Proyecto que incluye derribo de aeronaves para vigilancia y protección del espacio aéreo tiene dictamen favorable

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Bajo presidencia del diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), la Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados, dio visto bueno a la iniciativa que modifica y amplía el artículo 9° de la Ley N° 6.980/22 “De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo”. 

La propuesta pretende incluir el derribo de aeronaves en un nuevo procedimiento, la “Fase III”, en defensa de la soberanía nacional y la prevención del tráfico ilícito.

El proyecto de ley fue impulsado por el diputado Rubén Rubín (Independiente-Central), y se encuentra en el primer trámite constitucional.

Para dar tratamiento a la propuesta, miembros del bloque recibieron al ministro de Defensa Nacional, Gral. Óscar González. 

Esto contó con dictamen de aprobación en mayoría; mientras que el dictamen de minoría es por el rechazo.

La iniciativa busca dotar a la Fuerza Aérea Paraguaya de las herramientas necesarias para proteger el espacio aéreo y la soberanía nacional; específicamente, ante amenazas como el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas transfronterizas.

En esencia, la Fase III se refiere al acto de derribar una aeronave civil o militar, drones y otro tipo de aeronaves, tripuladas o no, que tras haber sido interceptados en las Fases I y II, si persiste en su negativa de cumplir las órdenes de aterrizaje emitidas por la Fuerza Aérea Paraguaya. 

Deben representar una amenaza inminente y grave para la seguridad nacional, la integridad territorial o la vida de las personas, en el aire y en tierra, según lo expresado en la exposición de motivos.

El documento explica que la implementación de la Fase III requerirá la aprobación expresa del Presidente de la República, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y solo se procederá cuando se agoten todas las medidas previas y exista “evidencia razonable” de que la aeronave representa una amenaza inminente y grave.

Conservación de datos para combatir pornografía infantil

La comisión aceptó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto “Que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos para combatir la pornografía relativa a niños y adolescentes; y hechos punibles conexos”. 

Es proyectista del documento el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central).

Según la exposición de motivos, la normativa busca regular el manejo de datos de tráfico por parte de proveedores de servicios de internet, sean personas físicas o jurídicas.

El objetivo es facilitar la identificación de usuarios para la persecución penal y sanción de delitos de pornografía infantil que afecten a niños y adolescentes. 

Los proveedores deberán proporcionar informes que permitan identificar el protocolo de Internet (IP) del usuario, a solicitud del Ministerio Público, a través de sus agentes fiscales y con autorización judicial, dice el proyecto.

En cuanto a las modificaciones, el presidente de comisión explicó que inicialmente se exige a los proveedores conservar los datos de tráfico de las comunicaciones por un mínimo de seis meses; mientras que el bloque recomienda extender a 12 meses dicho plazo de conservación de datos.

Igualmente, se agregó el término “conexos”, cuando que el proyecto original habla de “delitos”, simplemente.