(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados analizará, la próxima semana, una serie de proyectos de resolución presentados por la diputada Del Pilar Vázquez (PLRA-Itapúa), que solicitan informes a los distintos municipios de los departamentos de Concepción y San Pedro.

Esto tiene como tema central, la situación general de los asentamientos.

Se solicitará información acerca del registro existente en cada municipio y los mecanismos de apoyo que son impulsados.

El objetivo es contar con datos precisos y actualizados que permitan evaluar la situación socio-habitacional de estas comunidades, así como las políticas o acciones desarrolladas por las municipalidades para atender sus necesidades más urgentes.

La diputada Vázquez señaló que el crecimiento urbano desordenado, la falta de acceso a servicios básicos y la precariedad habitacional, son problemas recurrentes en los asentamientos.

La información requerida busca identificar con mayor claridad las condiciones de vida de las familias que los habitan y los esfuerzos de los gobiernos municipales para garantizarles una vida digna, así como el acceso progresivo a derechos fundamentales como vivienda, agua potable, energía eléctrica, salud, educación y saneamiento.

El pedido plantea que las municipalidades remitan un informe técnico y administrativo que detalle si cuentan con un registro formal y actualizado de los asentamientos, incluyendo su nombre, ubicación geográfica, cantidad estimada de familias y superficie ocupada.

También deberán describir programas, planes o acciones de apoyo en infraestructura, servicios básicos, asistencia social o regularización jurídica del suelo; los convenios o las articulaciones con otras instituciones públicas o privadas; las problemáticas identificadas; y los avances en materia de regularización, urbanización o asistencia a estos núcleos poblacionales.

De acuerdo con la legisladora, disponer de esta información permitirá una lectura integral de la realidad territorial de cada distrito y servirá como insumo para la elaboración de propuestas de políticas públicas, programas de asistencia y eventuales gestiones interinstitucionales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

Los documentos establecen un plazo de 15 días para que las municipalidades remitan sus respectivos informes.