(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Un total de 18 puntos fueron establecidos, por la Mesa Directiva, en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, a ser desarrollado este martes 30 de septiembre, a partir de las 09:00 horas. A continuación un resumen de los principales proyectos a ser abordados en la ocasión.

Orden Comuneros para Carlos Martini 

La Cámara de Diputados analizará, como primer punto del orden del día, en ocasión de su próxima sesión ordinaria el proyecto de ley “Que concede la Orden Nacional al Mérito Comuneros al periodista y escritor paraguayo Carlos Federico Martini Escolar”.

La exposición de motivos explica la influencia del periodista Carlos Martini, tanto en el ámbito periodístico, académico, y también cultural.

Nacido en Asunción, el 7 de marzo de 1958, es considerado un referente del análisis político, caracterizado por la sobriedad, la crítica rigurosa y la cercanía con la ciudadanía.

El documento señala que ejerció la docencia durante más de dos décadas en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, como así también la titularidad de la Dirección de Ciencias Sociales y de la Dirección Académica.

Conductor del Noticiero Primera Edición de Canal 13 y del programa radial Domingos de Recuerdo, es considerado un referente del análisis político, “caracterizado por la sobriedad, la crítica rigurosa y la cercanía con la ciudadanía”.

Como escritor, publicó las novelas Dónde estará mi primavera (2009); Domingos Contigo (2009); Tarde de Abril (2012); y Aquella Noche de Octubre (2024). Además, contribuyó con ensayos y obras colectivas, e integra el consejo editorial de la Revista Paraguaya de Sociología.

Algunos premios recibidos por el periodista son: Paraná de Oro (2002), máximo galardón del periodismo paraguayo; y el Diploma de Honor al Mérito (2005), otorgado por la Sociedad de Escritores del Paraguay, en reconocimiento a su aporte cultural, pluralista y democrático.

“A lo largo de más de tres décadas, Martini no solo ha informado, sino que ha formado, inspirado y acompañado a varias generaciones. Su legado se proyecta tanto en las aulas universitarias como en los medios de comunicación y en la literatura, contribuyendo a la construcción de una ciudadanía crítica, informada y consciente”, expresa parte del documento. 

"Emiliano R. Fernández" para músico luqueño 

La plenaria de Diputados evaluará, igualmente, en su próxima sesión ordinaria un proyecto de resolución que propone otorgar el Premio "Emiliano R. Fernández" al profesor Juan Esteban Corvalán López, reconocido en la ciudad de Luque como el "Profesor John Cor".

La iniciativa propone reconocer la extensa carrera del educador musical, quien durante 46 años se ha dedicado a la enseñanza, composición y formación de nuevos talentos en el ámbito artístico.

La exposición de motivos expresa que el profesor Corvalán López, además de su labor como docente musical, se desempeña como cantor, músico y compositor. “Su trabajo ha sido fundamental en el fortalecimiento de la identidad cultural de Luque como ‘Ciudad de la Música’, título que refleja la rica tradición musical de la localidad”, se lee en el documento que justifica la presentación del proyecto.

Destaca que el educador es "querido por sus ex alumnos y valorado por la comunidad luqueña como un gran formador y moldeador de nuevos talentos musicales". Su labor ha trascendido las aulas, convirtiéndose en un referente cultural para las nuevas generaciones, remarca.

El Premio "Emiliano R. Fernández" fue establecido mediante la Resolución N° 2700 de la Cámara de Diputados, junto a los premios "Tomás Benjamín Aceval Bogarín" y "Arsenio Pastor Erico Martínez". Específicamente, el artículo 2° de dicha resolución establece que este galardón será "otorgado a los destacados en las artes y las letras".

El proyecto de resolución destaca que Corvalán López ya ha sido declarado Hijo Dilecto de la Ciudad de Luque y ha recibido múltiples distinciones de diversas instituciones a lo largo de su carrera, lo que respalda su postulación a este importante reconocimiento nacional.

