Un total de 17 puntos será tratado en próxima sesión ordinaria de Diputados

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado, Raúl Latorre (ANR-Capital), determinó conformar con 17 puntos el orden del día de la sesión ordinaria prevista para el 21 de octubre próximo. A continuación una síntesis de los principales proyectos que serán desarrollados en la ocasión a partir de las 09:00 horas. 

Pensión a personas con discapacidad severa 

El orden del día de la sesión ordinaria prevé tratar, como primer punto, un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente de su edad.

El acápite oficial del documento es: “Que modifica los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

La propuesta legislativa surge como respuesta a una "omisión significativa" en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica, según la exposición de motivos. 

El proyecto prevé otorgar un aporte económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo vital a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La ley actual no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos", se argumenta en el escrito de presentación.

Artículo 3: Establece la incorporación de las personas con discapacidad severa, certificadas por SENADIS, como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente de la edad.

Artículo 7: Crea el "Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa" como complemento al fondo existente para adultos mayores.

Artículo 8: Establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Artículo 12: Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

“La  medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviará la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa”, dice, finalmente, la exposición de motivos. 

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Ciudad de la Solidaridad 

Otro de los temas que será debatido por la Cámara de Diputados es un proyecto de ley que busca declarar oficialmente al distrito de Villa del Rosario del Kuarepoti, del Departamento de San Pedro, como "Ciudad de la Solidaridad".

La iniciativa legislativa tiene como antecedente la Resolución N° 47/2003 de la Junta Municipal local, que ya denominaba a Villa del Rosario del Kuarepoti con este título honorífico. Además, cuenta con el respaldo de la Declaración N° 251/13 de la propia Cámara de Diputados, que previamente había reconocido esta distinción al distrito de San Pedro. 

En su exposición de motivos, el legislador destacó que el distrito "se ha distinguido a lo largo del tiempo por los altos valores de solidaridad, cooperación y fraternidad" demostrados por su población en diversas circunstancias sociales, culturales y comunitarias.

Según el diputado proyectista,  la denominación "Ciudad de la Solidaridad" representa "un reconocimiento simbólico y moral a los valores más nobles de su comunidad", subrayando que la solidaridad es un principio fundamental que promueve la cooperación mutua y el apoyo desinteresado entre las personas.

Argumentó, por otro lado, que una ciudad merece esta distinción cuando su población demuestra de manera constante acciones solidarias en diversas dimensiones, incluyendo la atención a sectores vulnerables, la promoción de la inclusión social, la organización de campañas solidarias y la respuesta ante emergencias.

El legislador enfatiza, en su exposición de motivos, que reconocer a una comunidad con este título "no solo premia un comportamiento ejemplar, sino también motiva a seguir promoviendo el respeto, la cooperación y la empatía, fortaleciendo la identidad de dicha ciudad".

Villa del Rosario del Kuarepoti, cuyo nombre significa en guaraní "agua de metal" o "agujero de plata", también es conocida como Puerto Rosario debido a sus costas de desembarque de cargas fluviales sobre el río Paraguay. La localidad se caracteriza por ser una comunidad donde prevalecen "los valores humanos fundamentales para la convivencia pacífica entre los ciudadanos", según destaca la exposición de motivos. 

El proyecto declara, oficialmente, al distrito como "Ciudad de la Solidaridad" en homenaje a sus habitantes y sus valores característicos y, al mismo tiempo, autoriza a la municipalidad local a utilizar, oficialmente, este título en documentos, eventos, señalética y demás instrumentos de difusión institucional.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Academia legislativa 

La plenaria de la Cámara de Diputados también tiene previsto analizar, en ocasión de su próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley “Que crea el Instituto Superior de la Academia Legislativa (ISAL)”.

La propuesta, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, se fundamenta en la Ley de Educación Superior y apunta a fortalecer, institucionalmente, al Poder Legislativo, con la profesionalización y capacitación técnica de los servidores públicos del Congreso Nacional.

