(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En respuesta a recientes casos de comercialización fraudulenta de agua de cañería como agua mineral, los deputados Rodrigo Gamarra (ANR-Central) y Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), presentaron un proyecto de ley “De control y certificación obligatoria del agua mineral en Paraguay”. 

Según la exposición de motivos, la iniciativa busca establecer un marco normativo claro que asegure la calidad, trazabilidad y seguridad del agua embotellada destinada al consumo humano, protegiendo la salud pública y los derechos de los consumidores.

Agrega que el proyecto surge tras un caso emblemático en Loma Merlo, Luque, donde se detectó la venta de agua de cañería embotellada como agua mineral, lo que evidencia la falta de controles efectivos. 

Los proyectistas aseguran que el actual sistema de control presenta serias limitaciones: el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) regula el agua mineral envasada, pero sus controles se basan, principalmente, en muestras obtenidas de los propios distribuidores, "lo que no garantiza la calidad real ni la seguridad del producto desde su origen".

Por su parte, la Entidad Reguladora de Servicios Sanitarios (ERSSAN) fiscaliza, únicamente, la infraestructura de las aguateras, sin tener competencia directa sobre la calidad del agua embotellada.

Los diputados también señalan que el convenio voluntario firmado en 2013 entre la Cámara Paraguaya de Agua Mineral (CAPAM) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), carece de obligatoriedad y no contempla sanciones formales, limitando su efectividad. “No ha sido suficiente para frenar la proliferación de aguateras fantasmas que operan sin cumplir estándares sanitarios”, afirman. 

La propuesta legislativa establece medidas concretas: registro obligatorio de embotelladoras y distribuidores ante INAN, ERSSAN e INTN; certificaciones técnicas anuales basadas en análisis de laboratorios acreditados; inspecciones periódicas no anunciadas; y muestreos mensuales conforme a estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

También exige etiquetado claro con información sobre el tipo de agua, su origen y análisis recientes, además de un registro público digital para transparentar los datos de operadores certificados y sanciones.

El proyecto contempla sanciones como multas, decomisos, suspensión temporal o cierre definitivo para quienes comercialicen agua sin certificación, falsifiquen resultados o incumplan la normativa. 

Para su implementación, se prevé la coordinación entre INAN, ERSSAN e INTN, con un plazo de 180 días para la entrada en vigor tras su publicación y 90 días para su reglamentación por el Poder Ejecutivo.

Finalmente, la exposición de motivos indica que esta iniciativa se alinea con estándares internacionales, como los de la OMS, la FDA de Estados Unidos y normativas de Canadá y la Unión Europea, que priorizan la seguridad y trazabilidad del agua embotellada. 

Los legisladores subrayan que la ley busca no solo proteger la salud pública, sino también fortalecer la confianza en el sector formal de agua mineral en Paraguay, afectado por prácticas fraudulentas.