(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). En el espacio de las mociones sobre tablas de la última sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Ministerio de Relaciones Exteriores”, a instancias del legislador Mauricio Espínola (ANR-Capital).

Esto apunta a recabar información oficial sobre la supuesta incorporación de los denominados gastos socio-ambientales dentro de los costos operativos de la Entidad Binacional Itaipú, de acuerdo a las explicaciones del proyectista.

La iniciativa se fundamenta en informaciones difundidas por medios de prensa, tanto nacionales como internacionales; y se respalda en un estudio elaborado por la Consultoría Legislativa de la Cámara de Diputados del Brasil, donde señalan presuntas irregularidades, según acotó.

El documento expresa preocupación por la inclusión de dichos gastos en la tarifa de energía, al sostener que los mismos habrían sido implementados mediante instrumentos diplomáticos (notas reversales), sin la correspondiente aprobación legislativa, lo que repercutiría directamente en el precio abonado por los usuarios.

Hace referencia a un crecimiento exponencial de esos montos en los últimos años, situación que genera inquietud respecto a su impacto económico y a su conformidad con las disposiciones originales del Tratado de Itaipú.

El proyectista considera pertinente ejercer sus atribuciones de control político y solicitar informes que permitan esclarecer la naturaleza, el fundamento jurídico y la incidencia económica de tales gastos, a fin de garantizar transparencia, legalidad y la defensa de los intereses nacionales.

Pide detallar si existió alguna nota reversal u otro instrumento diplomático que haya modificado el Tratado de Itaipú, o sus anexos, con relación a este punto, precisando fecha, contenido y forma de aprobación legislativa.

Concretamente, si la incorporación de esos gastos tuvo aprobación del Congreso Nacional del Paraguay; indicando actos administrativos o resoluciones.

Requiere especificar el porcentaje que representa, actualmente, los gastos socio-ambientales en la tarifa de Itaipú; y cómo se distribuyen esos recursos, señalando criterios técnico-financieros aplicados.

Otra consulta va por la incidencia de tales gastos en la tarifa abonada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Se pide una comparación entre la estructura actual de costos y los criterios técnicos y financieros previstos originalmente en el tratado y sus anexos.

Finalmente, habrá que adjuntar estudios técnicos independientes que avalen o cuestionen la inclusión de estos gastos.

El proyecto establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe remitir, en un plazo de quince días, un informe que contenga, como mínimo, la base legal, normativa o tratado internacional que sustente la inclusión de los gastos socio-ambientales en los costos operativos de Itaipú, si es que así ocurrió.