Según la exposición de motivos, el ISAL responde a la necesidad de dotar al aparato legislativo de instrumentos académicos y de investigación para enfrentar los desafíos del contexto nacional y global. 

Los impulsores del proyecto sostienen que la calidad de las leyes depende de la capacidad crítica, técnica y ética de quienes las elaboran, por lo que resulta imperativo una formación integral del personal legislativo.

El instituto, según el proyecto, estará facultado para implementar programas de pregrado y postgrado en ciencias sociales, humanidades y especialidades afines a la función legislativa, con capacidad de expedir títulos académicos. 

Entre sus objetivos principales figuran el fortalecimiento institucional, la mejora de la calidad legislativa, la especialización multidisciplinaria, el impulso a la investigación aplicada y la cooperación con instituciones académicas nacionales e internacionales.

Los promotores de la iniciativa destacan que el ISAL permitirá una producción normativa de mayor calidad, fortalecerá la transparencia democrática y fomentará la participación ciudadana mediante una mejor comprensión del proceso legislativo. 

La propuesta se enmarca en los principios constitucionales y se regirá por la normativa vigente en materia de educación superior, incluyendo la evaluación y acreditación correspondiente.

Se encuentra en su segundo trámite constitucional. 

“Prisión permanente revisable”

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados incluyo, igualmente, en el orden del día de la sesión ordinaria de Diputados, un proyecto de ley que busca modificar y ampliar varios artículos del Código Penal Paraguayo, para incorporar la figura de la “prisión permanente revisable”, en el marco de una política de "tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía". 

Las modificaciones propuestas abarcan los artículos 17, 38, 105, 107, 112, 117, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 187 y 188 del referido Código Penal, y tiene como objetivo principal fortalecer la justicia penal frente a crímenes atroces, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos y la Constitución.

En la exposición de motivos, se subraya que la incorporación de la prisión permanente revisable es una "deuda histórica" con las víctimas y sus familias, los que han sufrido las consecuencias de delitos graves. 

"Paraguay no puede seguir siendo el único país en la región donde los criminales duermen tranquilos y las víctimas no tienen paz", afirma el documento, y  destaca que la falta de una figura revisable ha permitido que las penas no reflejen la gravedad de ciertos crímenes, debilitando la justicia y silenciando a las víctimas. 

Principales modificaciones propuestas  

El proyecto introduce cambios significativos en el Código Penal, entre los que destacan:

Pena privativa de libertad revisable: Se establece una duración máxima de 90 años, con posibilidad de revisión a partir de los 50 años, según lo dispuesto en el artículo 38. En caso de rechazo, se podrá solicitar una nueva revisión cada dos años.

Homicidio doloso y dolo eventual: Se incorporan agravantes para casos de homicidio con saña, feminicidio, parricidio, sicariato, terrorismo y magnicidio, con penas que van de 50 a 90 años (artículo 105c). También se penaliza el homicidio por dolo eventual en contextos como conducción temeraria, mala praxis médica o irregularidades en la construcción y la industria química (artículo 105b).

Delitos sexuales y trata de personas: Se endurecen las sanciones para delitos como coacción sexual, abuso sexual en menores, estupro, proxenetismo y pornografía infantil, con penas de hasta 90 años en casos graves (artículos 128, 129, 135, 137, 139, 140).

Robo y hurto agravado: Se incrementan las penas para robos con violencia, armas de fuego o en banda, así como para casos con resultado de muerte o lesión grave (artículos 164, 165, 166, 167, 168).

Estafa: Se elevan las penas para estafas, incluyendo aquellas cometidas mediante sistemas informáticos, con sanciones de hasta 30 años (artículos 187 y 188).

La exposición de motivos enfatiza que la prisión permanente revisable es compatible con la Constitución paraguaya y los estándares internacionales de derechos humanos, ya que los condenados conservan el derecho a una revisión periódica de su pena, promoviendo la posibilidad de reinserción social. 

