(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión de Salud Pública, encabezada por el diputado Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú), estudiará este lunes el proyecto de ley “De control y certificación obligatoria del agua mineral en Paraguay”.

Este documento surge tras un caso emblemático en Loma Merlo, Luque, donde se detectó la venta de agua de cañería embotellada como agua mineral, lo que evidencia la falta de controles efectivos, según detalló el legislador Del Puerto.

“Entendemos que este proyecto establece un marco normativo claro que asegure la calidad, trazabilidad y seguridad del agua embotellada destinada al consumo humano, protegiendo la salud pública y los derechos de los consumidores”, explicó.

Asimismo destacó la importancia de la iniciativa ya que el actual sistema de control presenta serias limitaciones, según indicó.

“El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) regula el agua mineral envasada, pero sus controles se basan, principalmente, en muestras obtenidas de los propios distribuidores, lo que no garantiza la calidad real ni la seguridad del producto desde su origen", expresó. 

En ese sentido, mencionó que la Entidad Reguladora de Servicios Sanitarios (ERSSAN) fiscaliza, únicamente, la infraestructura de las aguateras, sin tener competencia directa sobre la calidad del agua embotellada.

Del Puerto mencionó, además, que el convenio voluntario firmado en 2013 entre la Cámara Paraguaya de Agua Mineral (CAPAM) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), carece de obligatoriedad y no contempla sanciones formales, limitando su efectividad. 

“Según la iniciativa, esto no fue suficiente para frenar la proliferación de aguateras fantasmas que operan sin cumplir estándares sanitarios”, señaló.

Adelantó que desde la Comisión de Salud, estudiarán con detenimiento la propuesta y no descarta solicitar informes a las entidades estatales involucradas, lo que se oficializará una vez estudiado y dictaminado por los miembros de la comisión asesora.

El diputado subrayó que la ley busca no solo proteger la salud pública, sino también fortalecer la confianza en el sector formal de agua mineral en Paraguay, afectado por prácticas fraudulentas.

Lo que establece el proyecto de ley

La propuesta legislativa establece medidas concretas como el registro obligatorio de embotelladoras y distribuidores ante INAN, ERSSAN e INTN; certificaciones técnicas anuales basadas en análisis de laboratorios acreditados; inspecciones periódicas no anunciadas; y muestreos mensuales conforme a estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

También exige etiquetado claro con información sobre el tipo de agua, su origen y análisis recientes, además de un registro público digital para transparentar los datos de operadores certificados y sanciones.

El proyecto contempla sanciones como multas, decomisos, suspensión temporal o cierre definitivo para quienes comercialicen agua sin certificación, falsifiquen resultados o incumplan la normativa. 

Para su implementación, se prevé la coordinación entre INAN, ERSSAN e INTN, con un plazo de 180 días para la entrada en vigor tras su publicación y 90 días para su reglamentación por el Poder Ejecutivo.