(Redacción: Prensa Dirección de Comunicación). A instancias de la legisladora Dalia Estigarribia (PLRA-Central), fueron aprobados por el pleno de Diputados, unos pedidos de informes dirigidos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y al Ministerio de Justicia (MJ), con relación a los criterios, protocolos y capacidades para el otorgamiento de libertad condicional y el uso de dispositivos electrónicos de control (tobilleras electrónicas), en casos de delitos contra niños y adolescentes.

Estos documentos surgen a raíz del trágico hallazgo del cuerpo sin vida de una niña en el departamento de Caazapá, días atrás; hecho de dominio público que ha conmocionado a la sociedad paraguaya y ha expuesto debilidades en los mecanismos estatales de protección a la niñez.

“Teniendo en cuenta que el principal sospechoso del crimen es un hombre que habría estado bajo régimen de libertad condicional, esto demuestra la urgente necesidad de revisar los criterios judiciales y administrativos aplicados para la concesión de beneficios a personas procesadas por delitos, así como la disponibilidad real de dispositivos electrónicos de monitoreo, como herramientas preventivas”, fundamentó la proyectista.

La resolución exige a las instituciones mencionadas un informe detallado acerca del marco normativo, las acordadas, los reglamentos internos y los protocolos vigentes, que orientan a los jueces en la concesión de libertad condicional y otros beneficios.

Todo esto, específicamente, cuando las víctimas son menores de edad.

Se deberá enviar datos estadísticos de los últimos cinco años sobre libertades condicionales y beneficios otorgados en causas en que las víctimas sean niños y adolescentes, discriminados por tipo de delitos, circunscripción y si se impusieron medidas de control tecnológico.

Así mismo, el detalle de las medidas institucionales de revisión o mejora de protocolos adoptadas o en estudio, a raíz de hechos recientes de dominio público que involucran a víctimas menores de edad. 

En cuanto a las tobilleras electrónicas, habrá que remitir informes sobre las normas de ejecución penal y disposiciones relativas al uso de dispositivos electrónicos de rastreo y monitoreo.

Plazo para respuestas: 15 días.