“Esta característica diferencia al proyecto de medidas más severas que no contemplan revisión, asegurando un equilibrio entre justicia y humanidad”, refiere la propuesta de ley. 

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Matrimonio infantil 

Otro de los puntos a ser desarrollado por la plenaria de Diputados en ocasión de su sesión ordinaria próxima es el proyecto de ley "Que modifica el artículo 17 de la Ley 1/92 del Código Civil, modificado por la Ley N° 5419/2015".

La iniciativa busca prohibir, definitivamente, el matrimonio infantil y las uniones tempranas, teniendo en cuenta que la legislación paraguaya, actualmente, establece la mayoría de edad matrimonial a los 18 años, pero mantiene una excepción en el artículo 20 que permite el matrimonio de menores de 16 años con el consentimiento de padres, madres o tutores legales.

En esencia, la propuesta de modificación, en el Art. 17, suprime la expresión “…con la excepción establecida en el Artículo 20”, quedando redactado de la siguiente manera: “Art. 17.- No pueden contraer matrimonio: 1) las personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad.

Por otra parte, deroga el Art, 20 de la referida ley, en donde se establece cuanto sigue: “…Los menores a partir de los dieciséis años cumplidos y hasta los dieciocho años, necesitan el consentimiento de sus padres o tutores para contraer nupcias…”.

Según los fundamentos expuestos en la exposición de motivos, los matrimonios a temprana edad constituyen una forma de violencia que afecta, especialmente, a niñas y adolescentes, limitando sus oportunidades educativas y de desarrollo personal, además de exponerlas al abuso sexual y embarazos no planificados.

"Con frecuencia las niñas y adolescentes se ven obligadas a este tipo de relaciones al no contar con un entorno familiar, social, institucional y legal que las proteja", destaca el documento.

Señal, además, que América Latina y el Caribe son las únicas regiones del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años, ocupando además el segundo lugar mundial en número de embarazos adolescentes.

Enfatiza que al permitir uniones entre menores de edad, el Estado los emancipa y los despoja de los derechos garantizados a la niñez y adolescencia. "Dejan de ser niñas para convertirse en esposas con responsabilidades de cuidar un hogar y tener hijos, conduciéndolas hacia un ciclo de pobreza", sentencia finalmente el documento.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Liberación de presos 

El proyecto de ley “Que modifica y amplia el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, referente a la liberación de presos, también forma parte del temario a ser desarrollado por la Cámara de Diputados en su próxima sesión ordinaria. 

Esta iniciativa legislativa propone un endurecimiento significativo de las penas para quienes faciliten o colaboren en la fuga de internos penitenciarios, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario.

El proyecto establece dos modificaciones principales: por un lado, eleva de tres a cinco años la pena base para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno; mientras que, por otro lado, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de "hasta siete años" (como contempla la ley actual) a un rango de "cinco a quince años" de privación de libertad.

Modificación propuesta

El referido Art. 294, referente a la “Liberación de Presos”, quedó redactado de la siguiente manera:

“El que liberara a un interno, le indujera a la fuga o le apoyara en ella será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. Será castigada también la tentativa.

Cuando el autor:

1) Fuera funcionario público o prestare servicio en la institución penitenciaria; y

2) Estuviera especialmente obligado a evitar la evasión, se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a quince años”.

La exposición de motivos argumenta que la experiencia reciente demuestra que las fugas son, generalmente, propiciadas con apoyo externo, muchas veces en connivencia con personal penitenciario, atraídos por organizaciones criminales que les alientan apelando a la baja penalización actual del delito.

"La información de inteligencia penitenciaria es constante y coincidente en que las fugas de internos pertenecientes a grupos o bandas de organizaciones criminales violentos es propiciada desde el exterior, buscando la complicidad de los agentes penitenciarios", señala la exposición de motivos.

Destaca, además, que estas operaciones suelen contar con "evidente y sustancioso apoyo logístico" y grandes sumas de dinero invertidas en la planificación y ejecución, beneficiando, principalmente, a reclusos considerados de "alta peligrosidad".