De aprobarse la resolución, el profesor Juan Esteban Corvalán López se sumaría a la lista de personalidades reconocidas con el Premio "Emiliano R. Fernández", consolidando su lugar como una figura destacada en el panorama cultural y educativo paraguayo.

Galardón para  médico forense 

Otro de los puntos a ser analizado por la Cámara de Diputados incluyó, igualmente, en su orden del día, el tratamiento de un proyecto de resolución “Que concede la Orden Nacional del Mérito Comuneros al Dr. Pablo Lemir”, reconocido médico forense por su aporte al desarrollo de la medicina legal en Paraguay.

El proyecto de resolución destaca la "extraordinaria contribución" del Dr. Lemir al fortalecimiento de la medicina legal y la criminalística en el país. 

Según la exposición de motivos, su labor se ha caracterizado por la participación en casos emblemáticos de repercusión nacional, su rol como educador en ciencias forenses y su "compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia".

La iniciativa parlamentaria subraya que la trayectoria profesional, científica y académica del médico forense "ha dado confianza y prestigio al sistema judicial paraguayo", convirtiéndolo en un "digno merecedor" de esta condecoración nacional.

La propuesta se enmarca en la Resolución Nº 793/06, Que aprueba el Reglamento del Consejo de la Orden Nacional al Mérito Comuneros. Esta normativa establece como criterios para la distinción los "relevantes servicios prestados al país en funciones legislativas, administrativas, judiciales, científicas, educativas y culturales", así como el reconocimiento a quienes "prestan servicios al país por el saber, el talento y las virtudes".

La exposición de motivos asegura que el reconocimiento al Dr. Lemir representa un hito para la medicina legal paraguaya, disciplina fundamental para el sistema de justicia. “Su labor en la investigación forense y la capacitación de profesionales ha contribuido significativamente al desarrollo de esta especialidad en el país”, según el documento.

Protección contra el grooming

La plenaria de la Cámara de Diputados, en sesión ordinaria de esta semana, también prevé el análisis del proyecto de ley “De protección de niños, niñas y adolescentes contra el grooming en Paraguay”.

La propuesta legislativa tiene por objeto establecer un marco legal para la protección de niños, niñas y adolescentes contra el acoso sexual a menores de edad a través de medios digitales (grooming).

“El grooming es un delito que implica el acoso y la manipulación de menores por parte de adultos a través de internet, con el objetivo de establecer una relación de confianza que luego puede llevar a situaciones de abuso o explotación sexual”, indica el documento presentado.

De esta manera, los legisladores proyectistas buscan prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas en el territorio de la República del Paraguay.

Según lo expresado en la exposición de motivos, el grooming es una problemática creciente en el contexto digital actual, debido a la facilidad de acceso a internet de los menores y la falta de una supervisión adecuada a los mismos por parte de los adultos.

El documento explica que países de la región han implementado legislaciones para combatir este delito, razón por la cual existe una necesidad imperante de modernizar la legislación paraguaya.

En nuestro país, la ley Nº 6002/2017, introdujo una modificación al artículo 135 del Código Penal, con lo que se incluye el delito de abuso a menores de edad a través de medios tecnológicos.

Aun así, la norma no introduce, específicamente, delitos con la nomenclatura de grooming, sexting o cyberbullying, dice, finalmente, la exposición de motivos.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Nueva ley de arbitraje

La Cámara de Diputados analizará en su próxima sesión ordinaria el proyecto de ley “De Arbitraje", que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca modernizar, integralmente, el régimen arbitral paraguayo tras más de dos décadas de vigencia de la actual normativa.

El proyecto propone reemplazar la Ley N° 1879/02 "De Arbitraje y Mediación" con un nuevo marco legal que se adapte a los estándares internacionales actuales. 

Según la exposición de motivos, la norma vigente presenta "varios defectos importantes" que han limitado el desarrollo del arbitraje en Paraguay y han generado "intervencionismo judicial injustificado".

