(Redacción: Prensa –Dirección de Comunicación). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), estableció un total de 19 puntos en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para este martes 29 de julio a partir de las 09:00 horas. A continuación una síntesis de los temas a ser tratados en la ocasión.

Día del Politólogo 

El orden del día a ser desarrollado en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de si sesión ordinaria próxima, prevé el estudio del proyecto de ley “Que declara el 27 de abril como Día Nacional del Politólogo Paraguayo”. 

El objetivo de este proyecto es establecer una fecha de reconocimiento a todos los profesionales del área de las ciencias políticas, que fomentan ciencia, cultura democrática y participación ciudadana en los procesos políticos, según el escrito de presentación. 

Explica que el 27 de abril fue la fecha elegida en conmemoración al Primer Congreso Internacional de Ciencias Políticas, llevado a cabo en el año 2016, en la ciudad de Coronel Oviedo. 

Agrega que dicha actividad contó con el respaldo académico de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), y reunió a renombrados expertos de la región, que dictaron conferencias magistrales sobre el acontecer político y nutrieron con sus experiencias a los participantes.

“El trabajo profesional de los politólogos ha ido creciendo y constituye una pieza clave por fomentar la cultura cívica, la implementación de políticas públicas, nuevos liderazgos y la participación ciudadana en los procesos políticos”, dice parte de la exposición de motivos.

Esta propuesta, que se encuentra en su primer trámite constitucional, cuenta con aprobación, en general, y en esta ocasión se prevé su estudio, en particular.

Pedidos de intervención municipal

La plenaria de la Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria próxima, también tiene previsto analizar el pedido de acuerdo constitucional para la intervención de los municipios de Ñemby, Departamento Central; e Ybyrarovana, Departamento de Canindeyú. 

En el primer caso, el intendente Tomás Olmedo tiene denuncias con relación a los supuestos hechos de mal desempeño en funciones o graves indicios de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

“(…) Esta corporación (Junta Municipal de Ñemby), después de hacer un análisis exhaustivo de la situación económica, financiera, patrimonial y de recursos humanos de la Municipalidad de Nemby, encontramos que, la única vía para restablecer el funcionamiento normal e institucional de la Intendencia Municipal, será el de la intervención”, dice parte de la nota presentada por la Junta Municipal de Ñemby, solicitando la intervención. 

En el segundo caso, la Junta Municipal de la Municipalidad de Ybyrarovana, nota mediante, solicitó se disponga la intervención de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, de la administración municipal de César Darío Machuca Ovelar, en base, según el documento, a las numerosas irregularidades y fuertes indicios de la comisión de hechos punibles en su administración. 

“(…) El informe anual de gestión (del intendente Machuca Ovelar), fue rechazado por la Junta Municipal, por no contar con la documentación respaldatoria para justificar las erogaciones y desembolsos realizados. Asimismo, se han recibido obras inconclusas, figurando en los papeles como terminadas y aceptadas por la administración municipal, ocasionando no solo un perjuicio al municipio, sino también incurriendo en Hecho Punible de Lesión de Confianza, lo cual fue denunciando ante el Ministerio Publico, en fecha 28 de julio de 2023”. 

De concederse el acuerdo constitucional, la Cámara de Diputados deberá conformar comisiones especiales para analizar cada una de las denuncias. 

Penas más severas para funcionarios públicos 

El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados, incluye también el tratamiento de un proyecto de ley que busca modificar, sustancialmente, las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.

La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de "disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada", señalando que "el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio".

Sostiene, por otro lado, que la corrupción pública "atenta directamente contra los derechos humanos" y que "sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad", al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.

El proyecto tiene el siguiente acápite: “Que modifica los artículos 192 y 312 de la Ley Nº 1160/1997, Código Penal, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 3.440/2008, Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1.160/97, Código Penal, los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305 de la Ley N° 1.160/1997, Código Penal, y los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la Ley Nº 2523/04, Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”

Las principales modificaciones al Código Penal propuestas en el proyecto de ley se resume de la siguiente manera: 

Lesión de confianza (Art. 192)

Pena actual: Hasta 5 años o multa

Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).

