(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado, Raúl Latorre (ANR-Capital), determinó conformar con 27 puntos el orden del día de la sesión ordinaria prevista para el martes próximo, a partir de las 09:00 horas. A continuación una síntesis de los principales proyectos que serán desarrollados en la ocasión.

Seguridad de deliveries 

Como primer punto del orden del día, la Cámara de Diputados pondrá a consideración de su plenaria el proyecto de ley “Que regula la seguridad de prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio”, que tiene como objetivo responder a la creciente necesidad de proteger a los actores involucrados en este tipo de servicios, comúnmente denominados deliveries, cada vez más utilizados en el país.

El documento destaca que el avance tecnológico y la masificación del uso de aplicaciones móviles han transformado la forma en que las personas se trasladan y acceden a bienes y servicios. No obstante, alega, también ha generado situaciones de riesgo y vacíos legales que requieren atención urgente.

Según la exposición de motivos, en los últimos años se han registrado múltiples denuncias de hechos de violencia y situaciones que han puesto en riesgo la integridad de conductores, repartidores y usuarios, sin que exista hasta la fecha una normativa específica que garantice una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Entre las medidas más destacadas del proyecto se incluye la obligación de las plataformas digitales de implementar un botón de pánico, tanto para usuarios como para trabajadores, que alerte a las autoridades en tiempo real ante situaciones de emergencia.

También se establece que las empresas deberán contar con un lugar físico de atención al público en Paraguay, y garantizar mecanismos transparentes para la resolución de conflictos, así como políticas claras sobre la reputación digital de usuarios y prestadores.

La propuesta contempla además una Mesa de Trabajo Permanente, integrada por representantes del sector público, empresas y trabajadores, con el objetivo de mantener un diálogo constante sobre el funcionamiento de estas plataformas, proponer mejoras y atender problemáticas emergentes.

En caso de incumplimientos, el proyecto contempla multas y sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas, cuyas recaudaciones serán distribuidas entre el Hospital del Trauma, el MOPC y el MITIC, con el fin de reforzar la fiscalización y promover programas vinculados a la seguridad y el desarrollo tecnológico.

La propuesta legislativa plantea, igualmente, la creación del Registro en Plataformas Digitales de Servicios, que estará a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). Asimismo, designa como autoridad de aplicación al Viceministerio de Transporte, que será responsable del control y fiscalización del cumplimiento de la norma, en colaboración con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que tendrán acceso a la base de datos para casos de denuncias o investigaciones.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Apoyo y abrigo para animales domésticos 

Otro de los puntos a ser estudiado por la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, es un proyecto de ley cuyo objetivo principal es responder a una creciente demanda social por la protección y el bienestar de los animales domésticos, promoviendo una convivencia armoniosa entre personas y animales dentro del ámbito municipal.

El proyecto, que tiene como título “Del sistema nacional de apoyo y abrigo para los animales domésticos”, se centra en dos ejes fundamentales: protección y asistencia para animales domésticos, sean de compañía o de producción agroganadera; y la garantía de seguridad para la convivencia pacífica en la comunidad, abordando problemáticas como el abandono animal y los riesgos que esto implica para la población.

Una de las propuestas más destacadas del proyecto es la creación de un Consejo Local de Protección y Bienestar Animal, órgano que dependerá de los gobiernos municipales y que tendrá a su cargo la coordinación de acciones concretas para garantizar el cumplimiento de la presente disposición.

Tendrá como funciones principales: coordinar medidas para prevenir el maltrato animal; implementar campañas de vacunación; promover la recolección de animales en situación de calle; y diseñar políticas educativas que fomenten el respeto hacia los animales, entre otros.

El proyecto, por otro lado, introduce una regulación específica para dos categorías de animales domésticos: los de compañía, como mascotas que conviven en los hogares; y los animales de granja, utilizados para actividades agroganaderas.

Un componente innovador es la inclusión de temas relacionados con el bienestar animal en la malla curricular escolar, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias. De este modo, se busca formar ciudadanos conscientes de la importancia de la convivencia responsable con los animales.

“Toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte”, establece uno de los artículos del proyecto.

Aclara, seguidamente, que la adquisición y tenencia de un animal es de absoluta responsabilidad de una persona mayor de edad, que tenga plena capacidad para cumplir las disposiciones que establecen la presente ley y las disposiciones complementarias.

Destaca, por último, que la iniciativa refleja un cambio de paradigma hacia un mayor respeto por la vida animal y una gestión responsable de las interacciones entre humanos y animales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Protección y bienestar animal 

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, igualmente, prevé el estudio del proyecto de ley denominado “De protección y bienestar animal”, documento que tiene como objetivo fundamental reconocer y declarar a los animales como “seres vivos con capacidad de sentir (seres sintientes)”, sujetos de derechos inherentes.

