(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley “Que crea el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía”, en una nueva reforma institucional que busca modernizar y optimizar la administración pública de nuestro país. 

La iniciativa, fundamentada en el artículo 203 de la Constitución Nacional, propone fusionar el actual Ministerio de Industria y Comercio; el Viceministerio de Minas y Energía (dependiente del MOPC); y la Secretaría Nacional de Turismo, bajo una única estructura organizacional.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo justifica la medida señalando que “nuestra administración pública ha sido en muchos casos fruto de intervenciones legislativas esporádicas o no sistemáticas”, citando como ejemplo paradigmático al Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del MOPC “con el cual no tiene mayor punto de contacto misional”.

El proyecto destaca la desconexión existente entre sectores estrechamente vinculados: “mientras Paraguay produce enormes cantidades de energía limpia a través de Itaipú y Yacyretá, el ministerio encargado del desarrollo industrial permanece, totalmente, aislado e incomunicado del órgano responsable de la política energética”, asegura el Poder Ejecutivo.

Según el documento, el MIC estará conformado por cinco viceministerios: Industria; Comercio y Servicios; Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; Turismo; y Minas y Energía. Esta estructura absorberá todas las competencias, funciones y obligaciones de los organismos suprimidos.

La exposición de motivos señala, igualmente, que la medida se enmarca en una serie de reformas implementadas por la actual administración, incluyendo la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la consolidación del Ministerio de Economía y la nueva ley orgánica de la administración pública.

Agrega que el nuevo ministerio tendrá facultades para formular políticas en materia industrial, comercial, energética, minera y turística; otorgar autorizaciones y concesiones; fiscalizar actividades del sector; e implementar políticas para garantizar la seguridad energética del país.

Incluye un régimen sancionatorio con multas de hasta 2.000 jornales mínimos, decomiso de mercaderías y clausura de establecimientos, estableciendo además un sistema de participación del 20% en las multas para denunciantes y funcionarios fiscalizadores.

Por otro lado, el documento asegura que el nuevo ministerio heredará todo el patrimonio de los organismos absorbidos y contará con recursos del Presupuesto General de la Nación, tasas y aranceles, multas, donaciones y convenios internacionales. Se garantiza, igualmente, la continuidad laboral de todos los funcionarios con sus derechos adquiridos.

El proyecto autoriza al ministerio a realizar una “reingeniería del capital humano” con un sistema de desvinculación laboral voluntaria para optimizar recursos humanos, según la justificación. 

En esencia, la iniciativa busca “conectar finalmente” la abundante producción de energía limpia del país con el desarrollo industrial, promoviendo la “tan ansiada industrialización” que ha sido históricamente postergada por la desarticulación institucional.

El Gobierno Nacional, asegura el texto, presenta esta reforma como parte irreversible del proceso de modernización estatal, siguiendo “las mejores técnicas de la ciencia de la administración pública” para lograr una mejor realización de los fines del Estado paraguayo.

La propuesta, primero, deberá ser analizada por las diferentes comisiones asesoras antes de su tramitación por la plenaria de la Cámara Baja.