Proponen que comisiones vecinales se rijan por normativa municipal y no por ley del PGN

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El diputado Carlos Pereira (PLRA-Itapúa) presentó un proyecto de ley “Que exceptúa a las comisiones vecinales del alcance del Art. 7 de la Ley N° 7408/2025 y se rijan por lo establecido en la Ley N° 3966/2010, Orgánica Municipal”.

La iniciativa propone liberar a las comisiones vecinales del alcance del artículo 7 de la Ley N° 7408/2025 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025”, que impone requisitos de transparencia y rendición de cuentas a todas las organizaciones sin fines de lucro que administran recursos públicos.

Según el diputado Pereira, el objetivo es "simplificar procedimientos que incentiven el mayor grado de participación" y evitar una "superposición normativa" entre la ley presupuestaria y la Ley Orgánica Municipal, que ya regula el funcionamiento de estas organizaciones barriales.

El Art. 7 de la Ley N° 7408/2025 establece entre otros puntos controles administrativos; rendición de cuentas obligatoria; informes semestrales de gestión; fiscalización parlamentaria; y suspensión por incumplimiento.

La modificación presentada, sin embargo, establece un marco regulatorio simplificado, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica Municipal (N° 3966/2010) establece que las comisiones vecinales son reconocidas por resolución municipal, sin requerir inscripción en registros nacionales; tienen organización y funciones determinadas por ordenanza municipal; funcionan como organismos auxiliares de la municipalidad; y sus bienes forman parte del patrimonio municipal.

En esencia, la propuesta plantea la simplificación administrativa para facilitar la participación comunitaria, en el entendimiento que la regulación municipal es suficiente y que los controles de la ley presupuestaria generan "confusiones" y restan "eficacia al principio de seguridad jurídica". 

El proyecto será analizado por las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados, donde se sopesará si la autonomía municipal puede garantizar niveles equivalentes de control sobre el uso de recursos del Estado sin la supervisión de organismos nacionales de fiscalización.