Busca garantizar el bienestar animal, con énfasis en brindar protección especial contra el sufrimiento y el dolor, particularmente, aquellos causados por acciones humanas.

Para ello, establece un procedimiento sancionatorio que permitirá mitigar las consecuencias sociales del maltrato animal, incluyendo los problemas derivados del abandono.

La normativa fija pautas mínimas para regular la protección de diversas especies animales, abarcando desde animales domésticos o domesticados hasta aquellos silvestres y exóticos en cautiverio.

Estas disposiciones aplican tanto a animales abandonados como no abandonados, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios, así como animales utilizados para carga (tracción a sangre).

Se regulan también las condiciones de vida de los animales que se encuentran en venta o que permanecen en cautividad sin autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Un aspecto relevante es la declaración de interés público del bienestar animal, estableciendo que el Estado será responsable de garantizar acciones que promuevan: la prevención y tratamiento del dolor y el sufrimiento animal; la promoción de su salud y bienestar, asegurando condiciones de vida adecuadas según cada especie; y la erradicación y sanción de actos de maltrato y crueldad animal.

La exposición de motivos subraya, igualmente, la necesidad de actualizar las leyes vigentes. Si bien existen normativas previas, como la Ley 4.840/2013 y su modificatoria, la Ley 5.892/2017, estas requieren ajustes para incorporar nuevas figuras y situaciones que reflejen las realidades actuales.

Un punto importante de la propuesta es el endurecimiento de las penas por maltrato animal, incrementando la sanción privativa de libertad hasta un máximo de ocho años. Esta medida busca desalentar actos de crueldad, promoviendo una convivencia basada en el respeto hacia los animales.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto sufrió algunas modificaciones en la Cámara de Senadores, y devolvió el proyecto a la cámara de origen (Diputados).

Club Deportivo Recoleta 

Otro de los documentos a ser estudiado por la plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión plenaria próxima, es el proyecto de ley “Que abroga los artículos 2 y 3 del "Decreto-Ley Nº 9844 de fecha 20 de noviembre de 1941, ‘Por el cual se otorga en propiedad al Club Deportivo Recoleta una fracción de terreno fiscal situado en el distrito de Recoleta para la instalación de su campo de deportes’”. 

Esta propuesta fue presentada a los efectos de derogar los dos artículos mencionados, que limitan al Club Deportivo Recoleta, decidir sobre la propiedad. “Estos artículos impiden al club vender, permutar o hipotecar el terreno fiscal que le fue otorgado”, dice la exposición de motivos. 

Menciona, igualmente, el documento -como principales argumentos-, que otros clubes deportivos (Cerro Porteño, Nacional, Atlántida, Presidente Hayes y Sol de América), recibieron terrenos fiscales en la década de 1930 y posteriormente, mediante el Decreto Nº 5.598 de 1938, se les liberó de restricciones similares para permitirles acceder a créditos bancarios.

“El proyecto busca dar igual trato al Club Deportivo Recoleta, amparándose en el artículo 109 de la Constitución Nacional que garantiza la propiedad privada; y el artículo 1954 del Código Civil Paraguayo, que establece el derecho pleno de usar, gozar y disponer de los bienes.

Se argumentó, igualmente, que estas restricciones contradicen el principio fundamental del derecho de propiedad que incluye el uso, goce y libre disposición de los bienes.

La aprobación de esta ley, según el documento, permitirá al club realizar emprendimientos deportivos beneficiosos para el deporte nacional y la comunidad.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional, tras sufrir modificaciones, en segunda instancia, en la Cámara de Senadores, que incluyó la derogación de otra ley en el referido proyecto. 

Cabe mencionar que el proyecto con media sanción de la Cámara Diputados solo establecía derogar los dos artículos del Decreto  9844/1941, pero no así la Ley N° 18.240/1943, la cual establecía los mismos impedimentos para vender o enajenar la propiedad del Estado.

Centenario de la Victoria de la Guerra del Chaco

La plenaria de la Cámara de Diputados también considerará, en sesión ordinaria, el proyecto de ley “Que declara ‘Centenario de la Victoria de la Guerra del Chaco’ al período comprendido entre el 14 de junio de 2025 y el 14 de junio de 2035”.  

La iniciativa, que coincidirá con el centenario del Armisticio de Paz firmado el 14 de junio de 1935, también propone derogar la Ley N° 6090/18, “Que establece el ‘Sesquicentenario de la Epopeya Nacional’”. 

De aprobarse el proyecto, todos los documentos oficiales de los tres poderes del Estado, gobiernos departamentales y municipales deberán llevar la leyenda "Centenario de la Victoria de la Guerra del Chaco" durante la próxima década. 

Además, las promociones de instituciones educativas y de formación de las fuerzas públicas también llevarán esta denominación, seguida del nombre de batallas o héroes civiles y militares que participaron en el conflicto. 

