(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). A instancias del legislador Carlos Núñez (ANR-Central), el pleno de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que expresa reproche a la resolución judicial del Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal de Bogotá - República de Colombia - que condena al señor Álvaro Uribe Vélez (ex presidente de Colombia)”.

El 32° presidente de aquel país fue condenado, en primera instancia, a 12 años de privación de libertad en detención domiciliaria, tras ser considerado responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

“La presente declaración no tiene por objeto inmiscuirse en asuntos internos de otros países, sino que observar la estricta aplicación de los derechos y garantías de un ciudadano latinoamericano sometido a la jurisdicción de justicia de su país, la república hermana de Colombia, quien reconoce igualmente la comunidad internacional como estado parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de las Naciones Unidas (ONU), y sus respectivas instituciones”, reza la exposición de motivos.

Así mismo, menciona que existen serias sospechas de politización en el proceso, así como en el fallo del juzgado de primera instancia, que según manifestaciones de la defensa del procesado, está contaminado por numerosas irregularidades.

“Entre esas irregularidades podemos citar que la Fiscalía no desarrolló ninguna teoría del caso y que las supuestas evidencias de las causas de presunto fraude procesal y soborno en actuación penal, respectivamente, fueron producidas al margen de la legislación nacional colombiana”, subraya la normativa. 

Como contexto, vale mencionar que este hecho fue calificado de histórico en Colombia, ante la determinación de una pena de 12 años de prisión contra el exmandatario Uribe, acusado por delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El documento de acusación tenía 1.114 páginas.

Lo resuelto habla de una pena principal de 144 meses (12 años) de prisión, y una multa de 2.425 décimos de salario mínimo legal mensual vigente, así como la inhabilitación para derechos y funciones públicas por un período de 100 meses y 20 días.