La iniciativa se basa en tres pilares fundamentales: modernización de los criterios legales; protección adecuada de la actividad arbitral; y optimización de la relación entre el Poder Judicial y el arbitraje. El texto incorpora experiencias de países como España, Perú, Argentina, Colombia y Uruguay.

Según la exposición de motivos, entre los cambios más significativos se destaca la ampliación de las materias arbitrables. En ese sentido señala que el proyecto elimina la restricción relacionada con la intervención del Ministerio Público y permite el "arbitraje sucesorio", donde los herederos podrían resolver disputas hereditarias por esta vía.

La nueva ley también expande el "arbitraje mixto", permitiendo que más entidades estatales —como sociedades con participación accionaria del Estado, gobernaciones y universidades nacionales— puedan someter controversias a arbitraje con particulares.

Otra innovación importante es la figura de "extensión del acuerdo de arbitraje a partes no signatarias", que permitirá incluir en el proceso arbitral a personas que, sin haber firmado el acuerdo, participaron activamente en la negociación o se beneficiaron del contrato.

El proyecto consagra, por otro lado, el principio "pro arbitrato", estableciendo que en caso de duda debe favorecerse la vigencia del arbitraje. Además, prohíbe, expresamente, cualquier intervención judicial no autorizada y califica como "mal desempeño de funciones" las actuaciones judiciales que vulneren la independencia arbitral.

Moderniza, igualmente, el régimen de medidas cautelares, ampliando las facultades de los árbitros y estableciendo mayor cooperación judicial. Los laudos nacionales tendrían ejecución directa, similar a las sentencias judiciales, mientras que los extranjeros requerirían reconocimiento previo, según el documento. 

Una disposición innovadora otorga ventajas migratorias a árbitros extranjeros designados en arbitrajes con sede en Paraguay, incluyendo residencia temporal automática y gratuidad en visas, buscando posicionar al país como centro de arbitraje regional.

La exposición de motivos argumenta que el arbitraje moderno se ha convertido en "el medio por excelencia de resolución de disputas del sector privado" y que un marco normativo adecuado resulta "imprescindible para la atracción de inversiones".

Se encuentra en su segundo trámite constitucional.

Día Nacional del Politólogo

El proyecto de ley “Que declara el 27 de abril como Día Nacional del Politólogo Paraguayo”, es otro de los documentos que será puesto a consideración de la plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su próxima sesión ordinaria.

Este documento, recordemos, tuvo aprobación en general y postergación del estudio en particular, teniendo en cuenta que la fecha estipulada seguía en discusión. 

Referentes de la Comisión de Educación mencionaron que este bloque mantuvo encuentros con profesionales del sector, los que sugirieron la modificación de la fecha de conmemoración.

Plantearon el 28 de noviembre para recordar la fecha en que fue habilitada esta carrera en nuestro país, por primera vez, según informaron. 

Esto se dio en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en el año 1992.

Con respecto a la fecha 27 de abril, significada en el acápite del proyecto, corresponde señalar que se debe al primer congreso internacional de Ciencias Políticas, desarrollado en Paraguay.

Una tercera posibilidad manejada es establecer como fecha el 17 de junio (fecha simbólica por la defensa de tesis de la primera politóloga del Paraguay).

La exposición de motivos señala que el trabajo profesional de los politólogos ha ido creciendo y constituye una pieza clave para fomentar la cultura cívica, la implementación de políticas públicas, nuevos liderazgos y la participación ciudadana en los procesos políticos.

Se encuentra en su primer trámite constitucional, y en esta ocasión, se prevé el estudio, en particular, del proyecto luego de su aprobación, en general, en ocasión de la sesión ordinaria del 24 de junio pasado.

Puente Minga Guazú-Hernandarias 

Otro de los documentos a ser analizados en ocasión de la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados es el proyecto de ley “Que denomina con el nombre de ‘Padre Guido Coronel Noce’, al puente que unirá físicamente el distrito de Minga Guazú con el distrito de Hernandarias”.

