(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada nacional Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), emitió dictamen de rechazo en relación a una iniciativaque busca modificar seis artículos de la Ley N° 7322/2024, con el objetivo de incluir a las personas con discapacidad severa como beneficiarias de la pensión universal, independientemente, de la edad.

El acápite oficial del documento es: “Que modifica los artículos 3, 7, 8, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

La iniciativa establece un aporte mensual equivalente al 25% del salario mínimo vital, destinado a quienes, por su condición física, no pueden insertarse en el mercado laboral.

Entre sus disposiciones principales se contemplan la creación de un fondo específico, la incorporación de este grupo en la cobertura estatal y la exclusión de beneficiarios que ya perciban remuneraciones, tributen IRP o posean más de 30 cabezas de ganado.

Según la exposición de motivos, la medida “promoverá la inclusión social y reducirá la carga económica de las familias cuidadoras”.

Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos considera que la omisión de la edad para el cobro de la pensión contradice la esencia de la actual normativa.

Cabe resaltar que, con las últimas modificaciones a la Ley 7322/2024 “Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”, se estableció que los adultos mayores se inscriban de forma automática para el cobro de dicha ayuda económica, sin la necesidad de censos.

Asimismo, se incluyó como beneficiarios a adultos mayores con discapacidad severa certificada, quienes percibirían la pensión a partir de los 60 años.

Actualmente, con el reajuste de la pensión al salario mínimo legal vigente, la tercera edad percibe un monto de 699.577 guaraníes (25% del salario mínimo).