Ley mediante proponen erradicar abusos detectados durante las residencias médicas

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El diputado Saúl González (ANR-Central), presentó un proyecto de ley que busca erradicar los abusos que sufren los médicos residentes en el sistema de salud de nuestro país, una problemática que ha cobrado vidas y dejado graves secuelas entre jóvenes profesionales, según la exposición de motivos. 

La iniciativa, denominada "De regulación y erradicación de abusos en el régimen de residencias médicas en Paraguay", nace como respuesta a una realidad que el legislador califica de "innegable y dolorosa": el maltrato normalizado dentro de las residencias médicas del país.

El diputado González hace referencia a los múltiples accidentes de tránsito documentados por la prensa nacional, donde médicos residentes perdieron la vida o quedaron con graves secuelas tras quedarse dormidos al volante, vencidos por el agotamiento extremo después de jornadas que se extienden hasta 36 o 48 horas continuas.

"Estos no son meros accidentes; son el resultado predecible de un sistema que empuja al ser humano más allá de sus límites físicos y mentales", sostiene el diputado, citando casos específicos como el del joven médico fallecido en Asunción; el residente accidentado tras más de 24 horas de trabajo; y el choque frontal camino a Itauguá. “Son heridas abiertas que evidencian la urgencia de legislar”, señala el documento. 

El proyecto identifica un patrón de maltrato sistemático donde los médicos residentes, ubicados en la base de una estructura jerárquica rígida, son sometidos a un régimen de castigos y coacciones por parte de jefes de servicio o de sala, quienes actúan directamente o a través de residentes de años superiores.

Entre las prácticas abusivas denunciadas figuran las "guardias castigo" de hasta 48 horas continuas, la coacción económica —donde se obliga a los residentes a pagar por cenas o asados para acceder a prácticas quirúrgicas que son su derecho—, y casos de acoso sexual donde se insinúan favores a cambio de beneficios académicos.

Límites sin subvertir la jerarquía

El diputado González enfatiza que la iniciativa no busca eliminar la jerarquía médica ni hacer "intocables" a los residentes, sino establecer límites claros entre la corrección formativa legítima y el castigo inhumano disfrazado de formación.

"Una cosa es la corrección formativa, la disciplina y la exigencia académica, y otra muy distinta es el castigo inhumano disfrazado de formación", precisa el legislador.

La ley propuesta establece límites estrictos a la jornada laboral: máximo 336 horas mensuales para especialidades primarias y 256 horas para subespecialidades. 

Además, garantiza descanso post-guardia obligatorio e inmediato, prohíbe expresamente las "guardias castigo" y exige un preaviso mínimo de 72 horas para asignaciones académicas.

El proyecto crea la Unidad de Protección al Médico Residente (UPMR) dentro del Ministerio de Salud, que recibirá denuncias a través de una plataforma digital segura que garantizará la confidencialidad de los denunciantes.

Las sanciones contempladas van desde amonestaciones escritas hasta la cancelación del registro profesional en casos de acoso sexual o reincidencia en faltas gravísimas, pasando por inhabilitaciones para ocupar cargos de jefatura o ejercer docencia por períodos de dos a cinco años.

Una muy importante disposición del proyecto establece que, al admitirse una denuncia por falta grave, la autoridad de la Unidad Formadora deberá separar, preventivamente, del cargo al superior denunciado en un plazo máximo de 72 horas, suspendiendo sus funciones y beneficios económicos hasta la conclusión del sumario administrativo.

Se establece, igualmente, que la iniciativa será de aplicación obligatoria en todos los centros de salud públicos, privados, mixtos y de seguro social que funcionen como unidades formadoras de especialistas en todo el territorio nacional.

El Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la ley en caso de ser aprobada, mientras que las unidades formadoras dispondrán de 180 días para adecuar sus reglamentos internos y programas a las nuevas disposiciones.