El proyecto se encuentra en su tercer trámite constitucional. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, Senadores, en segunda instancia, rechazo el proyecto y lo devolvió a la cámara de origen. 

Profesionales de la belleza 

El proyecto de ley “Que define y regula las relaciones de dueños de salones de belleza y profesionales de la belleza”, es otro de los asuntos que obra en carpeta para su estudio y consideración por parte de la Cámara de Diputados, en ocasión de su próxima sesión ordinaria. 

Se trata de un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para las relaciones entre dueños de salones de belleza y profesionales del sector en todo el territorio nacional. La iniciativa apunta a llenar un vacío normativo que ha afectado históricamente a miles de trabajadores y propietarios de este tipo de establecimientos.

El proyecto define claramente quiénes son considerados profesionales de belleza, incluyendo peluqueros, barberos, coloristas, manicuristas, pedicuristas, maquilladores, esteticistas y asistentes capilares. La normativa establece que estos profesionales no tendrán relación laboral con los dueños de salones, sino una relación contractual específica basada en comisiones por servicios prestados.

Entre los puntos más importantes, el documento obliga a formalizar contratos escritos que especifiquen porcentajes de comisiones, condiciones de pago y responsabilidades de ambas partes. 

Los dueños de salones centralizarán cobros y podrían retener porcentajes acordados para cubrir gastos operativos, mientras que los profesionales asumirían responsabilidad exclusiva por los servicios que prestan.

La iniciativa también busca profesionalizar el sector y aumentar la recaudación fiscal al regularizar la situación de miles de trabajadores que actualmente operan sin contratos formales. 

El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Establecimientos de Salud Afines y Tecnología Sanitaria DESATS, sería la autoridad de aplicación, y los conflictos se resolverían mediante mediación antes de llegar a instancias judiciales.

Se encuentra en su segundo trámite constitucional. Cuenta con media sanción dela Cámara de Senadores.

Emergencia vial en Alto Paraná

La Cámara de Diputados abordará, igualmente, en ocasión de su próxima sesión ordinaria, un proyecto de ley que busca declarar en situación de emergencia vial un tramo de la Ruta PY02, en inmediaciones del Puente de la Amistad. 

La iniciativa tiene como finalidad facultar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a gestionar los recursos necesarios para la reparación integral del tramo considerado estratégico para el país.

El acápite de la iniciativa es el siguiente: “Que declara en situación de emergencia vial la Ruta PY02 de la zona primaria del Puente de la Amistad, hasta el kilómetro 3,5 de Ciudad del Este y faculta al Poder Ejecutivo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones gestionar los recursos necesarios para la reparación del tramo afectado”.

En la exposición de motivos se explica que este tramo sufrió un "deterioro considerable en los últimos años, presentando baches, hundimientos y deficiencias estructurales que lo convierten en un trayecto altamente riesgoso".

Explica que la mencionada cartera estatal deberá gestionar recursos mediante reasignación presupuestaria, utilización de fondos disponibles o cooperación con organismos internacionales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Apoyo y abrigo para animales

Otro de los puntos a ser estudiado por la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, es un proyecto de ley cuyo objetivo principal es responder a una creciente demanda social por la protección y el bienestar de los animales domésticos, promoviendo una convivencia armoniosa entre personas y animales dentro del ámbito municipal.

El proyecto, que tiene como título “Del sistema nacional de apoyo y abrigo para los animales domésticos”, se centra en dos ejes fundamentales: protección y asistencia para animales domésticos, sean de compañía o de producción agroganadera; y la garantía de seguridad para la convivencia pacífica en la comunidad, abordando problemáticas como el abandono animal y los riesgos que esto implica para la población.

Una de las propuestas más destacadas del proyecto es la creación de un Consejo Local de Protección y Bienestar Animal, órgano que dependerá de los gobiernos municipales y que tendrá a su cargo la coordinación de acciones concretas para garantizar el cumplimiento de la presente disposición.

