(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). El diputado Édgar Olmedo (ANR-Caaguazú), presentó un proyecto de resolución “Que solicita informes a la Corte Suprema de Justicia sobre la cantidad de juicios ingresados en los diferentes Juzgados de Paz de las Circunscripciones Judiciales de la República del Paraguay, correspondientes a los años 2023 y 2024”.

La propuesta aún debe ser analizada en el pleno de la Cámara de Diputados, pero apunta a que el máximo órgano judicial, a través de la Dirección de Estadísticas Judiciales u otra dependencia competente, remita datos precisos sobre el movimiento procesal en ese nivel de la justicia.

En la exposición de motivos, el diputado Olmedo subraya que en los últimos años se observa un aumento sostenido de la litigiosidad en diversas materias, lo que repercute directamente en la carga procesal de los juzgados.

Para el legislador, contar con datos actualizados permitirá dimensionar la situación real del sistema, identificar posibles falencias en infraestructura o recursos humanos y, en consecuencia, promover administraciones legislativas y presupuestarias que fortalezcan el servicio de justicia.

“Resulta de vital importancia contar con información estadística actualizada de los años 2023 y 2024, periodo reciente que refleja el comportamiento actual de la demanda judicial en las distintas circunscripciones del país”, señala el proyectista.

El pedido no se limita a cuantificar los expedientes ingresados, sino que busca dimensionar el nivel de litigiosidad en el país, así como evaluar la carga procesal existente en estos órganos jurisdiccionales en la resolución de conflictos, en concordancia con el mandato constitucional de garantizar el acceso efectivo a la justicia.

El parlamentario destaca que disponer de tales datos permitirá al Poder Legislativo ejercer de manera efectiva su rol de contralor y, al mismo tiempo, generar insumos objetivos para la formulación de políticas públicas, proyectos de ley y asignaciones presupuestarias orientadas a fortalecer el servicio de justicia en su nivel más próximo al ciudadano. 

La propuesta hace hincapié en la importancia de la transparencia en la administración judicial y de una planificación institucional basada en evidencias. 

Según el documento, estos son pilares fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, la eficiencia procesal y la confianza ciudadana en las instituciones.