(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Durante la sesión extraordinaria del día martes, la Cámara de Diputados, por pedido de la parlamentaria Johana Vega (ANR-Central), aprobó el proyecto de declaración “Que repudia el hecho de violencia denunciado en la ciudad de Mariano Roque Alonso; exige la actuación inmediata del Ministerio Público; y reitera la necesidad de una respuesta efectiva ante casos de violencia contra las mujeres”.

En la mencionada ciudad, una mujer denunció haber sido amenazada con una motosierra, hecho de extrema violencia que pone de manifiesto la alarmante magnitud de la violencia de género en nuestro país, dice la exposición de motivos del proyecto.

Ante la falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas, la afectada se vio obligada a acudir a medios de prensa para visibilizar su situación, sufriendo así una doble victimización que este cuerpo legislativo debe repudiar enérgicamente, indica el texto, seguidamente.

La declaración advierte que minimizar la gravedad del hecho con expresiones como: “la motosierra no estaba conectada”, desconoce la naturaleza violenta y amenazante del acto; y contraviene lo establecido en la Ley N° 5777/16 - “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, que tipifica el feminicidio y establece sanciones severas para quienes atenten contra la vida y la seguridad de las mujeres.

El documento recuerda que el Poder Ejecutivo implementó la Estrategia Integral para la Protección a la Familia, que incluye la campaña “Hay excusas que matan”, orientada a sensibilizar a la ciudadanía y a promover la denuncia temprana como herramienta clave en la prevención de la violencia de género.

Los legisladores, previo al visto bueno dado en el espacio de las mociones sobre tablas, coincidieron en que la falta de acción inmediata, eficaz y con perspectiva de género, por parte del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer, contradicen lineamientos establecidos en la legislación vigente.

Además, se pone en riesgo la vida y la dignidad de las víctimas, sentenciaron.

La proponente exhortó a dichas instituciones a actuar con celeridad y responsabilidad, asegurando que “amenazas de esta magnitud no deben ser minimizadas ni justificadas”.