(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores, presidida por la diputada Johana Vega (ANR-Central), emitió dictamen aconsejando la aprobación, con modificaciones, del proyecto “Que modifica el artículo 3° de la Ley N° 7322/2024 - Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”.

El bloque introdujo ajustes de forma al texto presentado por varios legisladores, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional.

La propuesta busca precisar los criterios de acceso a la pensión para personas con discapacidad. 

La normativa vigente reconoce el beneficio a partir de los 60 años en casos de “discapacidad severa”, pero no establece una definición clara de este término.

El proyecto introduce un parámetro cuantitativo: podrán acogerse quienes presenten un grado de discapacidad igual o superior al 50 %, constatado y certificado por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

En lo demás, se mantiene los requisitos establecidos: todo paraguayo natural o naturalizado, con al menos cinco años de residencia, o extranjero con treinta años de residencia permanente, mayor de 65 años, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente conforme a la variación del mismo.

Para las comunidades indígenas, la pensión seguirá siendo universal a partir de los 55 años.

La exposición de motivos sostiene que el término “discapacidad severa” carece de una definición cuantitativa precisa, lo que genera ambigüedades y potenciales inequidades en el acceso a los beneficios.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 5,3 % de la población paraguaya de cinco años y más presenta algún tipo de discapacidad, lo que representa cerca de 300.000 personas. 

La prevalencia aumenta con la edad, alcanzando el 42,7 % en mayores de 80 años.

De acuerdo con los registros de la Senadis, en 2024 se certificaron 8.359 personas de 60 años o más con una discapacidad del 50 % o superior. 

El documento concluye que el impacto presupuestario de la medida es mínimo en comparación con el efecto positivo que puede tener en la vida de los beneficiarios.

La medida busca garantizar equidad y transparencia en la asignación de beneficios; reducir la discrecionalidad en la interpretación del término “discapacidad severa”; y facilitar la implementación y fiscalización del programa por parte de las autoridades competentes.

La exposición de motivos remarca que esto no implica una ampliación significativa del universo de beneficiarios, sino una aclaración en los criterios de elegibilidad.

“Al establecer un umbral claro se optimiza la asignación de recursos y se previenen posibles abusos o interpretaciones erróneas que podrían generar gastos indebidos”, sostiene.

Finalmente, subraya: “Al establecer un criterio cuantitativo claro para la definición de ‘discapacidad severa’, se promueve la equidad, la transparencia y la sostenibilidad del programa”.

Esta normativa será estudiada en el plenario de Diputados próximamente.