Piden informes sobre exportación aurífera y situación financiera de ANDE

Publicado el: 2025-07-11

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En su última sesión ordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados, a instancias del diputado Edgar Chávez (ANR-Guairá), titular de la Comisión de Energía y Minería, aprobó dos importantes proyectos de resolución que buscan transparentar aspectos que hacen a la gestión pública: el control de las exportaciones de oro y el estado de las deudas con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Fiscalización de exportaciones de oro

La primera resolución solicita un informe detallado a la Dirección Nacional de Aduanas sobre las exportaciones de oro realizadas en el país.

Esta iniciativa responde a la necesidad de ejercer un control más riguroso sobre uno de los recursos minerales más valiosos del país y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de exportaciones mineras.

El documento requiere información pormenorizada sobre la cantidad total de oro exportado entre 2022 y mayo de 2025; destinos de dichas exportaciones; monto económico generado por estas operaciones; y datos de las empresas dedicadas a la exportación aurífera.

Asimismo, la resolución busca verificar si todas las exportaciones mencionadas contaron con las debidas autorizaciones del Viceministerio de Minas y Energía, en cumplimiento del artículo 112 de la Constitución Nacional y la legislación minera vigente.

Deuda del Estado con la ANDE

La segunda resolución, también impulsada por el diputado Chávez, solicita un informe a la ANDE sobre el monto que la Administración Central adeuda a la empresa eléctrica estatal desde la implementación de la Ley Nº 3.480/08, conocida como "Ley de Tarifa Social de Energía Eléctrica".

Esta normativa, que amplió los beneficios de la tarifa social para sectores vulnerables de la población, ha generado un impacto financiero en la ANDE que requiere ser cuantificado, según la exposición de motivos. 

La resolución exige que, en caso de existir deudas, los datos sean remitidos tanto en formato digital como impreso, estableciendo un plazo de 15 días para el envío y entrega de los informes solicitados.

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