesional adecuada.
Agrega que las denuncias hablan que los medicamentos entregados provienen de muestras médicas próximas a vencer o sin controles de conservación apropiados.
El proyecto señala que estas actividades, lejos de ser actos humanitarios, constituyen estrategias proselitistas que explotan la vulnerabilidad de sectores populares y sustituyen de manera inadecuada las funciones del Estado en materia sanitaria.
La propuesta establece multas de hasta 1.000 jornales mínimos diarios e inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas o candidaturas electorales para las personas involucradas. También prevé responsabilidades civiles, administrativas o penales en casos de daños a la salud de los pacientes.
El texto exceptúa las jornadas organizadas por las Fuerzas Armadas con protocolo oficial y las actividades médicas en contextos de catástrofes o emergencias sanitarias autorizadas por el Ministerio de Salud.
Asimismo, obliga a esta cartera a elaborar un plan nacional de fortalecimiento de la atención médica primaria en zonas vulnerables, priorizando la creación de puestos de salud permanentes.
Se encuentra en su primer trámite constitucional.
Otros proyectos
La Cámara de Diputados también tiene agendado estudiar un total de siete desafectaciones de terrenos en diferentes puntos del país, cuyos detalles se exponen a continuación:
-Proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Luque a transferir, a título oneroso, a favor de su actual ocupante, el inmueble individualizado con Cta. Cte. Ctral. Nº 27-6412-01 y matrícula Nº 65289, ubicado en la quinta compañía Yaguareté Corá del citado municipio”. Se encuentra en su segundo trámite constitucional, con media sanción de la Cámara de Senadores.
-Proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, a transferir a título gratuito a favor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, fracciones de inmuebles que forman parte de la finca Nº 689 y de la finca Nº 4067 de la ciudad de Pedro Juan Caballero”. Se encuentra en su tercer trámite constitucional, tras sufrir modificaciones por la Cámara de Senadores.
- Proyecto de ley “Que declara de interés social y autoriza a la Gobernación del Departamento de Amambay, a transferir a título gratuito, a favor de la Universidad Nacional – Filial Pedro Juan Caballero, una fracción de inmueble de su dominio privado, identificada como parte de la finca Nº 9763 del distrito de Pedro Juan Caballero”. Se encuentra en su tercer trámite constitucional, tras sufrir modificaciones por la Cámara de Senadores.
-Proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a los fines de la reforma agraria, el inmueble individualizado como matricula N°C01/7027 padrón N°. 6732, lugar denominado Rosario Loma, del distrito de San Pedro del Ycuamandyju, Departamento de San Pedro, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes”. Se encuentra en su primer trámite constitucional.
-Proyecto de ley “Que declara de interés social y dispone la transferencia a título gratuito a favor de la municipalidad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, de las fracciones de inmuebles que forman parte de la finca N° 2.214, de propiedad del Ministerio de Educación y Ciencias, con fines de regularización de ocupaciones urbanas de hecho de carácter habitacional”. Se encuentra en su tercer trámite constitucional, tras sufrir modificaciones por la Cámara de Senadores.
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