(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Fue presentado recientemente en la Cámara de Diputados un proyecto de ley titulado “Implementación de controles toxicológicos obligatorios y aleatorios mensuales al personal médico y de enfermería”.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados Jatar Fernández (Independiente-Central), Néstor Castellano (ANR-Central), Saúl González (ANR-Central) y Sebastián Remesowski (ANR-Itapúa).

Según la exposición de motivos, el objetivo principal del proyecto no es “iniciar una cacería de brujas entre el personal de blanco”, sino ayudar a visibilizar y enfrentar una realidad que, de acuerdo con los proponentes, afecta a todos en la sociedad.

“Es sabido que, entre el personal de blanco, por una infinidad de motivos, estos se ven expuestos a una gran cantidad de estrés emocional y físico, largos periodos de trabajo, factores económicos, remplazos de otros colegas, entre otros factores; lo cual lleva a que para soportar estas circunstancias se ven en la necesidad de recurrir a fármacos y otras sustancias estupefacientes de manera a aguantar el ritmo exigido”, señala el documento.

Visibilizar el problema 

En ese contexto, los proyectistas enfatizan que la iniciativa no pretende denostar a médicos y enfermeros, sino ofrecerles ayuda. “La persona que sufre algún tipo de adicción, la mayor de las veces, no está consciente de que está en situación de dependencia, por lo que no toma medidas para contrarrestarlas. El objetivo de este proyecto de ley es que se visibilice el problema y, a partir de allí, de una realidad descubierta, encontrar las soluciones al problema”, sostienen.

A su vez, se advierte sobre la gravedad de la situación, teniendo en cuenta que “muchas veces nuestra vida depende de estos profesionales a quienes confiamos nuestra salud”. 

Entre los riesgos citados se mencionan los malos diagnósticos, tratamientos inadecuados y la facilidad de acceso a medicamentos restringidos.

El proyecto subraya que “no queremos estigmatizar a un sector de la sociedad, mucho menos a gente que demostró su valor en la reciente pandemia a la cual estuvimos sometidos en el 2020-2021, gente que murió por aliviar a sus pacientes, pero queremos llamar la atención sobre un problema real y encontrar soluciones verdaderas al problema”. 

En esa línea, se recuerda que “los médicos y enfermeros solo son seres humanos como nosotros mismos”.

En cuanto al aspecto jurídico, los legisladores argumentan que, si bien la Constitución Nacional no establece expresamente que el bien común prevalece sobre la libertad e intimidad de las personas, sí fija límites en función del orden público y los derechos de terceros, lo cual -afirman- “equivale a privilegiar el interés colectivo cuando sea estrictamente necesario”.

Lo que establece el proyecto 

El proyecto establece, entre otros puntos, que los controles toxicológicos obligatorios, aleatorios y mensuales serán implementados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del Centro Nacional Toxicológico. 

Los exámenes se realizarán en los lugares de trabajo y en horarios tanto diurnos como nocturnos, y permitirán detectar sustancias como cocaína, benzodiacepinas, opiáceos (opio, morfina, fentanilo, heroína), metanfetaminas y anfetaminas.

En caso de resultados positivos, se prevé la apertura de un sumario administrativo y, ante reincidencia, la obligatoriedad de denuncia al Ministerio Público. 

Asimismo, se plantea la publicación de los resultados en un sitio web oficial, conforme a la ley de transparencia.

El proyecto también contempla mecanismos de selección aleatoria de instituciones, departamentos y turnos, exigiendo controles sobre al menos el 10% del personal presente en cada operativo o, en su defecto, a un mínimo de 10 personas. 

Se especifica además que, fuera de un radio de 100 km de Asunción, los controles deberán ser calendarizados con anticipación.

El documento fue remitido a las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Salud Pública; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; y de Reestructuración y Modernización del Estado para su análisis.