(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La diputada Johana Vega (ANR-Central) presentó un proyecto de ley que busca reglamentar los artículos 148 y 150 de la Constitución Nacional sobre la adquisición y pérdida de la nacionalidad paraguaya por naturalización, con el objetivo de “subsanar un vacío normativo que persiste desde 1992”.

Según la exposición de motivos del proyecto, pese a que la Constitución Nacional consagra desde 1992 el derecho a la nacionalidad por naturalización, Paraguay carece hasta hoy de una ley específica que regule integralmente el procedimiento, requisitos y efectos de esta forma de adquisición de la ciudadanía.

Agrega el documento que esta ausencia normativa ha generado graves problemas: inseguridad jurídica, discrecionalidad administrativa y judicial, introducción de requisitos inconstitucionales y una prolongada duración de los trámites que pueden extenderse entre tres y cinco años, cuando la Constitución exige únicamente tres años de radicación efectiva.

Acordada judicial

El documento asegura que la falta de una ley formal ha sido compensada por la aplicación de la Acordada Nº 464/07 de la Corte Suprema de Justicia, que establece requisitos y procedimientos sin respaldo legislativo. Esta situación, según la diputada Vega, excede las atribuciones constitucionales del Poder Judicial y contraviene el principio de reserva de ley.

“La regulación actual impone condiciones ajenas al texto constitucional, como exámenes de idioma o historia y la renuncia obligatoria a la nacionalidad de origen, exigencias que carecen de sustento jurídico y resultan incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”, dice parte de la exposición de motivos. 

El proyecto establece un procedimiento judicial claro y garantista, asignando competencia a los juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital, con intervención obligatoria del Ministerio Público. 

Los requisitos se ajustan, estrictamente, al artículo 148 de la Constitución: mayoría de edad, radicación mínima de tres años, buena conducta y ejercicio regular de una actividad lícita.

Una innovación importante es el reconocimiento expreso de la doble nacionalidad, excluyendo la obligación de renunciar a la nacionalidad de origen, en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos y la doctrina de la Corte Interamericana.

Procedimiento simplificado

La propuesta prevé plazos específicos para cada etapa del proceso: nueve días para la intervención del Ministerio Público, diez días para la etapa probatoria en caso de controversia, y veinte días para dictar sentencia. También establece un procedimiento claro para la revocación de la nacionalidad naturalizada, basado estrictamente en el artículo 150 constitucional.

Según la proyectista, la implementación de esta reforma no implicará un costo presupuestario significativo, pues se articula a través de la estructura existente del Poder Judicial y del Ministerio Público, requiriendo únicamente inversiones menores en capacitación y actualización tecnológica.

La legisladora sostiene que la nueva ley permitirá reducir, drásticamente, los plazos de tramitación; eliminar la discrecionalidad indebida; garantizar el respeto de los derechos fundamentales; y alinear la normativa nacional con los estándares internacionales.

Además, se espera que incentive la radicación de personas con formación profesional, inversiones y emprendimientos productivos, aportando talento y capital humano dispuesto a integrarse plena y legalmente a la sociedad paraguaya.

El proyecto incluye disposiciones transitorias para los trámites en curso y establece que la Corte Suprema deberá elaborar una base de datos de todas las personas naturalizadas desde 1992, información que será remitida a la Dirección Nacional de Migraciones.

La propuesta, antes de ser analizado por la plenaria de la Cámara de Diputados, será debatida en diferentes comisiones asesoras.