Rechazan modificaciones a proyecto que establece protección de datos personales

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados decidió este martes ratificar su sanción inicial y rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley "De protección de datos personales en la República del Paraguay".

La iniciativa, impulsada por legisladores de la Cámara Baja, busca subsanar el vacío legal existente en materia de protección de datos personales en el país.

Según la exposición de motivos, el proyecto surge como respuesta a la derogación de la Ley 1682/2001 mediante la Ley N° 6534/2020, que dejó sin protección general los datos personales de los paraguayos.

La nueva normativa propone establecer la protección de datos como un derecho fundamental, aplicable tanto a entidades públicas como privadas.

El documento destaca que en el país se ha vuelto común que los usuarios de servicios móviles reciban llamadas y mensajes no solicitados de empresas con las que nunca tuvieron relación comercial, lo que evidencia la falta de control sobre el manejo de información personal.

La iniciativa vuelve a la Cámara de Senadores para su cuarto y último trámite constitucional. 

Posición de Diputados

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), manifestó que este proyecto fue ampliamente debatido, analizado y estudiado, "por lo que resultan impertinentes las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores".

Señaló que la Cámara de Diputados trabajó intensamente en el proyecto, incorporando definiciones precisas y un tratamiento especial para el manejo de datos de menores, datos de videovigilancia y otros aspectos relevantes.

Según la diputada Abed, la versión de Diputados incluye definición mejorada de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales y las funciones del director general; mayor flexibilidad en las sanciones, con gradualidad y distinción entre faltas leves y graves; mecanismo de aplicación gradual para empresas del sector privado que manejan datos personales; y una evaluación de impacto previa al uso de datos ciudadanos.

Sostuvo que la versión de Diputados "contempla artículos esenciales que sirven de base sólida para la construcción de un sistema legal que proteja la privacidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos".

Punto de controversia: Artículo 24

Una de las modificaciones del Senado se centra en el artículo 24, que establece:"El derecho de acceso a la información obrante en fuentes públicas podrá ser denegado o limitado cuando tal medida resulte necesaria para evitar un perjuicio concreto a la protección de uno de los intereses privados inherentes a la protección de los datos personales, de conformidad con las reglas y principios establecidos en la presente ley y de acuerdo con el trámite previsto en el presente artículo".

En este sentido, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Capital) cuestionó el texto del artículo 24 tanto en la versión de Diputados como del Senado, considerando que "debe ser vetado".

"Ese artículo va en contra de la Ley de Información Pública. En la versión de Diputados se cercena totalmente eso (...). Se crea todo un sistema burocrático para sortear la Ley de Información Pública", manifestó.

Durante el debate, la diputada Vallejo abogó por la versión del Senado, que según dijo "es el mal menor", pero insistió en que la solución final es el veto del artículo por parte del Ejecutivo.

Fundamentos del proyecto

El proyecto fue desarrollado por una Mesa de Trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, en colaboración con la Coalición de Datos Personales.

Se basa en estándares internacionales, tomando como referencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y legislaciones similares de países como España, Brasil, Uruguay y Argentina.

Una de las principales innovaciones del proyecto es la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo independiente con facultades de supervisión, investigación y sanción en casos de violaciones a la privacidad de los datos.

Los promotores del proyecto destacan que contar con una legislación adecuada posicionaría a Paraguay como un destino atractivo para la inversión europea y facilitaría el intercambio comercial internacional, especialmente, en el contexto de la economía digital.

La aprobación de esta ley, según la exposición de motivos, representará un avance significativo para Paraguay en materia de derechos digitales y protección de la privacidad de sus ciudadanos.