La iniciativa legislativa se fundamenta en una minuta, previamente, aprobada por la Junta Municipal de Minga Guazú mediante la Resolución Nº 1.499/2019, que busca rendir homenaje a una figura clave en el desarrollo de la región.

Según la exposición de motivos del proyecto, el Padre Guido Coronel Noce fue un sacerdote pionero que implementó un sistema de trabajo cooperativo que transformó, profundamente, la comunidad.

Su labor en medio de la "espesa selva paranaense" se tradujo en la apertura de calles, construcción de escuelas, colegios, capillas, iglesias y un hospital, entre otras infraestructuras de servicio público.

El proyecto destaca, especialmente, el papel decisivo que tuvo el religioso en el proceso que culminó con la elevación de la entonces colonia Presidente Stroessner a la categoría de distrito, bajo el nombre de Minga Guazú.

"Es merecedor de que una obra de gran importancia como este puente lleve su nombre, como homenaje a un hombre que dio todo de sí por esta comunidad", señala, finalmente, el texto presentado ante la Cámara de Diputados.

El proyecto, sin embargo, sufrió modificaciones en la Cámara de Senadores, que sustituyó por “La Guarania”, el nombre del puente, en vez de la iniciativa original que propuso el nombre de ‘Padre Guido Coronel Noce’.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional.

Explotación de servicios de telecomunicaciones 

La Cámara de Diputados también estudiará un proyecto de ley, con media sanción de la Cámara de Senadores, que busca aprobar para la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones S.A. (COPACO), la renovación del "Contrato de concesión para la explotación de servicios básicos de telecomunicaciones local, de larga distancia nacional, y de larga distancia internacional".

La exposición de motivos señala que el contrato original de concesión fue suscrito entre COPACO y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) el 14 de mayo de 2002, con una vigencia de 20 años para la prestación de servicios básicos locales, de larga distancia nacional e internacional. Según establece la Ley Nº 642/1995 de Telecomunicaciones, estas concesiones pueden renovarse por períodos similares.

La normativa vigente establece que las concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones requieren aprobación del Congreso Nacional.

Para la renovación, la ley exige que el concesionario haya cumplido con todas las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias, además de estar al día con el pago de derechos, aranceles y tasas correspondientes.

En este sentido, se informa que CONATEL completó la evaluación integral de la solicitud y emitió una resolución mediante la cual dio por cumplidos los requisitos formales presentados por COPACO y aprobó el borrador del nuevo contrato de concesión.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo argumenta que la renovación es indispensable para que COPACO continúe prestando los servicios de telecomunicaciones "amparado por un título habilitante". Destaca que CONATEL verificó el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la legislación vigente y recomendó proceder con la renovación.

El proyecto busca garantizar la continuidad en la prestación de servicios básicos de telecomunicaciones en el país, manteniendo el marco regulatorio establecido y las obligaciones que corresponden al concesionario.

Se encuentra en su segundo trámite constitucional, tras aprobación, en primera instancia, por la Cámara de Senadores.

Apoyo y abrigo para animales

Otro de los puntos a ser estudiado por la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, es un proyecto de ley cuyo objetivo principal es responder a una creciente demanda social por la protección y el bienestar de los animales domésticos, promoviendo una convivencia armoniosa entre personas y animales dentro del ámbito municipal.

El proyecto, que tiene como título “Del sistema nacional de apoyo y abrigo para los animales domésticos”, se centra en dos ejes fundamentales: protección y asistencia para animales domésticos, sean de compañía o de producción agroganadera; y la garantía de seguridad para la convivencia pacífica en la comunidad, abordando problemáticas como el abandono animal y los riesgos que esto implica para la población.

Una de las propuestas más destacadas del proyecto es la creación de un Consejo Local de Protección y Bienestar Animal, órgano que dependerá de los gobiernos municipales y que tendrá a su cargo la coordinación de acciones concretas para garantizar el cumplimiento de la presente disposición.