Entre los objetivos de la conmemoración se encuentran: homenajear a los héroes civiles, militares y al soldado desconocido; fortalecer la memoria histórica y la identidad nacional; difundir conocimientos sobre la Guerra del Chaco; promover la construcción y mantenimiento de monumentos en honor a los combatientes, entre otros. 

En la exposición de motivos se explica que la Guerra del Chaco (1932-1935), fue un conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia por la soberanía del Chaco Boreal. Tras varios tratados limítrofes fallidos entre ambos países, se desató una guerra que culminó con el Tratado de Paz, Amistad y Límites firmado en 1938. 

Como resultado, Paraguay obtuvo 136.225 km² (el 77% del territorio disputado), lo que actualmente representa el 60% del territorio nacional. "La heroica hazaña de nuestros compatriotas en suelo chaqueño permitió que el Paraguay se corone con la victoria", destaca el proyecto. 

Ruta Nueva Italia-Carapeguá

La plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria, también abordará un proyecto de ley que busca renombrar, oficialmente, la ruta que conecta Nueva Italia (Departamento Central) con Carapeguá (Departamento de Paraguarí), conocida popularmente como "Ruta Nueva Italia", en honor al héroe de la Guerra del Chaco, Teniente Ramón Triay Genes.

Según la exposición de motivos, Ramón Triay Genes, protagonizó una de las acciones militares más audaces del conflicto. El 2 de septiembre de 1934, siendo cabo del Regimiento de Infantería 14 "Cerro Corá", lideró una operación comando con seis soldados que se infiltraron en territorio boliviano disfrazados con uniformes enemigos.

La arriesgada misión, que simulaba un ataque sorpresa al campamento boliviano, resultó en la eliminación de dos oficiales y más de treinta soldados enemigos, retrasando la movilización boliviana y permitiendo el escape de una división paraguaya del cerco enemigo.

Agrega el documento, que por esta hazaña, el Mariscal José Félix Estigarribia le otorgó la medalla Gumercindo Sosa, distinción al "Soldado más valiente de la Guerra del Chaco". Posteriormente recibió reconocimientos de todos los presidentes desde Eusebio Ayala hasta Juan Carlos Wasmosy.

Los impulsores del proyecto consideran que denominar esta importante vía de comunicación interdepartamental con el nombre del veterano chaqueño constituye un "homenaje oportuno a un héroe de nuestra historia nacional", además de otorgar denominación oficial a una ruta que actualmente solo se conoce por su nombre popular.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Día nacional de la guitarra

Otro de los puntos que figura en el orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados es un proyecto de ley que busca establecer el 5 de mayo como el "Día nacional de la guitarra y del guitarrista paraguayo", fecha que coincide con el natalicio del más universal guitarrista paraguayo, Agustín Pío Barrios “Mangoré”, nacido en San Juan Bautista, Misiones, en 1885.

Según la exposición de motivos, esta iniciativa busca rendir homenaje a Mangoré, considerado "el genio guaraní de la guitarra" y a todos los destacados guitarristas nacionales que le han sucedido, como Quirino Báez Allende, Cayo Sila Godoy, Felipe Sosa, Luz María Bobadilla, Berta Rojas, Efrén "Kamba’i" Echeverría, Juan Can|cio Barreto, entre otros.

El documento destaca que la guitarra ha sido parte integral de la identidad cultural paraguaya desde la época colonial, convirtiéndose en un instrumento emblemático de la música nacional.

Asimismo, señala que celebrar este día servirá para reconocer la importancia cultural e histórica de este instrumento; promover el aprendizaje y la educación musical en el país; fomentar la creación de nuevas obras que enriquezcan el repertorio guitarrístico; fortalecer el sentido de identidad y orgullo nacional; e impulsar el turismo cultural a través de eventos relacionados

La propuesta resalta, por otro lado, el extraordinario legado de Agustín Barrios “Mangoré”, quien compuso aproximadamente 300 obras (aunque solo unas 130 se conservan documentadas). Entre sus composiciones más destacadas figuran "La Catedral", "Las Abejas", "Choro de Saudade" y "El Gran Trémolo".

Subraya, por último, que Mangoré fue pionero al ser el primer compositor-intérprete de guitarra clásica en grabar un disco (1913-1914), y que sus obras han sido interpretadas por los más grandes guitarristas internacionales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Espacio público ocupado por chatarras 

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados también prevé el estudio del proyecto de ley “Que amplía los artículos 50, 73 y 75 de la Ley N° 1562/2000, ‘Orgánica del Ministerio Público’”. 

Este proyecto permitirá al Ministerio Público disponer de miles de vehículos y bienes muebles abandonados que, actualmente, ocupan espacios en sus dependencias y en comisarías de la Policía Nacional, generando problemas ambientales y de tránsito en la capital.

