(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). En su última sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de declaración relacionados con las supuestas irregularidades detectadas en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), según un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Uno de los proyectos aprobados es el “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a tomar medidas urgentes ante las irregularidades detectadas en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), tras el informe de la Contraloría General de la República”.

Fue una iniciativa del diputado Adrián Vaesken (PLRA-Central).

El documento se sustenta en un informe de la CGR que, según la declaración, estima una pérdida de más de USD 58 millones por medicamentos oncológicos vencidos y entregados de manera irregular entre 2022 y 2024, además de las deficiencias administrativas y sanitarias en la gestión del instituto.

El texto advierte que estas falencias perjudicaron el acceso a medicamentos para miles de pacientes oncológicos en situación de vulnerabilidad y detalla hechos como el almacenamiento de fármacos vencidos, entregas irregulares a clínicas privadas, transferencias millonarias al IPS sin mecanismos de reposición, inexistencia de un registro nacional de pacientes oncológicos y deficiencias en el control y la planificación.

En consecuencia, se insta al Ministerio de Salud a corregir de forma urgente estas irregularidades, iniciar sumarios administrativos y remitir antecedentes al Ministerio Público en caso de indicios de hechos punibles.

Asimismo, se exhorta a implementar un sistema de trazabilidad y control digitalizado para medicamentos de alto costo, así como la creación de un Registro Nacional de Pacientes Oncológicos, llamando a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales, a acompañar la fiscalización y exigir la corrección de estas prácticas.

Por su parte, en la misma sesión plenaria, fue aprobado otro proyecto de declaración “Que insta al Ministerio Público a iniciar una investigación de oficio ante los graves indicios de irregularidades y hechos punibles cometidos por las sucesivas administraciones del INCAN, conforme reza en el último informe de la Contraloría General de la República”.

Este documento fue impulsado por el diputado Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú).