Proyecto de ley busca regular la gestión de baterías de vehículos eléctricos en Paraguay

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Los diputados Jorge Barressi (ANR-San Pedro), Christian Brunaga (ANR-Itapúa) y Liz Acosta (ANR-Alto Paraná), presentaron un proyecto de ley "De gestión integral de baterías de vehículos eléctricos".

La iniciativa busca abordar uno de los principales desafíos ambientales que enfrenta el país en el marco de su transición hacia una matriz de transporte más sostenible: el manejo responsable de las baterías al final de su vida útil, que contienen elementos contaminantes como litio, níquel y cobalto.

Según la exposición de motivos, el crecimiento del parque automotor eléctrico en Paraguay genera un desafío ambiental de gran magnitud. “Si no son tratadas adecuadamente, estas baterías pueden generar graves impactos en el suelo, el agua y la salud pública”, advierte la exposición de motivos. 

Agrega que el proyecto se complementa con leyes existentes como la Ley N° 6925/22 “De Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico en Paraguay”, y la Ley N° 3956/2009 “De Gestión Integral de los Residuos Sólidos”.

La propuesta se basa en el modelo de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), ya implementado en países como Chile, explica el documento.

Agrega que este principio obliga a fabricantes e importadores a financiar y organizar sistemas de recolección y reciclaje, además de informar sobre la composición y trazabilidad de las baterías.

El proyecto contempla la creación de un Registro Nacional de Baterías de Vehículos Eléctricos bajo la autoridad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), “que monitoreará el flujo de baterías en el país”, según el documento.

Asimismo, establece la necesidad de crear centros autorizados para la recolección y almacenamiento temporal de baterías usadas, donde los usuarios deberán entregar sus dispositivos.

Entre los objetivos planteados por los proyectistas figuran la prevención de riesgos ambientales y sanitarios, el fomento de industrias de reciclaje y reutilización, la promoción de innovación tecnológica en energías limpias, y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de sostenibilidad.

El proyecto establece, igualmente, infracciones y sanciones que van desde amonestaciones escritas hasta multas de entre 100 y 500 días de jornal mínimo, e incluso la suspensión o revocación de la Declaración de Impacto Ambiental.

El Poder Ejecutivo, dice finalmente el documento, deberá reglamentar la ley en un plazo de 180 días desde su promulgación, mientras que se prevén campañas educativas y de capacitación para informar a la ciudadanía sobre los riesgos asociados a la gestión incorrecta de baterías de vehículos eléctricos.