Tendrá como funciones principales: coordinar medidas para prevenir el maltrato animal; implementar campañas de vacunación; promover la recolección de animales en situación de calle; y diseñar políticas educativas que fomenten el respeto hacia los animales, entre otros.

El proyecto, por otro lado, introduce una regulación específica para dos categorías de animales domésticos: los de compañía, como mascotas que conviven en los hogares; y los animales de granja, utilizados para actividades agroganaderas.

Un componente innovador es la inclusión de temas relacionados con el bienestar animal en la malla curricular escolar, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias. De este modo, se busca formar ciudadanos conscientes de la importancia de la convivencia responsable con los animales.

“Toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte”, establece uno de los artículos del proyecto.

Aclara, seguidamente, que la adquisición y tenencia de un animal es de absoluta responsabilidad de una persona mayor de edad, que tenga plena capacidad para cumplir las disposiciones que establecen la presente ley y las disposiciones complementarias.

Destaca, por último, que la iniciativa refleja un cambio de paradigma hacia un mayor respeto por la vida animal y una gestión responsable de las interacciones entre humanos y animales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Certificados de Servicios Ambientales

La Cámara de Diputados prevé, igualmente, el tratamiento del proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA) por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado para obras y actividades de alto impacto, mediante procesos de licitación por Acuerdo Nacional, en el marco de la Ley N° 3001/06”.

La propuesta tiene como objetivo reforzar la aplicación efectiva de la Ley N° 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, mediante la implementación obligatoria y coordinada de adquisición de CSA por parte de organismos, entidades y empresas del Estado, en la contratación de obras y actividades de alto impacto ambiental.

De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa busca superar obstáculos actuales como la falta de previsión presupuestaria y la ausencia de un mecanismo estandarizado para la implementación de la citada normativa.

El planteamiento se basa en el principio de “quien impacta, compensa”, asignando a las instituciones públicas la responsabilidad directa de mitigar y compensar el impacto ambiental generado por proyectos de gran envergadura.

El proyecto establece que la obligación alcanza a todos los organismos y entidades del Estado, incluyendo ministerios, secretarías, gobernaciones, municipalidades, entes autónomos o autárquicos, así como empresas públicas y sociedades con mayoría accionaria estatal. 

Las actividades comprendidas son aquellas clasificadas como de alto impacto ambiental, conforme a la categorización establecida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Asimismo, toda entidad que prevea licitar obras o actividades de alto impacto ambiental deberá incorporar en su anteproyecto presupuestario anual el monto correspondiente a la adquisición de los CSA, en proporción a la magnitud del impacto estimado.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Pulverizaciones aéreas

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados también incluye el estudio del proyecto de ley “Que amplía el artículo 4° de la Ley N° 716/96, Que sanciona delitos contra el medio ambiente”.

La iniciativa busca que los responsables de pulverizaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos, que no cumplan con las mínimas condiciones de seguridad, también sean incluidos como causales para la sanción con penas privativas de libertad.

La ley actual ley establece que serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años o multas de 500 a 2.000 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: a) Los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen gravemente el ecosistema; b) Los que procedan a la explotación forestal de bosques declarados especiales o protectores; c) Los que trafiquen o comercialicen ilegalmente rollos de madera o sus derivados; y, d) Los que realicen obras hidráulicas tales como la canalización, desecación, represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente y los que atenten contra los mecanismos de control de aguas o los destruyan.

La ampliación del referido artículo es la siguiente: “Los que realicen pulverizaciones aéreas y terrestres, utilizando agrotóxicos, fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, u otros productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica en zonas adyacentes a asentamientos humanos, instituciones educativas públicas o privadas, centros y puestos de salud, plazas, lugares de concurrencia pública, nacientes y en cursos de agua, sin respetar las franjas de protección impuestas en la normativa aplicable”.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Día de la Filigrana Nacional

La plenaria de la Cámara de Diputados incluyó también en su orden del día el estudio del proyecto de ley “Que declara el primer domingo de octubre de cada año, como el ‘Día Nacional de la Filigrana’”, en reconocimiento a esta milenaria técnica orfebre que constituye uno de los patrimonios artesanales más destacados del Paraguay.