La iniciativa legislativa propone ampliar las atribuciones del fiscal general del Estado para que pueda declarar en estado de abandono los bienes que ya no forman parte de causas judiciales activas y que representan "un peligro para el medio ambiente, la salud y la seguridad en general".

Según la exposición de motivos del proyecto, las dependencias del Ministerio Público y de la Policía Nacional enfrentan una grave saturación de espacios debido a la acumulación de vehículos decomisados que, tras el cierre de las causas judiciales, quedan abandonados y se convierten en chatarra.

“Esta situación no solo genera daño ambiental, sino que también obstaculiza el tránsito vehicular en espacios públicos y avenidas, afectando la movilidad de miles de ciudadanos que, diariamente, deben enfrentar el caótico tránsito de Asunción”, dice parte de la exposición de motivos.

El proyecto de ley modifica los artículos 50, 73 y 75 de la Ley N° 1562/2000 "Orgánica del Ministerio Público", otorgando al fiscal general del Estado nuevas atribuciones para: declarar formalmente el estado de abandono de bienes muebles; ordenar la destrucción, subasta o donación de los bienes abandonados; y generar recursos económicos para fortalecer la institución.

El documento señala que la medida permitirá liberar espacios públicos ocupados por vehículos retenidos, mejorando el flujo vehicular en la capital; generar ingresos por las subastas; eliminar focos de contaminación generados por vehículos en descomposición; y optimizar el uso de espacios en las dependencias oficiales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Emergencia educativa y social 

Otro de los puntos que la Cámara de Diputados pondrá a disposición de su plenaria, en ocasión de la sesión ordinaria próxima, es el proyecto de ley “Que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.

La iniciativa, que se pretende se extienda por el término de un año, busca que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.

Esto tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.

La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas. 

“Esto está motivado por la urgente necesidad de intervenir de forma decidida en el crecimiento sostenido de episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes en el Paraguay”, dice parte de la exposición de motivos.

Agrega que la violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual. 

Asimismo, enfatiza que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.

Argumenta, por otro lado, que en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, en algunos casos.

Sostiene, finalmente, que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.

Finalmente, manifiesta que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Homenaje póstumo a Koki Ruiz 

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados también prevé el estudio del proyecto de ley “Que autoriza a la Municipalidad de San Ignacio Guazú, a erigir un monumento a la memoria del artista Delfín Roque Ruíz Pérez (Koki Ruíz), en la localidad de Tañarandy”.

El documento se encuentra en su segundo trámite constitucional y busca rendir homenaje al reconocido artista plástico misionero, cuya obra marcó profundamente la identidad cultural del Paraguay.

En la exposición de motivos se señala que “este homenaje representa también un compromiso: que su legado no se pierda; que su obra siga iluminando los caminos de nuevas generaciones; y que el Paraguay nunca olvide a uno de sus más grandes hijos”.

Enfatiza que Koki Ruiz, nacido el 16 de agosto de 1957 en San Ignacio Guazú, dejó una huella indeleble en el país. Arquitecto, artesano y artista plástico, trabajó con materiales nobles y técnicas ancestrales, recuperando símbolos y tradiciones para resignificarlos en obras de gran contenido espiritual y social. 

“Su partida, ocurrida el 20 de diciembre de 2024, dejó un vacío inmenso no sólo para su familia o su comunidad inmediata. La partida de Koki fue sentida en todo el país, porque Koki era patrimonio viviente del Paraguay”, destaca el proyecto en estudio.

El sitio elegido para el monumento, Tañarandy, es considerado un emblema de su obra cultural, donde Ruiz dio vida a expresiones artísticas únicas que fusionaron arte, fe y tradición popular.

Se encuentra en su segundo trámite constitucional. Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. 

Restablecimiento del horario oficial 

La plenaria de la Cámara de Diputados, Igualmente, considerará un proyecto de ley que busca restablecer el sistema de horario estacional en Paraguay y derogar la Ley N° 7354/2024, que estableció el horario único permanente actualmente vigente.

La iniciativa legislativa, que lleva como título “Que establece el horario oficial en la República del Paraguay y deroga la Ley Nº 7354/2024”, propone retornar al sistema de doble horario que estuvo en vigencia durante años en el país, con el objetivo de armonizar las condiciones sociales, sanitarias, educativas, de seguridad y económicas del país.

En la exposición de motivos se detalla “los múltiples problemas que ha generado la implementación del horario permanente de verano desde su entrada en vigencia en 2024”.

En este sentido, el documento asegura que el ámbito educativo presenta uno de los mayores desafíos, con un incremento notable en las ausencias escolares y la impuntualidad, especialmente, en zonas rurales. 

