Debaten normativa que pretende fortalecer herramientas legales para sancionar delitos ambientales

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Se llevó a cabo este viernes una audiencia pública para debatir el proyecto de ley “Que amplía el artículo 4° de la Ley N° 716/96, que sanciona delitos contra el medioambiente”, que fuera presentado por la diputada Leidy Galeano (YO Creo-Central). 

La propuesta hace un abordaje integral relacionado a las pulverizaciones aéreas y terrestres, utilizando agrotóxicos, fertilizantes, plaguicidas, insecticidas u otros productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica y sugiere un cambio en la tipificación vigente: plantea que pase a ser considerado un crimen y no un delito como en la actualidad.

La audiencia, organizada por la proyectista, surge ante la necesidad de contar con una normativa que permita regularizar las pulverizaciones aéreas y terrestres en zonas adyacentes a los asentamientos humanos, instituciones educativas públicas o privadas, centros de salud y nacientes y cursos de agua, sin respetar las franjas de protección impuestas en la normativa aplicable.

Los diputados Adrián Vaesken (PLRA-Central), y Johana Ortega (PPS-Capital), acompañaron a la legisladora Galeano en esta audiencia.

Participaron representantes de organizaciones civiles defensoras del medioambiente y representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Los legisladores cuestionaron la ausencia del titular de la referida cartera “sin restar valor a la presencia de los representantes”, según sostuvo el diputado Vaesken.

El parlamentario también llamó la atención al Ministerio Público, institución que no contó con representación en esta actividad.

“Cómo podemos esperar que se apliquen las leyes, si quienes deben hacerlo no demuestran interés”, reflexionó.

Las organizaciones civiles manifestaron su malestar por la falta de aplicación de las leyes existentes; la falta de sanciones efectivas; y la proliferación de estaciones de servicio a corta distancia, unas de otras, en centros urbanos.

Se mencionó, en el mismo sentido, la tala indiscriminada de arboles, no solo en el campo, sino también en áreas urbanas.

Los diputados instaron a todos los presentes a que acompañen el desarrollo y el tratamiento del referido proyecto. 

Aseguraron que todos los aportes serán tenidos en cuenta. 

Penitenciaría y fuertes multas

En la audiencia pública fue ampliamente debatido el proyecto que busca fortalecer herramientas legales para sancionar los delitos ambientales, un tema de urgente atención en Paraguay, de acuerdo a lo manifestado por los sectores sociales que estuvieron representados.

El documento resalta los impactos cada vez más graves sobre las comunidades campesinas e indígenas, como consecuencia de las fumigaciones con agroquímicos en zonas rurales. 

Se habló de amenazas a la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. 

El objetivo es establecer penas de tres a ocho años de penitenciaría y multas de 500 a 2.000 jornales mínimos para quienes cometan graves delitos ambientales.

Esta iniciativa se encuentra en etapa de comisiones y pronto será estudiada en el plenario de la Cámara de Diputados.