La iniciativa parlamentaria tiene como objetivo rendir homenaje a los talentosos artesanos de la ciudad de Luque, reconocida nacional e internacionalmente, por la producción de exquisitas piezas de filigrana. 

“Esta técnica consiste en la elaboración de joyas utilizando finísimos hilos de oro y plata que se entrelazan y sueldan para formar complicados diseños que recrean elementos típicos paraguayos como flores, el arpa, la guitarra y otros motivos, tanto tradicionales como contemporáneos”, explica la exposición de motivos. 

Enfatiza que la filigrana es una técnica orfebre milenaria que permite crear piezas de joyería a modo de encajes, utilizando, principalmente, hilos de metales preciosos. “Los productos más característicos incluyen aros, anillos, collares, prendedores, porta lápices y gemelos, siendo Luque y Areguá, en el departamento Central, los principales centros de producción”.

Destacó, por otro lado, que el origen de esta artesanía en Paraguay se remonta a la época de la colonización española, y que la ciudad de Luque se ha convertido en el epicentro de esta actividad que representa la identidad cultural de la ciudad y del país.

La propuesta legislativa también subraya la importancia económica de esta actividad para numerosas familias luqueñas, donde el conocimiento se transmite de generación en generación como un valioso legado. 

Sin embargo, el legislador alertó sobre la disminución en el número de orfebres que pasó de, aproximadamente, 1.500 artesanos en el pasado a entre 200 y 300 en la actualidad, lo que convierte esta tradición en una actividad complementaria para muchos artesanos.

El proyecto de ley establece la fecha conmemorativa en coincidencia con las fiestas patronales de Luque. Faculta, por otro lado, a la Secretaría Nacional de Cultura para coordinar planes, programas y proyectos destinados a fomentar la difusión nacional e internacional de esta celebración.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Trasporte escolar gratuito

Otro de los puntos que figura en el orden del día de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, es un proyecto de ley que busca modificar, temporalmente, el artículo 13 de la Ley N° 7264/24, conocida como "Hambre Cero en Nuestras Escuelas", con el objetivo de permitir la utilización de fondos para la adquisición y mantenimiento de unidades de transporte escolar en todo el país. 

La iniciativa propone que, de manera excepcional, los gobiernos municipales de todo el país  puedan destinar recursos provenientes de royalties y compensaciones de Itaipú para financiar el transporte escolar, en lugar de limitarse a infraestructura educativa como establece la ley actual.

Según explica la exposición de motivos, la propuesta surge "ante la imperiosa necesidad de garantizar el acceso equitativo a la educación en las comunidades más vulnerables donde las dificultades geográficas y la falta de infraestructura de transporte representan una barrera para la asistencia regular de niños y jóvenes a sus centros educativos”.

El proyecto destaca que la situación geográfica de muchos departamentos del país presenta serias dificultades para el acceso educativo, lo que repercute en la equidad del sistema y aumenta la tasa de deserción escolar, especialmente, en zonas rurales de difícil acceso.

La modificación tendría carácter transitorio, aplicándose, únicamente, durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, lo que permitiría evaluar su impacto y viabilidad para su posible continuidad en el futuro. 

Asimismo, el proyecto establece que la Contraloría General de la República deberá realizar un riguroso control sobre la ejecución de estos fondos.

El proyecto se encuentra en su tercer trámite constitucional, tras ser recibir un revés en la Cámara de Senadores, donde fue rechazado el proyecto.

