(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “Que modifica los artículos 11, 15, 16 y 30 de la Ley N° 5016/14, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, con el propósito de “recuperar el control estatal sobre la emisión de licencias de conducir” y eliminar la participación de entidades privadas en funciones públicas.

La iniciativa fue presentada con el argumento de que la actual delegación de funciones a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) carece de sustento constitucional y que genera distorsiones en el sistema.

Según la exposición de motivos del proyecto, la OPACI, pese a operar con los municipios, no constituye un órgano del Estado y por tanto carece de atribuciones para ejercer funciones de poder público. 

Los proponentes denuncian que algunos municipios han sido impedidos de ejercer sus funciones constitucionalmente determinadas, “ya que para emitir registros deben operar, obligatoriamente, a través de OPACI”, creando una dependencia que consideran innecesaria y que debilita los principios de legalidad y transparencia administrativa.

El proyecto establece cambios significativos en la estructura del sistema de tránsito. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la recomposición del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, donde se reemplaza la designación de intendentes, a propuesta de la OPACI, por una designación directa del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.

Asimismo, propone que el director ejecutivo de la Agencia organice, implemente y supervise el Registro Nacional de Licencias de Conducir en coordinación directa con las municipalidades, eliminando intermediarios privados.

Otra de las disposiciones del proyecto establece que OPACI deberá entregar toda la base de datos de licencias de conducir que posee a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial en un plazo de 30 días tras la entrada en vigencia de la nueva normativa.

Los legisladores consideran que la seguridad vial constituye una responsabilidad indelegable del Estado y sus instituciones públicas.

En esencia, la iniciativa busca eliminar la "privatización de funciones esenciales" y reafirma que las competencias en materia de tránsito deben ejercerse exclusivamente por organismos estatales y municipales, sin intermediaciones privadas.

El proyecto está firmado por los diputados Raúl Benítez (Independiente-Central); Luis Federico Franco (PLRA-Central); Miguel Martínez (PLRA-Alto Paraná); Carlos Pereira (PLRA-Itapúa); Rocío Vallejo (PPQ-Capital) y; Pedro Gómez (PLRA-Central).