“Los horarios de entrada obligan a niños y adolescentes a iniciar sus jornadas en plena oscuridad, afectando directamente el rendimiento académico y la seguridad de los estudiantes”, expresa parte del documento. 

Por otro lado, expone que los centros asistenciales reportan una mayor demanda de atención médica, especialmente, por enfermedades respiratorias agravadas por las bajas temperaturas matutinas del otoño e invierno. “Esta situación satura los servicios de salud y pone en riesgo a poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores”, sentencia la exposición de motivos. 

Agrega que la oscuridad, en las primeras horas del día, facilita la ocurrencia de hechos delictivos y accidentes viales, comprometiendo la integridad de miles de personas que deben trasladarse a sus lugares de estudios, trabajo u otros destinos en condiciones de escasa visibilidad.

El proyecto de ley establece el horario oficial en todo el territorio paraguayo en las zonas horarias UTC-3 para el horario de verano y UTC-4 para el horario de invierno, conforme al Tiempo Universal Coordinado proporcionado por el Patrón UTC del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

La implementación se realizaría de la siguiente manera: El primer domingo de octubre de cada año se adelantaría en 60 minutos la hora oficial, adoptando la zona horaria UTC-3 para el horario de verano.

El cuarto domingo de marzo de cada año se atrasaría en 60 minutos la hora oficial, adoptando la zona horaria UTC-4 para el horario de invierno

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Modificaciones presupuestarias 

La plenaria de la Cámara de Diputados también pondrá a consideración de su plenaria tres proyectos de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, que modifican el presupuesto institucional  del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA); del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN); y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

El primer caso trata del proyecto de ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408 del 30 de diciembre de 2024, ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025’, Instituto Paraguayo de Artesanía”.

Lo solicitado contempla la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones del personal, que asciende a la suma de 60.630.029, en la Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro), estará afectada al Presupuesto 2025 del Instituto Paraguayo de Artesanía.

La solicitud de modificación permitirá adecuar los recursos financieros para la creación de cinco cargos, que hacen referencia al concurso interno institucional para la desprecarización laboral del personal contratado en relación de dependencia de la mencionada institución.

El segundo caso trata del proyecto de ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408 del 30 de diciembre de 2024, ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025’, Ente Regulador de Servicios Sanitarios”.

Según la exposición de motivos, lo solicitado contempla la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones del personal, que asciende a la suma de G. 306.117.851, en la Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Institucionales).

La solicitud de modificación permitirá adecuar los recursos financieros para la creación de 21 cargos, que hace referencia al concurso interno institucional para la desprecarización laboral del personal contratado en relación de dependencia del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.

El tercer documento trata del proyecto de ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408 del 30 de diciembre de 2024, ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025’, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Este proyecto prevé la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones del personal, que asciende a la suma de G. 387.852.154, en la Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro), y 30 (Recursos Institucionales”.

La solicitud de modificación permitirá adecuar los recursos financieros para la creación de veinte cargos, que hacen referencia al concurso interno institucional para la desprecarización laboral del personal contratado en relación de dependencia del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los tres proyectos mencionados se encuentran en su primer trámite constitucional. 

Emergencia en Alto Paraguay 

El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados establece, por otro lado, el estudio del proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia al Departamento de Alto Paraguay a consecuencia de las inundaciones, y exonera del pago de energía eléctrica de manera temporal a los pobladores de los cuatro distritos del departamento mientras dure el periodo de emergencia”.

La iniciativa surge ante el desborde de cauces hídricos de la zona debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas (mes de mayo 2025), que han provocado inundaciones de gran magnitud en los cuatro distritos del decimosexto departamento del país.

“Los habitantes de Fuerte Olimpo, Bahía Negra, Capitán Carmelo Peralta y Puerto Casado enfrentan desde hace dos meses el impacto devastador del desbordamiento del río”, expresa parte de la exposición de motivos. 

Agrega que cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares para refugiarse en albergues temporales o trasladarse a comunidades vecinas.

El documento también señala que las vías de comunicación, como caminos y puentes, han sufrido daños considerables, manteniendo aislados a los pobladores y dificultando la llegada de ayuda humanitaria por parte del Gobierno Nacional. 

La actividad económica, principalmente, basada en la agricultura y ganadería se encuentra paralizada, "afectando gravemente los medios de vida de la comunidad", advierte el proyecto.

El proyecto establece, igualmente, la exoneración del pago de energía eléctrica, indicando que "la ANDE deberá arbitrar los medios necesarios para la implementación efectiva de esta medida, sin que ello implique la suspensión del servicio por falta de pago de períodos anteriores a la emergencia".

Recomienda, por otro lado, al Poder Ejecutivo realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para afrontar los gastos derivados de la declaración de emergencia.

