(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Diputados aprobó varios pedidos de informes tendientes a investigar la situación de personas adultas mayores, residentes en hogares de ancianos, a raíz de denuncias y un video divulgado en redes sociales y medios de comunicación, que muestra malos tratos a un adulto mayor por parte de una funcionaria.

Los pedidos fueron impulsados por la diputada Johana Vega (ANR-Central), presidente de la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores de la Cámara Baja; y tuvieron eco favorable en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la sesión ordinaria del pasado martes.

Esta recopilación de datos permitirá analizar el estado actual de la atención a las personas adultas mayores, para posteriormente formular recomendaciones y tomar las medidas necesarias para mejorar y fortalecer las políticas públicas en ese ámbito.

Uno de los escritos es el “Que pide informes al Ministerio Público (MP), sobre la investigación penal relacionada con el caso de maltrato a un adulto mayor en el Hogar Santa Cecilia de Asunción”.

El MP debe informar si inició una causa penal ante el hecho denunciado, como todas las acciones tomadas en este sentido. 

Se consulta si existe una unidad fiscal de hechos punibles que involucren a personas adultas mayores.

Por otro lado, la comuna capitalina debe contestar el documento “Que pide informes a la Municipalidad de Asunción sobre la habilitación y fiscalización del hogar de adultos mayores Santa Cecilia”.

Habrá que presentar constancia de habilitación del hogar en referencia y registro de las inspecciones realizadas en los últimos cinco años.

A su vez, el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPyBS), recibirá un escrito “Que pide informes al Poder Ejecutivo - MSPyBS, acerca de la habilitación y control del Hogar de Ancianos Santa Cecilia y otros centros gerontológicos”.

La cartera informará si cuenta, o no, con registro del referido hogar y cuáles son los protocolos o normas técnicas para la habilitación, fiscalización o funcionamiento de hogares de cuidado o residencias para personas adultas mayores.

También fue impulsado el proyecto “Que pide informes a la Contraloría General de la República (CGR), sobre el control y fiscalización de programas y recursos dirigidos a personas adultas mayores”, con la finalidad de conocer si el ente se ocupa de evaluar y revisar cómo se están utilizando los recursos destinados a este sector.

El proyecto de resolución “Que pide informes a las gobernaciones de todo el país sobre servicios, programas y políticas dirigidas a personas adultas mayores”, finalmente, fue otra de las normativas con aprobación.

Se consulta si emprenden políticas públicas orientadas a los adultos mayores y si cuentan con personal técnico especializado para ello.