(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El proyecto de declaración “Que insta al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a garantizar insumos para las ollas populares, que cumplen una importante labor social en beneficio de las personas más vulnerables, muchas de ellas niños y ancianos”, fue uno de los puntos aprobados por el plenario de Diputados durante la sesión ordinaria de esta semana.

Dicho documento tuvo visto bueno es el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas, por pedido del diputado Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú).

La propuesta argumenta que las ollas populares son una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria.

Indica que ésta ha sido siempre una respuesta popular y solidaria en barrios y comunidades que enfrentan situaciones de crisis económica.

Dice, además, que el Estado debe brindar respaldo, incluso prioridad, al representar un alivio directo para miles de familias en situación de vulnerabilidad.

Por medio de este documento, el diputado Aguilera también requirió al Ministerio de Desarrollo Social, un informe detallado sobre la cantidad de ollas populares que actualmente están operativas en la ciudad de Asunción.

Pide indicar el tipo de asistencia que se brinda a cada una de estas ollas populares, con especificación de los artículos y productos proveídos; el costo mensual del funcionamiento de cada servicio; etc.

Garantía de seguridad para la prensa

El pleno de Diputados, en otro momento, brindó su aprobación al proyecto de declaración “Que insta al Ministerio del Interior a extremar cuidados y brindar la suficiente garantía de seguridad a los miembros de la prensa, ante el avance impune de la violencia hacia los periodistas de investigación, en especial aquellos que denuncian corrupción, narcotráfico y crimen organizado”.

Fue proponente el legislador Diosnel Aguilera, quien señaló que la libertad de prensa es un derecho constitucional y un pilar de la democracia.

A su vez, que el Estado tiene la obligación de salvaguardar la labor de los comunicadores, quienes resultan clave para la transparencia y el control ciudadano.

Advirtió que la violencia contra periodistas constituye una amenaza directa al Estado de Derecho y, por tanto, requiere acciones firmes y coordinadas de las instituciones de seguridad.