Exacción (Art. 312)

Pena actual: 10 años o con multa

Pena propuesta: 10 a 20 años

El artículo 2º del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:

Asociación criminal (Art. 239)

Pena actual: Hasta 5 años

Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos

Quebrantamiento del depósito (Art. 298)

Pena actual: Hasta 2 años o multa

Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos

Cohecho pasivo (Art. 300)

Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces

Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces

Cohecho pasivo agravado (Art. 301)

Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces

Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces

Prevaricato (Art. 305)

Pena actual: 2 a 5 años 

Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)

En el artículo 3° del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la Ley Nº 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:

Enriquecimiento ilícito (Art. 3°)

Pena actual: 1 a 10 años

Pena propuesta: 10 a 15 años

Tráfico de influencias (Art. 7°)

Pena actual: hasta 3 años

Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).

Administración en provecho propio (Art. 8°)

Pena actual: hasta 10 años

Pena propuesta: 15 a 25 años.

El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración.

La iniciativa busca reforzar "la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas", según expresó el diputado en su fundamentación.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Espacio público ocupado por chatarras   

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados también prevé el estudio del proyecto de ley “Que amplía los artículos 50, 73 y 75 de la Ley N° 1562/2000, ‘Orgánica del Ministerio Público’”. 

Este proyecto permitirá al Ministerio Público disponer de miles de vehículos y bienes muebles abandonados que, actualmente, ocupan espacios en sus dependencias y en comisarías de la Policía Nacional, generando problemas ambientales y de tránsito en la capital.

La iniciativa legislativa propone ampliar las atribuciones del fiscal general del Estado para que pueda declarar en estado de abandono los bienes que ya no forman parte de causas judiciales activas y que representan "un peligro para el medio ambiente, la salud y la seguridad en general".

Según la exposición de motivos del proyecto, las dependencias del Ministerio Público y de la Policía Nacional enfrentan una grave saturación de espacios debido a la acumulación de vehículos decomisados que, tras el cierre de las causas judiciales, quedan abandonados y se convierten en chatarra.

“Esta situación no solo genera daño ambiental, sino que también obstaculiza el tránsito vehicular en espacios públicos y avenidas, afectando la movilidad de miles de ciudadanos que, diariamente, deben enfrentar el caótico tránsito de Asunción”, dice parte de la exposición de motivos.

El proyecto de ley modifica los artículos 50, 73 y 75 de la Ley N° 1562/2000 "Orgánica del Ministerio Público", otorgando al fiscal general del Estado nuevas atribuciones para: declarar formalmente el estado de abandono de bienes muebles; ordenar la destrucción, subasta o donación de los bienes abandonados; y generar recursos económicos para fortalecer la institución.

El documento señala que la medida permitirá liberar espacios públicos ocupados por vehículos retenidos, mejorando el flujo vehicular en la capital; generar ingresos por las subastas; eliminar focos de contaminación generados por vehículos en descomposición; y optimizar el uso de espacios en las dependencias oficiales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.  

Ampliaciones presupuestarias

La Cámara de Diputados, igualmente, analizará dos proyectos de ley relacionados con ampliaciones del Presupuesto General de la Nación: uno para la Corte Suprema de Justicia; y el otro para el Ministerio de Defensa Nacional. 

Corte Suprema de Justicia: La propuesta para el Poder Judicial asciende a G. 104.546.667 y busca regularizar categorías existentes en el Anexo del Personal y realizar traslados de cargos entre programas.

El financiamiento se realizará mediante la eliminación de cargos vacantes y la reasignación de créditos presupuestarios de cargos jerárquicos, específicamente, de los Objetos del Gasto 111 (Sueldos) y 113 (Gastos de Representación). Esta estrategia representa una reorganización interna sin incrementar el número total de funcionarios, según la exposición de motivos. 

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.

Ministerio de Defensa Nacional: Por otro lado, la ampliación solicitada para el Ministerio de Defensa Nacional asciende a G. 36.989.084.573 en la Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Institucionales). Los fondos permitirán cubrir la adquisición de materias primas para la comercialización de explosivos, accesorios y afines, conforme a la Ley Nº 7411/2024 sobre armas de fuego, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos.

