(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el legislador Yamil Esgaib (ANR-Capital), emitió dictamen favorable, con modificaciones, al proyecto de ley que propone una sustancial reforma del Código Penal Paraguayo, con el objetivo de endurecer significativamente las penas por delitos de corrupción en la función pública.

La propuesta establece penas de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en actos ilícitos específicos, considerados de alta gravedad para el Estado y la sociedad.

Subraya la necesidad de una disuasión legal efectiva para el combate frontal a la corrupción pública y privada, destacando que el crimen organizado nacional se sostiene gracias al apoyo de determinados funcionarios públicos, generando un drenaje sistemático del patrimonio estatal.

Asimismo, sostiene que la corrupción pública vulnera derechos humanos fundamentales y que sus efectos son comparables a los crímenes de lesa humanidad, al deteriorar servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad ciudadana.

La normativa lleva por acápite: “Que modifica los artículos 192 y 312 de la Ley N° 1.160/1997, Código Penal, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 3.440/2008; los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305 de la Ley N° 1.160/1997, Código Penal; y los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la Ley N° 2.523/2004, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”.

Según se informó, durante el estudio en plenaria serán expuestos todos los fundamentos jurídicos, técnicos y constitucionales que respaldan el dictamen favorable.

Violencia dentro del grupo familiar

En otro momento, el estamento resolvió aconsejar la aceptación de la objeción formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar”.

Si bien el objetivo era dotar de mayor celeridad y especialización al abordaje judicial de los casos de violencia intrafamiliar, así como garantizar la efectiva protección de las víctimas y una evaluación más rigurosa de las denuncias falsas, el Ejecutivo cuestionó aspectos operativos y normativos, motivo por el cual la comisión recomendó la aceptación del veto.

Los fundamentos serán expuestos ante el plenario durante el tratamiento correspondiente.

Carreras clandestinas

Finalmente, la Comisión de Justicia dictaminó la aprobación del proyecto de ley “Que tipifica como crimen la realización de carreras clandestinas de vehículos motorizados y establece el decomiso del vehículo como sanción accesoria”.

Esto fue presentado por los diputados Jorge Barressi (ANR-San Pedro); Liz Acosta (ANR-Alto Paraná); y Yamil Esgaib (ANR-Capital), con el objetivo de penalizar la organización, promoción, participación o facilitación de carreras ilegales en la vía pública o en espacios no autorizados.

Esto, teniendo en cuenta que dicha carreras constituyen una grave amenaza para la seguridad vial.

La propuesta establece como sanción accesoria el decomiso del vehículo utilizado, a fin de desalentar ese tipo de prácticas.