(Redacción: Prensa Dirección de Comunicación). El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-Capital), y líderes de las diferentes bancadas recibieron al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, quien anunció un plan de contingencia para mitigar el impacto del paro de 72 horas anunciado por el sector transporte.

El plan contempla la puesta en circulación de buses del gobierno durante los tres días de huelga anunciada a partir del 21 de julio. “Desde el gobierno vamos a defender y precautelar con todas nuestras fuerzas los intereses de la ciudadanía y el derecho fundamental al transporte digno”, expresó el titular de Diputados.

Explicó que el plan contempla la utilización de las flotas que están a disposición del Estado, el apoyo de una organización que no se sumará a la huelga y la declaración en cuanto al uso del transporte público como un servicio indispensable, lo que obliga a que un porcentaje de unidades siga operando.

“Es fundamental que se garantice ese servicio. Además, esta es una posición tanto personal como compartida por muchos colegas: el transporte público en Paraguay debe cambiar. No es digno lo que viven los paraguayos día a día. No es digno que tengan que esperar horas para acceder a un servicio deficiente”, enfatizó.

El presidente Latorre manifestó su respaldo al proyecto de reforma del sistema de transporte público anunciado por el presidente de la República, Santiago Peña, y aseguró que el Congreso lo analizará con seriedad. 

“Es un tema fundamental que debe ser abordado. Lo que puedo decir con claridad, y lo han expresado mis colegas de los diferentes espacios políticos, que van a tener nuestro respaldo a la hora de plantarse y ponerse duro protegiendo los intereses de la gente, el Congreso colaborará de todas las formas posibles”, dijo. 

Asimismo, resaltó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas como el GPS para monitorear el funcionamiento y recorrido de las unidades, lo que va a permitir mayor transparencia y control en el sistema.

Finalmente, el presidente Latorre aseguró que la reforma será uno de los grandes desafíos del actual gobierno. “Esto debió haberse hecho hace décadas, pero hoy es más oportuno que nunca. Lo que estamos viendo es un remanente de un sistema obsoleto que va en contra de la calidad de vida de los paraguayos. Estoy convencido de que lo vamos a lograr y que será parte fundamental del legado del presidente Peña”, concluyó.

Plan de contingencia 

Por su parte el viceministro de trasporte Emiliano Fernández, explicó que el gobierno considera “desproporcional” la medida de fuerza anunciada por los gremios del transporte público, ya que existen mesas técnicas y canales de diálogo activos para resolver las discrepancias.

“El gobierno siempre demostró predisposición a pagar lo que corresponde. Hay inconvenientes, pero el compromiso de pago es firme. Ya fue enviado ese mensaje al sector”, indicó.

El viceministro de Transporte confirmó que el lunes iniciará una mesa tripartita en el Ministerio de Trabajo, como espacio de diálogo para evitar el paro. No obstante, aseguró que ya está en marcha un plan de contingencia que contempla la movilización de 700 buses provenientes de flotas del Estado y del sector privado, para mitigar el impacto de la huelga.

Explicó que el gobierno trabaja con distintos gremios que no se adherirán a la medida y que han ofrecido voluntariamente sus flotas. Además, mencionó que existe un gremio con 320 buses disponibles y que otras unidades se sumarán bajo el marco legal de servicio esencial, lo que obliga a mantener cierta operatividad incluso durante la huelga. Agregó que habrá sanciones para los que incumplen.

“El transporte público es un servicio imprescindible, como la salud. No puede haber paro sin garantizar la movilidad mínima de la ciudadanía”, señaló. El impacto del paro podría alcanzar el 30% de la flota. Nuestra meta es cubrir al menos un 70% de ese déficit, y ya estamos coordinando los itinerarios y la logística para que los buses lleguen a los puntos críticos”, detalló.

Finalmente, Fernández enfatizó que su gestión se rige por criterios técnicos y legales. “No me siento presionado por chantajes. No se trata de dar por presión, sino de actuar conforme a informes técnicos. Vamos a seguir apostando al diálogo, pero también estamos preparados para reducir al máximo el impacto del paro en la ciudadanía”, concluyó.