De ser aprobado el proyecto, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) deberá presentar informes mensuales al Congreso Nacional sobre el avance en la recuperación de las zonas afectadas.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Uso de químicos en minería

Otro de los documentos que se pondrá a consideración de la Cámara de Diputados, en ocasión de la sesión ordinaria próxima, es un proyecto de ley que busca prohibir el uso de cianuro de sodio en los procesos de lixiviación en pila o piletas, así como el mercurio en todos los procesos de producción minera en el territorio nacional.

La iniciativa, titulada "Que prohíbe el uso de las sustancias químicas cianuro de sodio en la lixiviación en pila o piletas y mercurio en todos los procesos de producción minera", tiene como objetivo principal salvaguardar la salud pública y preservar los recursos naturales, con especial énfasis en la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad.

"El uso de las sustancias químicas como el cianuro de sodio y el mercurio en el campo de la explotación minera y sus consecuencias nocivas en la salud y el medio ambiente es de conocimiento general", expresa la exposición de motivos.

Según se explica en el documento presentado, el cianuro de sodio es un compuesto químico altamente eficiente para la extracción de oro, con una efectividad del 95-98%, pero extremadamente tóxico. 

“Cuando entra en contacto con células vivas produce una reacción química que inhibe las funciones respiratorias, causando la muerte celular. En humanos, una cantidad equivalente a dos granos de arroz puede ser letal”, dice parte de la justificación del proyecto

Agrega, por otro lado, que el mercurio, utilizado principalmente en la minería artesanal y de pequeña escala para purificar oro, causa daños al sistema nervioso, problemas renales y, afectaciones a otros órganos como el intestino, además de impactar negativamente en la reproducción y el ADN.

La propuesta contempla sanciones significativas para quienes violen la prohibición: pena privativa de libertad de cinco a diez años y multa de 500 a 2.500 jornales mínimos.

En casos graves, la pena podrá aumentarse de seis a doce años con multa de 1.000 a 5.000 jornales mínimos.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Ingreso al país maquinarias usadas 

Otro de los temas a ser abordados en ocasión de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados es el proyecto de ley “Que establece medidas fitosanitarias y dispone otras medidas de mitigación de riesgos en la introducción al país de maquinarias, equipos e implementos agrícolas usados”.

La normativa tiene por objeto regular la importación de maquinarias, equipos e implementos agrícolas usados, con el fin proteger los ecosistemas agrícolas y la biodiversidad local, mediante la prevención de la introducción de especies invasoras asociadas a maquinaria contaminada, de manera a asegurar la salud de los cultivos y la producción agrícola sostenible a largo plazo.

En esencia, el proyecto busca establecer un marco regulatorio que garantice la seguridad fitosanitaria en los procesos de importación de maquinarias usadas a nuestro país. 

El proyecto autoriza la libre importación de maquinarias, equipos e implementos agrícolas usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad máxima de cinco años, contados a partir de su año de fabricación que cumplan con los requisitos de calidad y seguridad establecidos en la misma propuesta.

El documento también, establece la Licencia Previa de Importación para la importación de maquinaria, equipos e implementos usados a cuyo efecto, el importador deberá estar debidamente inscripto en el Registro de Importadores de la Subsecretaría de Estado de Comercio, habilitado para dicho fin.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. En segunda instancia, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto. 

“Día Nacional del Estudiante”

El proyecto de ley que busca proclamar el 23 de octubre de cada año como el "Día Nacional del Estudiante", es otra de las iniciativas a ser considerada por la plenaria de la Cámara de Diputados. 

Esta iniciativa tiene como objetivo principal conmemorar y reconocer el papel fundamental que desempeñan los estudiantes en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, según el documento de fundamentación.

La exposición de motivos del proyecto señala que "la educación es un pilar fundamental para el desarrollo y progreso de cualquier nación" y que "los estudiantes son la esperanza y el futuro de nuestra patria", por lo que es esencial reconocer su importancia dentro de la sociedad paraguaya.

Agrega que la fecha propuesta para celebrar el Día Nacional del Estudiante hace referencia a la gesta estudiantil del 23 de octubre de 1931, cuando estudiantes secundarios y universitarios se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir una, contundente, respuesta a la invasión boliviana al Chaco Paraguayo.

“Lamentablemente, la manifestación fue reprimida, violentamente, por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 11 estudiantes fallecidos, los que fueron considerados como las primeras víctimas de la Guerra del Chaco”, expresa.

El proyecto de ley plantea que, en el marco de esta conmemoración anual, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, puedan organizar una "Semana del Estudiante", con actividades como charlas, conferencias, eventos deportivos y culturales, concursos y ferias educativas, así como debates y paneles sobre las necesidades de los jóvenes.

Asimismo, promueve la creación de organizaciones estudiantiles en aquellas instituciones que no cuenten con ellas, para que los estudiantes puedan participar, activamente, en los procesos de toma de decisiones y en la implementación de políticas que afecten sus derechos y bienestar.

