(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, que preside el diputado Pedro Ortiz (ANR-Central), resolvieron aconsejar la ratificación del proyecto “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación electrónico, o no, en los centros penitenciarios y centros educativos en contexto de encierro”.

Durante la reunión se contó con la presencia del proyectista, legislador José Rodríguez (ANR-Capital), quien enfatizó que la normativa no busca vulnerar derechos constitucionales, sino evitar que personas privadas de libertad utilicen equipos de comunicación para seguir planificando y ejecutando hechos delictivos desde el interior de las penitenciarías.

Subrayó que la iniciativa establece claramente que la prohibición rige solo para el ingreso no autorizado, garantizando que las personas procesadas o condenadas mantengan su derecho a la defensa y puedan comunicarse libremente con sus abogados.

El legislador aclaró que en la Cámara de Senadores no existieron argumentos técnicos, ni jurídicos, que fundamenten claramente el rechazo. 

Habló de que solo existieron opiniones aisladas, sin mucho sustento.

Recordó que el Ministerio de Justicia emitió un dictamen favorable, respaldando la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad.

Para el diputado Ortíz, titular del bloque, se trata de una propuesta de suma necesidad e importancia, teniendo en cuenta que prevé sanciones penales claras para los infractores.

A propósito, mencionó que en el documento se establecen sanciones penales severas.

“Quien introduzca, facilite o procure el ingreso de dispositivos de comunicación sin autorización, será castigado con pena privativa de libertad de dos a cuatro años”.

La sanción aumenta a cinco años si el autor es un proveedor de servicios con autorización especial; y si se trata de un funcionario público o de alguien especialmente obligado a impedir el ingreso de estos aparatos, la pena puede alcanzar hasta siete años, acotó, seguidamente.

Los miembros del bloque indicaron que esto constituirá una herramienta valiosa, ya que busca cubrir un vacío legal que favorece la comisión de delitos desde el interior de los penales y centros educativos en contexto de encierro, fortaleciendo la seguridad institucional y contribuyendo al orden público.