(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, que preside la legisladora María Ida Cattebeke (ANR-Presidente Hayes), durante la reunión ordinaria de esta semana, dieron análisis a varios documentos por medio de los cuales se pretende la expropiación de inmuebles en zona del departamento Central.

Entre los puntos resaltantes, se puede mencionar el proyecto “Que autoriza la desafectación de inmuebles de dominio público municipal donde se encuentra asentada la Escuela Básica Privada Subvencionada Municipal N° 6438 - Santa Lucia, ubicada en el lugar denominado Compañía 17 Yataity, del distrito de Capiatá; plaza individualizada como Finca N° 4008”.

Hubo visto bueno del estamento asesor para esta normativa, que fue impulsada por el diputado Néstor Castellano (ANR-Central), y se encuentra en el primer trámite constitucional.

La exposición de motivos menciona que el inmueble será usufructuado por la mencionada casa de estudios, ante la falta de una infraestructura adecuada que ofrezca mejores condiciones de trabajo y servicio para los docentes, como así también para los estudiantes.

La idea es colaborar con el fortalecimiento institucional, al ofrecer múltiples ventajas, incluyendo mayor autonomía; contratación de profesionales educativos que estén legalmente autorizados por el MEC; entre otras, según refiere el proyecto.

Claros objetivos, además, son la creación de espacios comunitarios y la ampliación del currículo escolar, promoviendo un aprendizaje más enriquecedor y una mayor participación de la comunidad.

Por otro lado, también hubo aprobación de la comisión para el proyecto “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo - Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), un inmueble individualizado como parte de la Finca N° 4966, Padrón N° 547, Distrito de Capiatá; lugar denominado Jukyty - Departamento Central: asentamiento denominado Canaán, para su posterior transferencia a título oneroso a sus actuales ocupantes”.

El inmueble se encuentra ocupado por, aproximadamente, 260 familias, que manifiestan la necesidad de reivindicar su derecho constitucional y formalizar la posesión.

Estas familias ya cuentan con sus respectivas viviendas, algunas de materiales cocidos y otras en precarias condiciones, pues se trata de personas de escasos recursos, dedicadas a trabajos informales, en muchos casos, de acuerdo a lo que fundamenta el escrito.