Tendrá como funciones principales: coordinar medidas para prevenir el maltrato animal; implementar campañas de vacunación; promover la recolección de animales en situación de calle; y diseñar políticas educativas que fomenten el respeto hacia los animales, entre otros.

El proyecto, por otro lado, introduce una regulación específica para dos categorías de animales domésticos: los de compañía, como mascotas que conviven en los hogares; y los animales de granja, utilizados para actividades agroganaderas.

Un componente innovador es la inclusión de temas relacionados con el bienestar animal en la malla curricular escolar, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias. De este modo, se busca formar ciudadanos conscientes de la importancia de la convivencia responsable con los animales.

“Toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte”, establece uno de los artículos del proyecto.

Aclara, seguidamente, que la adquisición y tenencia de un animal es de absoluta responsabilidad de una persona mayor de edad, que tenga plena capacidad para cumplir las disposiciones que establecen la presente ley y las disposiciones complementarias.

Destaca, por último, que la iniciativa refleja un cambio de paradigma hacia un mayor respeto por la vida animal y una gestión responsable de las interacciones entre humanos y animales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Veto del Poder Ejecutivo 

Por otra parte, la Cámara de Diputados analizará el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley N° 7507/2025, “Que establece conceder un aporte especial a los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa del Departamento de Misiones, por ser sedes distritales de los monumentos construidos por los jesuitas”. 

La iniciativa tiene como objetivo conceder un aporte especial por un monto total de G. 5.000.000.000, suma que sería distribuida de forma anual, durante 3 años, a los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa (Departamento de Misiones), como sedes distritales de las ruinas jesuíticas, según el documento original.

Es importante mencionar la Cámara de Diputados, como cámara revisora, introdujo modificaciones al proyecto original, consistente en la disminución de la cantidad de años en los que debían ser distribuidas las compensaciones (de 3 a 1 año). 

El Poder Ejecutivo, sin embargo, objeto totalmente el proyecto aduciendo que “las previsiones presupuestarias para el Ejercicio Fiscal 2025, ya han sido realizadas y cualquier modificación o inclusión adicional no contemplada, originalmente, resultará en detrimento de los demás beneficiarios durante el proceso de distribución y liquidación de los recursos”.

Señala también que, estos recursos (de Itaipú y Yacyretá), actualmente, financian programas y proyectos de alta trascendencia social y económica, como alimentación escolar, infraestructura, acceso a servicios básicos y reducción de brechas de desarrollo. 

Por lo tanto, enfatiza, cualquier redireccionamiento podría comprometer Ia sostenibilidad de iniciativas esenciales y afectar, negativamente, a otros beneficiados conforme al esquema de distribución vigente.

El veto total, en primera instancia, ya fue rechazado en Cámara de Senadores mediante resolución N° 1468.

Emergencia educativa

Por otro lado, la Cámara de Diputados prevé analizar un proyecto de ley que busca declarar estado de emergencia educativa y social por doce meses ante el crecimiento de casos de violencia en relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes en Paraguay.

La iniciativa responde a la preocupación por episodios cada vez más frecuentes e intensos de maltrato en vínculos tempranos, que incluyen celos obsesivos, aislamiento social, vigilancia digital, amenazas y chantajes emocionales que, según la exposición de motivos, pueden derivar en desenlaces fatales.

El proyecto tiene el siguiente acápite: “Que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.

El documento establece que todas las instituciones educativas públicas y privadas, desde el nivel inicial hasta la educación media, deberán implementar talleres obligatorios de al menos una hora semanal. Estos espacios estarán destinados a identificar señales tempranas de violencia, promover relaciones afectivas sanas, fortalecer la autoestima y desconstruir prácticas machistas.

El incumplimiento de esta disposición constituirá falta administrativa para directivos y docentes, conforme al Estatuto del Educador, según el proyecto. 

