Impulsan tratado internacional sobre pautas para promover y proteger derechos de los adultos mayores

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Miembros de la Comisión de Familia y Personas Adultas, que encabeza la legisladora Johana Vega (ANR-Central), dictaminaron la aprobación del proyecto “Que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington D.C., el 15 de junio de 2015”.

La iniciativa fue remitida por mensaje del Poder Ejecutivo N° 271 - Ministerio de Relaciones Exteriores - y se encuentra en el segundo trámite constitucional.

Esto tiene por objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, con el propósito de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

El texto refiere que los estados parte deben adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar prácticas contrarias, tales como el aislamiento, el abandono, las sujeciones físicas prolongadas, el hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, la infantilización y los tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, así como cualquier otra conducta que constituya malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que atenten contra la seguridad y la integridad de la persona mayor.

Los estados tienen que adoptar y fortalecer medidas legislativas, administrativas, judiciales y presupuestarias, incluido el acceso adecuado a la justicia, con el fin de garantizar un trato diferenciado y preferencial a las personas mayores en todos los ámbitos.

Se insta a promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos y el desarrollo integral.

Un artículo indica que toda persona mayor tiene derecho a una seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.

Con este fin se insta al compromiso de promover, progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna, a través de los sistemas de seguridad y protección social.

Establece el derecho a la salud física y mental sin ningún tipo de discriminación, para lo cual habrá que diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales, orientadas a la atención integral, que abarquen la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas.

Así también, la rehabilitación y los cuidados paliativos, con el objetivo de asegurar el más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social.

Como medidas figuran la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno a los servicios integrales de salud de calidad, basados en la atención primaria; el aprovechamiento de la medicina tradicional, alternativa y complementaria; la formulación e implementación de políticas públicas, planes y estrategias para fomentar un envejecimiento activo y saludable; el fortalecimiento de acciones para mejorar el estado nutricional; entre otras.

El documento será discutido en el plenario de Diputados, próximamente.