Dictamen favorable para extender vigencia de la ley de emergencia nacional por consumo de drogas
Publicado el: 2025-07-28

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, presidida por el diputado Pedro Ortíz (ANR-Central), emitió un dictamen favorable para el proyecto de ley “Que modifica el artículo 2° de la Ley N° 7.104/2023, que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio de la República del Paraguay”.
La propuesta plantea extender la vigencia de dicha normativa hasta el 31 de diciembre del año 2030, con el fin de fortalecer y dar continuidad a las políticas públicas implementadas a través del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas (SUMAR), impulsado por el Poder Ejecutivo.
Según la exposición de motivos, pese a los avances logrados desde la promulgación de la Ley N° 7.104/2023, la problemática del consumo de drogas continúa en aumento, lo que hace necesaria una respuesta estatal sostenida, coordinada e interinstitucional.
“El plazo actual de la ley es hasta 2026. Con esta modificación se propone ampliarlo hasta 2030 y por ello nos expedimos favorablemente sin modificaciones”, expresó el presidente del órgano asesor.
En la misma reunión, fue objeto de análisis el proyecto “Que tipifica como crimen la realización de carreras clandestinas de vehículos motorizados y establece el decomiso del vehículo como sanción accesoria”.
La normativa fue presentada por los diputados Jorge Barressi (ANR-San Pedro); Liz Acosta (ANR-Alto Paraná); y Yamil Esgaib (ANR-Capital).
Busca sancionar penalmente la organización, promoción, participación o facilitación de carreras clandestinas en la vía pública o en sitios no habilitados, estableciendo como pena accesoria el decomiso del vehículo involucrado.
Para la emisión del dictamen, la comisión solicitó pareceres institucionales a varios organismos y entidades: Policía Nacional; Ministerio Público; Ministerio del Interior; Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; Corte Suprema de Justicia; Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
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