(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En sesión ordinaria de la fecha, la Cámara de Diputados rechazó y envió al archivo un proyecto de ley que buscaba modificar y ampliar el artículo 9 de la Ley N° 6980/2022 “De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo”, incorporando la llamada "Fase III", para permitir a la Fuerza Aérea Paraguaya derribar aeronaves que representen una amenaza para la seguridad nacional.

El documento, impulsado por el diputado Rubén Rubín (Independiente-Central), se fundamentó en el derecho comparado, particularmente, en legislaciones similares existentes en Brasil y Colombia, según la exposición de motivos.

La iniciativa, titulada "Que modifica y amplía el artículo 9 de la Ley N° 6980 del año 2022, y establece mecanismos y procedimientos para la fase III de derribo de aeronaves en protección de la soberanía nacional y la prevención del tráfico ilícito", buscaba "dotar a la Fuerza Aérea Paraguaya de las herramientas necesarias para proteger el espacio aéreo y la soberanía nacional", especialmente, ante amenazas como el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas transfronterizas.

El legislador proyectista explicó que la ley actual establece dos fases a saber: “interceptación e identificación visual de la aeronave” y; “advertencias y disparos disuasorios”; protocolo al que el presente proyecto agrega el “derribo de la aeronave como último recurso”.

“La legislación actual habilita las fases I y II, para que en casos de detección de una aeronave ilícita, estas puedan ser escoltadas por la Fuerza Aérea, que entablará  una comunicación por radio. Si la aeronave ilícita tiene desconectada la comunicación, en la fase II ya habla de la realización de tiros de advertencia”, refirió. 

“La Fase III”, indicó el diputado Rubín, “ayudará en caso de que los tiros de advertencia sean ignorados por los ocupantes de la aeronave ilícita”.

Como titular de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, el diputado Pedro Ortiz (ANR-Central), se expresó en contra de la iniciativa, utilizando como base respuestas a pedidos de informes a instituciones como el Ministerio de Defensa Nacional.

Mencionó que el artículo 173 de la Constitución Nacional indica que la Fuerza Aérea Paraguaya tiene como misión preservar la integridad territorial en el espacio aéreo nacional y la defensa de las autoridades legítimamente constituidas. 

“En este contexto, cualquier derribo de aeronave que la Fuerza Aérea (Paraguaya) pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional”, explicó el legislador, y agregó: 

“El derribo de aviones no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible delito; las normativas y convenios internacionales no permiten dar pie a la iniciativa, teniendo en cuenta el principio legal de presunción de inocencia, el derecho a la vida y la garantía del debido proceso”. 

En los mismos términos se expresó el diputado Mauricio Espínola (ANR-Capital), quien señaló que la ley actual está acorde a los lineamientos, leyes y convenios internacionales a los que Paraguay está suscrito. 

“Si se aprueba esta ley de derribo hoy, mañana podríamos estar imposibilitados de mantener cooperación para nuestras fuerzas aéreas, o para capacitación de nuestros pilotos, pero, por sobre todo, podríamos estar imposibilitados de conseguir hasta licencias de ventas de parte de las aeronaves”, significó, al tiempo de resaltar que tiene información que algunos software de los aviones Super Tucano, están sujetos a licencias norteamericanas. 

En esencia, la Fase III se refería  al acto de derribar una aeronave civil o militar, drones y otro tipo de aeronaves, tripuladas o no, que, tras haber sido interceptados en las Fases I y II, persiste en su negativa a cumplir las órdenes de aterrizaje emitidas por la Fuerza Aérea Paraguaya; representa una amenaza inminente y grave para la seguridad nacional, la integridad territorial; o la vida de las personas en el aire y en tierra.

No prosperó la iniciativa y el proyecto fue derivado al archivo.