(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Diputados aprobó, sobre tablas, durante la sesión ordinaria de la semana pasada, un proyecto de resolución “Que pide informes al Ministerio Público - Fiscalía General del Estado (FGE)”, acerca del protocolo de actuación del procedimiento de autopsia. Fue una iniciativa del legislador Leonardo Saiz (ANR-San Pedro).

El pedido fue impulsado con el objetivo de obtener información detallada sobre los protocolos vigentes en materia de denuncias y procedimientos forenses, particularmente, en lo relacionado a las autopsias.

Busca clarificar y transparentar el funcionamiento del sistema judicial en lo que respecta al manejo de denuncias y la intervención forense. 

En tal sentido, se solicitaron datos específicos sobre los siguientes aspectos:

-Protocolo institucional: Si la Fiscalía cuenta con un protocolo formalizado y vigente que regule los procedimientos antes y después de recibir una denuncia.

-Intervención forense: Se requiere conocer en qué casos actúan los equipos forenses y bajo qué circunstancias se determina que no es necesaria su intervención.  

-Control de cumplimiento: En caso de que exista un protocolo de intervención forense, se exige conocer los mecanismos mediante los cuales se garantiza el cumplimiento efectivo por parte de los agentes fiscales y el personal técnico especializado.

Relevancia del pedido

El procedimiento de autopsia, en especial en casos de muertes violentas o dudosas, es una herramienta fundamental para el esclarecimiento de hechos punibles. 

En ese contexto, la actuación de los equipos forenses y la existencia de protocolos claros son elementos cruciales para garantizar una adecuada administración de justicia.

El pedido de informes se enmarca en las preocupaciones planteadas por legisladores y sectores de la sociedad civil, respecto a la necesidad de mayor transparencia y control en los procedimientos periciales, sobre todo, en casos que han generado conmoción pública o dudas razonables sobre la actuación institucional.

Una vez que la Fiscalía remita los informes requeridos, se evaluará la documentación y, en caso necesario, se podría convocar a representantes del Ministerio Público para ampliar la información o formular nuevas solicitudes.

La medida apunta a la importancia de contar con protocolos claros y de acceso público para asegurar que los procedimientos se ajusten a estándares legales y científicos.