El proyecto también establece que el Ministerio de Educación y Ciencias deberá desarrollar campañas de promoción y difusión del Día Nacional del Estudiante, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la educación y el rol de los estudiantes en el desarrollo nacional.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Figura de las concertaciones 

El proyecto de ley “Que amplía las disposiciones del Código Electoral, regula la figura de las concertaciones de carácter nacional, departamental y municipal, y deroga la Ley Nº 3212/2007”, también forma parte del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. 

Esta iniciativa legislativa, según la exposición de motivos, busca fortalecer el sistema democrático paraguayo mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales.

El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal, y al mismo tiempo propone la regulación de las mismas, entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos políticos para fines específicos.

“Esta normativa responde a la necesidad de establecer un marco jurídico claro y definido que permita a estas concertaciones operar dentro de los límites de la legalidad y la transparencia, en beneficio de la democracia y el fortalecimiento de la representación política”, expresa parte de la exposición de motivos. 

Agrega que busca proporcionar un marco jurídico que facilite la creación y funcionamiento de concertaciones políticas en todos los niveles de gobierno, promoviendo la cohesión, la eficiencia y la representatividad en el sistema democrático.

“Con este proyecto buscamos robustecer la democracia mediante la regulación de estos mecanismos de colaboración política y asegurar que las concertaciones operen con transparencia y responsabilidad frente a los electores y la sociedad en su conjunto”, agrega.

Según el proyecto, para constituir una concertación nacional, los partidos y movimientos políticos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.

Establece, además, que las organizaciones políticas que formen parte de una concertación no podrán presentar candidaturas independientes para los mismos cargos, salvo que decidan abandonar la concertación antes del período de inscripción de candidaturas.

La vigencia de las concertaciones nacionales se extenderá por el período de duración del cargo electivo obtenido, mientras que las concertaciones departamentales y municipales se extinguirán una vez proclamadas las autoridades electas.

La Cámara de Diputados aprobó, en primera instancia la normativa, mientras que la Cámara de Senadores introdujo modificaciones al documento. Se encuentra en su tercer trámite constitucional.

Tribunal de Cuentas

Otro de los proyectos que será considerado por la plenaria de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria, es el “Que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1982 ‘Código de Organización Judicial’ (Tribunal de Cuentas: Composición y Competencia)”, con el objetivo de aumentar de dos a cuatro el número salas con que funciona el Tribunal de Cuentas.

Según la exposición de motivos, la iniciativa responde al crecimiento exponencial de controversias en materia contencioso-administrativa durante las últimas dos décadas.

Argumenta que el aumento de la burocracia pública, desde 2003 hasta la actualidad, con la creación de nuevos ministerios, secretarías, entidades autónomas y municipios, ha generado un incremento significativo en los casos que deben ser atendidos por estos tribunales.

En resumen, el proyecto establece que el Tribunal de Cuentas estará compuesto por cuatro salas, integradas con tres miembros cada una, y que tendrán competencia, exclusivamente, en los juicios contencioso-administrativos, en las condiciones establecidas por la ley que rige la materia.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. La Cámara de Senadores modificó el proyecto y lo devolvió a la cámara de origen (Cámara de Diputados).

Premio Nacional de Literatura y Ciencia

Otro de los temas que fue incluido en el orden del día de la próxima sesión de la Cámara de Diputados, es el proyecto de ley “Premio Nacional de Literatura y Ciencia”, que tiene por objeto actualizar y modernizar la normativa vigente desde 1997.

La propuesta busca fortalecer el estímulo a la producción cultural y científica en Paraguay mediante una serie de modificaciones estructurales.

El nuevo texto legislativo propone distinguir de forma alternada, cada año, a jóvenes escritores, autores consagrados en lengua guaraní y castellano, así como a investigadores en diversas ramas de las ciencias: naturales, sociales y tecnológicas. 

Además, se plantea aumentar la claridad sobre los requisitos de postulación y redefinir las competencias de las comisiones responsables de otorgar los galardones.

Según el documento, cada premio consistirá en una suma equivalente a 50 salarios mínimos, con fondos provenientes del presupuesto de la Presidencia de la República.

Según datos citados en el proyecto, la producción científica nacional ha crecido en la última década, mientras que la creación literaria aún enfrenta desafíos. 

En 2019, por ejemplo, se registraron apenas 750 publicaciones, ubicando a Paraguay en los últimos lugares de América Latina, según la exposición de motivos. 

La iniciativa también incorpora criterios rigurosos de evaluación. Para las ciencias, solo se aceptarán investigaciones publicadas en revistas indexadas y arbitradas o presentadas en congresos científicos. 