Protección de Datos Personales 

El orden del día que la Cámara de Diputados prevé, igualmente, desarrollar en su próxima sesión ordinaria el estudio del proyecto de ley “De Protección de Datos Personales”, que se encuentra, actualmente, en su tercer trámite constitucional, tras haber sido modificado por la Cámara de Senadores. 

La iniciativa, impulsada por legisladores de la Cámara de Diputados, busca llenar el vacío legal existente en materia de protección de datos en el país.

El proyecto surge como respuesta a la derogación de la Ley 1682/2001 por parte de la Ley N° 6534/2020, que dejó sin protección general a los datos personales de los paraguayos. La nueva normativa propuesta establece la protección de datos como un derecho fundamental, aplicable tanto a entidades públicas como privadas.

Según la exposición de motivos, en el país se ha vuelto común que los usuarios de servicios móviles reciban llamadas y mensajes no solicitados de empresas con las que nunca tuvieron relación comercial, evidenciando la falta de control sobre el manejo de información personal.

El proyecto fue desarrollado por una Mesa de Trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, en colaboración con la Coalición de Datos Personales. 

Se basa en estándares internacionales, tomando como referencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y legislaciones similares de países como España, Brasil, Uruguay y Argentina.

Una de las principales innovaciones del proyecto es la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo independiente que tendrá  facultades de supervisión, investigación y sanción en casos de violaciones a la privacidad de los datos.

Los promotores del proyecto destacan que contar con una legislación adecuada posicionaría a Paraguay como un destino atractivo para la inversión europea y facilitaría el intercambio comercial internacional, especialmente, en el contexto de la economía digital.

La aprobación de esta ley, según la exposición de motivos, representará un avance significativo para Paraguay en materia de derechos digitales y protección de la privacidad de sus ciudadanos.

Una de las modificaciones del Senado gira en torno al artículo 24, en donde se establece cuanto sigue: 

“El derecho de acceso a la información obrante en fuentes públicas podrá ser denegado o limitado, cuando tal medida resultase necesaria para evitar un perjuicio concreto a la protección de uno de los intereses privados inherentes a la protección de los datos personales, de conformidad con las reglas y principios establecidos en la presente ley y de acuerdo con el trámite previsto en el presente artículo”, indica el texto modificado.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional.

Exoneración tributaria para vacunas

El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados también prevé el estudio del proyecto de ley “De exoneración tributaria para la adquisición de vacunas y fortalecimiento del programa nacional de inmunizaciones”.

La propuesta, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, tiene como finalidad establecer exoneraciones tributarias para la adquisición de vacunas e insumos necesarios para la inmunización. 

El documento especifica que se exonerará al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) todo tipo de tributos, tasas, impuestos y derechos arancelarios relativos a la adquisición y/o despacho de las vacunas incluidas en el Esquema Nacional de Vacunación. 

Asimismo, incluye las vacunas contra el COVID-19 y cualquier otra vacuna o biológico que se requiera para las acciones de inmunización extraordinaria, establecidas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones; así como para la compra de jeringas para vacunación, equipos e insumos necesarios para la cadena o red de frío de este programa.

Se encuentra en su segundo trámite constitucional.

Requisitos para establecer emergencias viales 

Como último punto del orden del día, la Cámara de Diputados tiene previsto analizar un proyecto de ley que busca establecer requisitos precisos para la declaración de emergencias viales en todo el país. La iniciativa tiene como objetivo principal ordenar y agilizar el proceso de presentación de este tipo de proyectos que, actualmente, suelen carecer de la documentación técnica necesaria.

El acápite oficial del documento es: “Que establece requisitos para la presentación de proyectos de ley de declaración de emergencia vial, cualquiera sea la tipología, ya sean asfaltadas, hormigonadas para rutas o terraplenes de suelo o pavimento tipo empedrado”.

La exposición de motivos explica que la falta de información técnica en los proyectos actuales obliga a las comisiones asesoras a realizar trámites adicionales para determinar los kilómetros o metros a ser reparados, causando demoras innecesarias en la emisión de dictámenes.

