Pensión a personas con discapacidad severa tiene respaldo de la Comisión de Legislación

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión de Legislación y Codificación, presidida por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA–Paraguarí), emitió dictamen de aprobación al proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la Ley N° 7322/2024, con el objetivo de incluir a las personas con discapacidad severa como beneficiarias de la pensión universal, independientemente, de la edad.

El acápite oficial del documento es: “Que modifica los artículos 3, 7, 8, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

La iniciativa establece un aporte mensual equivalente al 25% del salario mínimo vital, destinado a quienes, por su condición física, no pueden insertarse en el mercado laboral.

Entre sus disposiciones principales se contemplan la creación de un fondo específico, la incorporación de este grupo en la cobertura estatal y la exclusión de beneficiarios que ya perciban remuneraciones, tributen IRP o posean más de 30 cabezas de ganado.

Según la exposición de motivos, la medida “promoverá la inclusión social y reducirá la carga económica de las familias cuidadoras”.

Por otra parte, la comisión asesora también dio visto bueno al proyecto de ley “Que modifica el artículo 207 de la Ley Nº 1.680 ‘Código de la Niñez y de la Adolescencia’”, cuyo propósito es elevar de 8 a 20 años la duración máxima de las medidas privativas de libertad para adolescentes que cometan crímenes.

La propuesta surge como respuesta al “aumento de la criminalidad juvenil y al uso de menores por parte de estructuras delictivas organizadas”.

Además del endurecimiento de la sanción, contempla la obligatoriedad de evaluaciones periciales, la aplicación de criterios de proporcionalidad y la implementación de programas de rehabilitación y reinserción social.

Los fundamentos se apoyan en la Constitución Nacional y en el Pacto de San José de Costa Rica, resaltando la necesidad de equilibrar “protección social y responsabilidad penal”.

Ambos proyectos fueron incorporados al orden del día de la sesión ordinaria de este martes para su consideración en el pleno.