Para literatura, se considerará la trayectoria y el aporte cultural del autor, además de obras individuales.

Finalmente, el jurado de cada premio será integrado por cinco expertos designados garantizando imparcialidad y excelencia en la elección.

Con esta renovación, se busca reforzar la cultura y la ciencia, reconociendo a quienes, desde la palabra y el conocimiento, aportan al desarrollo del país, expresa, finalmente, el documento que justifica la presentación del proyecto.

Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Se encuentra en su segundo trámite constitucional. 

Restitución de menores 

El orden día de la Cámara de Diputados especifica que también va a ser considerado, en  ocasión de su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que establece el marco normativo para el procedimiento administrativo y el proceso judicial de restitución y visita internacional de niños, niñas y adolescentes”. 

La iniciativa, presentada por el  Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, responde a una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la sentencia “Córdoba vs. Paraguay” del 4 de septiembre de 2023, en la que se determinó que el país debía adaptar su legislación a estándares internacionales.

El texto del proyecto define —en su Capítulo I— sus disposiciones generales, ámbito de aplicación y principios rectores, destacando el interés superior del niño, la celeridad y gratuidad en los procesos. 

En el Capítulo II se refuerzan estos principios, mientras que en el Capítulo III se designa al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia como Autoridad Central para coordinar acciones nacionales e internacionales. 

Los capítulos IV a VII regulan las etapas procedimentales: presentación de solicitudes dentro de un año; medidas cautelares y plazos estrictos; disposición de mediación; tramitación judicial acelerada; y garantías de contacto entre progenitores. 

Además, se establece un plazo máximo de 45 días corridos para ejecutar la restitución una vez dictada la sentencia y se prevén sanciones y responsabilidades para garantizar su cumplimiento.

Según la exposición de motivos, con esta normativa, se pretende llenar un vacío legal que afecta a los menores en casos de traslados o retenciones ilícitas en el extranjero, fortaleciendo el sistema jurídico nacional e incorporando los mecanismos internacionales ratificados por Paraguay desde 1996.

Agrega que la medida fue calificada como un avance significativo en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, y se enmarca en el compromiso del gobierno actual de armonizar el derecho interno con los estándares internacionales.  

Se encuentra en su segundo trámite constitucional, tras la aprobación del documento por la Cámara de Senadores. 

Ampliación presupuestaria para gobernaciones. 

El pleno de la Cámara de Diputados, igualmente, estudiará el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, aprobado por Ley N° 7.228, de fecha 29 de diciembre de 2023 - Ministerio de Economía y Finanzas - Gobiernos departamentales”. 

Según explicaciones, el proyecto tiene como base un convenio entre las gobernaciones y la Itaipú Binacional, mediante el cual la hidroeléctrica dotará de 126 maquinarias pesadas (motoniveladoras, tractores, retroexcavadoras, volquetes, excavadoras y pala cargadora), a las reparticiones departamentales, por lo que se necesitará contratar personal para operar dichas máquinas.

El documento explica que teniendo en cuenta el convenio mencionado y la compra de las maquinarias pesadas, “las gobernaciones deberán contratar al personal pertinente para operar esas máquinas, lo cual requiere recursos económicos, que las gobernaciones no tienen. 

El monto del pedido de ampliación, originalmente, era de G. 3.603.600.000; sin embargo, esto quedó reducido al 50%. 

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto fue rechazado por la cámara revisora (Cámara de Senadores). 

Disfluencia en el lenguaje

La plenaria de la Cámara de Diputados también abordará, durante su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “De abordaje nacional de la disfluencia”, que tiene como finalidad establecer y definir una política de Estado con respecto a la tartamudez.

En esencia, tiene por objetivo el acceso al bienestar general de los habitantes que presentan disfluencia, prioritariamente, en los ámbitos de salud y educación, así como promover el derecho de las personas que padecen esta característica del habla.

En la exposición de motivos, se menciona que este trastorno se caracteriza por las interrupciones en la producción de los sonidos del habla, también denominadas disritmias o disfluencias, más conocida en Paraguay como “tartamudez”.

La iniciativa, entre otras cosas, crea el Programa Nacional de Detección Temprana, Atención y Tratamiento de la Disfluencia como política de Estado para establecer el tratamiento del trastorno de las personas que lo padecen en nuestro país

Entre sus objetivos, se menciona la de planificar la capacitación de los recursos humanos, personal sanitario y docente de todos los niveles de la educación paraguaya en las prácticas diagnósticas, en el entendimiento de que diversas investigaciones apuntan a que es posible evitar el 80% de la tartamudez, al menos si se logra actuar antes que finalice el desarrollo del lenguaje, es decir, entre los 2 y los 6 años de edad.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. En segunda instancia la Cámara de Senadores rechazó el proyecto y lo devolvió a la cámara de origen (Cámara de Diputados).