La propuesta establece criterios técnicos y características específicas que deberán contener los futuros proyectos de emergencia vial, incluyendo: nota de presentación dirigida a la máxima autoridad de la cámara correspondiente; exposición de motivos con fundamento técnico; ubicación precisa dentro de departamentos, distritos y municipios; y especificaciones sobre el tipo de ruta (asfalto, hormigón, empedrado, ripio o tierra).

Otros criterios que exige el proyecto de ley es la presentación del trazado georreferenciado satelital en formato KM; coordenadas UTM para ubicación aproximada; longitud total del trazado a ser reparado; imágenes fotográficas de los tramos afectados; y nota municipal de los tramos a reparar.

Adicionalmente, el proyecto requiere un informe técnico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC Paraguay), que, se establece, deberá responder en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

Se establece que el Congreso Nacional remita, anualmente, al MOPC un informe de las declaraciones de emergencias viales aprobadas, otorgando al ministerio la facultad de supervisar y evaluar la aplicación de la ley para garantizar transparencia y eficiencia.

Finalmente, asegura que la aprobación de este proyecto no solo facilitará el estudio de futuras emergencias viales, sino que también aportará mayor transparencia a la gestión legislativa en este ámbito.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Otros proyectos

La Cámara de Diputados también tiene agendado estudiar un total de siete desafectaciones de terrenos en diferentes puntos del país, cuyos detalles se exponen a continuación:

-Proyecto de ley “Que autoriza la desafectación de inmuebles de dominio público municipal donde se encuentra asentada la Escuela Básica Privada Subvencionada Municipal N° 6438 Santa Lucia ubicado en el lugar denominado Compañía 17 Yataity, distrito de Capiatá, la plaza esta individualizada como finca N° 4008”. Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

-Proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Concepción, a transferir a título gratuito a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el inmueble individualizado con matricula N° B01/18450, ubicado en la ciudad de Concepción, del distrito de Concepción, Departamento de Concepción, a ser destinado para sede de la ‘Unidad de Salud Familiar”. Se encuentra en su primer trámite constitucional.

-Proyecto de ley, “Que desafecta del dominio privado municipal y autoriza a la Municipalidad de Concepción, a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo – Ministerio de Educación y Ciencias, parte de la fracción III, con matricula Nº D01/24067, los lotes municipales Ns. 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la manzana Nº 3, con Cta. Cte. Ctral. Nº 17-1962-07, ubicado Campo Ypane, Los Manantiales, Asentamiento Villa San Miguel, Departamento de Concepción, para asiento de la Escuela Básica Andrés Villalba Barrios”. Se encuentra en su primer trámite constitucional.

-Proyecto de Ley “Que desafecta de la Municipalidad de Guarambaré y autoriza a transferir a título gratuito a favor del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), el inmueble individualizado con finca matrícula Nº 2629 con Cta. Cte. Ctral. Nº 27-0426-02, y Cta. Cte. Ctral. Nº 27-0426-03, ubicado en la ciudad de Guarambaré, Barrio Alegre”. Se encuentra en su primer trámite constitucional.

-Proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), parte del inmueble individualizado como finca N° 2.263, padrón N° 14.006, ubicado en la compañía Nº 10, del distrito de Capiatá, Departamento Central, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes del Asentamiento Divino Niño Jesús”. Se encuentra en su cuarto trámite constitucional. 

-Proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Fernando de la Mora, a transferir a título oneroso un inmueble individualizado con Cta. Cte. Ctral. N° 27-1036-03, finca N° 3722 a favor de su actual ocupante”. Se encuentra en su primer trámite constitucional.

-Proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Lambaré, a transferir a título oneroso a favor de su actual ocupante, un inmueble individualizado como parte de la calle 9 (Rio Pilcomayo), ubicado en el barrio Valle Apu’a II del citado municipio”. Se encuentra en su tercer trámite constitucional.