Solicitan informes a tres instituciones sobre juventud, elecciones y urbanismo

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Durante la última sesión ordinaria, la Cámara de Diputados dio luz verde a tres proyectos de resolución orientados a promover la transparencia institucional, el fortalecimiento democrático, y la planificación urbana sostenible.

Por un lado, los documentos, presentados por el diputado Rubén Rubín (Independiente-Central), solicitan informes al Instituto Nacional de Estadística (INE), y al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). A la primera institución sobre la participación electoral de los jóvenes de 18 a 25 años en las elecciones generales de 2023; y a la segunda, respecto al porcentaje total de participación electoral en relación con el padrón nacional correspondiente al mismo año. 

Ambas iniciativas tienen como finalidad analizar el comportamiento electoral de los jóvenes paraguayos, especialmente, de aquellos que participaron por primera vez en los comicios, a fin de evaluar la efectividad de las políticas de educación cívica, inclusión electoral, y promoción de la ciudadanía responsable.

En ese sentido, los informes deberán incluir datos desglosados sobre la cantidad de votantes jóvenes que acudieron a las urnas; su distribución por departamentos y distritos; y el porcentaje que representan dentro del total de votantes habilitados.

Además, solicitan precisar la proporción de la población general inscrita en el registro electoral, comparando la participación de los jóvenes con la de otros rangos etarios, a fin de identificar diferencias y tendencias por región.

También piden informar sobre la cobertura estadística del registro electoral, señalando la proporción de ciudadanos habilitados, pero no inscritos; y describir los patrones de participación observados entre los votantes jóvenes en su primera elección.

Igualmente, se requiere información sobre la participación total estimada en las elecciones de 2023 por región y localidad, incluyendo series históricas que permitan comparar los niveles de participación juvenil con procesos electorales anteriores, así como cualquier otro informe complementario que detalle la relación entre la población habilitada, la inscripción en el padrón y la asistencia a las urnas.

Centro Histórico de Asunción 

Por otro lado, el proyectista solicita informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sobre el proceso de la Licitación Pública Nacional Nº 92/2025, correspondiente al proyecto de Revitalización del Centro Histórico de Asunción, con una inversión estimada de setenta y siete mil millones de guaraníes, financiada por el Banco Mundial.

La exposición de motivos señala que el Centro Histórico de Asunción constituye un eje esencial de la identidad cultural, cívica y patrimonial del país, pero que sin embargo, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y la carencia de políticas sostenidas de recuperación, han derivado en un deterioro progresivo de su infraestructura.

El informe solicitado deberá detallar en qué etapa se encuentra actualmente el proceso licitatorio; el costo total previsto de la obra; la fuente y condiciones del financiamiento otorgado por el Banco Mundial; así como el modo de cancelación del crédito, especificando el número de cuotas, las tasas de interés, los plazos de gracia y el sistema de desembolso.

También deberá indicar qué zonas y espacios públicos serán intervenidos en cada fase, el cronograma de ejecución con sus fechas estimadas de inicio y finalización; los costos discriminados de cada etapa y el monto total de la inversión.

Igualmente, se requiere informar cuántas y cuáles son las empresas oferentes; los criterios de adjudicación utilizados; las medidas de preservación patrimonial previstas, y los mecanismos de transparencia y control ciudadano que acompañarán la ejecución.

A la par, se pide una descripción del impacto urbano, social, cultural y económico proyectado, así como los planes de mantenimiento y sostenibilidad a largo plazo para asegurar la conservación de las obras una vez concluidas.

En los tres casos, las instituciones requeridas deberán responder en un plazo de quince días hábiles.