La normativa propuesta exige que todo el personal educativo cumpla un mínimo de doce horas de formación en prevención de violencia adolescente con enfoque de género y salud mental, requisito indispensable para renovación de contratos o promociones.

Además, el Ministerio de Salud pondrá a disposición profesionales de salud mental para acompañar a las instituciones educativas y brindar seguimiento a casos detectados.

Establece, igualmente, que las escuelas y colegios deberán organizar al menos dos encuentros anuales con padres y tutores para sensibilizar sobre los riesgos y brindar herramientas de acompañamiento emocional.

Según la exposición de motivos, el proyecto prioriza un abordaje educativo por sobre el punitivo. Establece que adolescentes imputados por hechos de violencia en relaciones afectivas serán derivados obligatoriamente a evaluación psicosocial integral.

También contempla que el CONACYT priorice financiamiento para investigaciones sobre patrones de violencia juvenil y efectos de la socialización machista.

La iniciativa busca coordinar acciones entre los ministerios de Educación, Salud, Niñez y la Mujer para garantizar que la educación en igualdad y el autocuidado afectivo se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes paraguayos.

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.

Día Nacional del Estudiante 

Igualmente, en ocasión de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados, la plenaria prevé el estudio de un proyecto de ley que busca proclamar el 23 de octubre de cada año como el "Día Nacional del Estudiante".

Esta iniciativa tiene como objetivo principal conmemorar y reconocer el papel fundamental que desempeñan los estudiantes en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, según el documento de fundamentación.

En la exposición de motivos del proyecto, se establece que "la educación es un pilar fundamental para el desarrollo y progreso de cualquier nación" y que "los estudiantes son la esperanza y el futuro de nuestra patria", por lo que es esencial reconocer su importancia dentro de la sociedad paraguaya.

Agrega que la fecha propuesta para celebrar el Día Nacional del Estudiante hace referencia a la gesta estudiantil del 23 de octubre de 1931, cuando estudiantes secundarios y universitarios se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir una, contundente, respuesta a la invasión boliviana al Chaco Paraguayo.

“Lamentablemente, la manifestación fue reprimida, violentamente, por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 11 estudiantes fallecidos, quienes fueron las primeras víctimas de la Guerra del Chaco”, expresa el documento. 

El proyecto de ley plantea que, en el marco de esta conmemoración anual, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, puedan organizar una "Semana del Estudiante", con actividades como charlas, conferencias, eventos deportivos y culturales, concursos y ferias educativas, así como debates y paneles sobre las necesidades de los jóvenes.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Otros proyectos 

La Cámara de Diputados también tiene agendado estudiar un total de cuatro desafectaciones de terrenos en diferentes puntos del país, cuyos detalles se exponen a continuación:

-Proyecto de ley "Que declara de interés social y dispone la transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, de las fracciones de inmuebles que forman parte de la finca N° 2.214, de propiedad del Ministerio de Educación y Ciencias, con fines de regularización de ocupaciones urbanas de hecho de carácter habitacional". Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

-Proyecto de ley "Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Pedro Juan caballero, a transferir a título gratuito a favor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, fracciones de inmuebles que forman parte de la finca N° 689 y de la finca N° 4067 de la ciudad de Pedro Juan Caballero". Se encuentra en el tercer trámite constitucional tras su aprobación, con modificaciones, por la Cámara de Senadores.

-Proyecto de ley "Que declara de interés social y autoriza a la Gobernación del Departamento de Amambay, a transferir a título gratuito, a favor de la Universidad Nacional – filial Pedro Juan Caballero, una fracción de inmueble de su dominio privado, identificada como parte de la finca N° 9763 del distrito de Pedro Juan Caballero". Se encuentra en el tercer trámite constitucional tras su aprobación, con modificaciones, por la Cámara de Senadores.

-Proyecto de ley "Que dispone la transferencia a título gratuito a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el inmueble de la finca N° 1141 padrón N° 1696 lote 178, propiedad de Ministerio de Defensa Nacional, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes". Se encuentra en su primer trámite constitucional.