Nueva iniciativa de ley busca regular el lobby ante los poderes del Estado

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La diputada Johana Vega (ANR-Central), presentó un proyecto de ley que propone regular la actividad de gestión de intereses o lobby ante los poderes del Estado. La iniciativa, titulada "Que regula la actividad de gestión de intereses ante los poderes del Estado", busca establecer un marco normativo que garantice transparencia y equidad en la toma de decisiones públicas.

En la exposición de motivos, la legisladora fundamenta la necesidad de la norma señalando que "en la práctica institucional paraguaya, la actividad de gestión de intereses existe, pero carece de un marco legal específico que la regule", situación que genera "riesgos de opacidad, conflictos de intereses y posibles actos de corrupción que afectan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas".

El proyecto contempla la creación del Registro Nacional de Gestores de Intereses, de acceso público y gratuito, que estará bajo la administración de la Contraloría General de la República, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). 

La inscripción será obligatoria para toda persona física o jurídica que realice actividades de lobby ante autoridades de los tres poderes del Estado, así como ante entes autónomos y autárquicos.

Establece que el registro deberá incluir la identificación del gestor, los intereses representados, sus clientes, los ámbitos del Estado donde gestiona, la agenda de reuniones y los documentos presentados. “Esta información será de acceso público permanente a través de una plataforma digital”, según el documento. 

Norma de "puerta giratoria" y sanciones

Entre las disposiciones más destacadas, el proyecto establece una cláusula de "puerta giratoria" que prohíbe a exministros, viceministros, parlamentarios o magistrados superiores registrarse como gestores de intereses hasta transcurridos dos años desde el cese de sus funciones.

Las sanciones por incumplimiento van desde apercibimientos escritos, hasta multas de entre 50 y 500 jornales mínimos, suspensión temporal del registro y, en casos graves, cancelación definitiva e inhabilitación por hasta cinco años. Para funcionarios públicos que no declaren reuniones o reciban beneficios indebidos, se considerará falta grave con responsabilidades administrativas, civiles o penales.

La diputada Vega sostiene que la iniciativa se apoya en experiencias exitosas de países de la región como Chile, Argentina y Perú, así como en estándares de organismos internacionales como la Unión Europea y la OCDE, que demuestran que "la regulación del lobby contribuye a transparentar la interacción entre autoridades y grupos de interés, establecer igualdad de condiciones para la participación ciudadana y empresarial, y fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción".

Por otro lado, el proyecto también crea un Consejo Consultivo de Transparencia en la Gestión de Intereses, integrado por representantes de los tres poderes, la sociedad civil y el sector académico, que funcionará como órgano asesor y de seguimiento.

Según la exposición de motivos, la implementación de la ley no requerirá creación de nuevos organismos ni generará impacto presupuestario significativo, ya que los costos operativos "podrán ser absorbidos en el marco del presupuesto institucional vigente, mediante la reasignación de recursos humanos y tecnológicos".

El MITIC dispondrá de hasta 12 meses para desarrollar la plataforma digital, plazo que podrá extenderse por única vez hasta seis meses adicionales. La ley, dice el proyecto, entrará en vigor a los 90 días de su publicación, y el Poder Ejecutivo tendrá 180 días para reglamentarla.