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.

Creación de juzgados de Paz 

La plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, igualmente, considerará el proyecto de ley “Que crea juzgados de Paz en varias circunscripciones judiciales del país sin afectación presupuestaria”.

La exposición de motivos del proyecto expresa que los juzgados de Paz, a nivel país, pero principalmente en Capital, atraviesan una severa crisis operativa debido a la acumulación excesiva de casos pendientes, situación que está comprometiendo, seriamente, la eficiencia del sistema judicial y poniendo en riesgo el acceso oportuno a la justicia para los ciudadanos.

“La sobrecarga de trabajo ha superado la capacidad humana de los administradores de justicia, provocando una congestión que dilata, excesivamente, la duración de los procesos judiciales. Esta situación representa un riesgo latente para los derechos fundamentales de los ciudadanos”, expresa parte del documento. 

Agrega que el problema resulta, particularmente, preocupante considerando que una de las misiones principales de los juzgados de Paz es precisamente facilitar el acceso a la justicia, función que se ve seriamente comprometida por la actual situación, según revela el documento. 

En esencia, el proyecto plantea la creación de más juzgados en el entendimiento que estos nuevos órganos judiciales absorban la sobrecarga laboral sin generar impacto presupuestario, permitiendo descongestionar el sistema actual y restaurar la eficiencia en la prestación del servicio de justicia.

Establece que los nuevos juzgados serán distribuidos de la siguiente manera: dos juzgados de Paz para el distrito San Roque; tres juzgados de Paz para el distrito La Catedral; cuatro juzgados de Paz para el distrito La Encarnación; dos juzgados de Paz para la ciudad de Ciudad del Este; un juzgado de Paz para la ciudad de San Lorenzo; y un juzgado de Paz para la ciudad de Minga Guazú.

La lista continúa con un juzgado de Paz para la ciudad de Presidente Franco; dos juzgados de Paz para la ciudad de Luque; un juzgado de Paz para la ciudad de Fernando de la Mora; un juzgado de Paz para la ciudad de Lambaré; un juzgado de Paz para la ciudad de San Estanislao; un juzgado de Paz para la ciudad de Capiatá; y un juzgado de Paz para la ciudad de Santa Rosa Misiones.

Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Se encuentra en su segundo trámite constitucional.

Uso de químicos en minería

Otro de los documentos que se pondrá a consideración de la Cámara de Diputados, en ocasión de la sesión ordinaria próxima, es un proyecto de ley que busca prohibir el uso de cianuro de sodio en los procesos de lixiviación en pila o piletas, así como el mercurio en todos los procesos de producción minera en el territorio nacional.

La iniciativa, titulada "Que prohíbe el uso de las sustancias químicas cianuro de sodio en la lixiviación en pila o piletas y mercurio en todos los procesos de producción minera", tiene como objetivo principal salvaguardar la salud pública y preservar los recursos naturales, con especial énfasis en la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad.

"El uso de las sustancias químicas como el cianuro de sodio y el mercurio en el campo de la explotación minera y sus consecuencias nocivas en la salud y el medio ambiente es de conocimiento general", expresa la exposición de motivos.

Según se explica en el documento presentado, el cianuro de sodio es un compuesto químico altamente eficiente para la extracción de oro, con una efectividad del 95-98%, pero extremadamente tóxico. 

“Cuando entra en contacto con células vivas produce una reacción química que inhibe las funciones respiratorias, causando la muerte celular. En humanos, una cantidad equivalente a dos granos de arroz puede ser letal”, dice parte de la justificación del proyecto

Agrega, por otro lado, que el mercurio, utilizado principalmente en la minería artesanal y de pequeña escala para purificar oro, causa daños al sistema nervioso, problemas renales y, afectaciones a otros órganos como el intestino, además de impactar negativamente en la reproducción y el ADN.

La propuesta contempla sanciones significativas para quienes violen la prohibición: pena privativa de libertad de cinco a diez años y multa de 500 a 2.500 jornales mínimos.

En casos graves, la pena podrá aumentarse de seis a doce años con multa de 1.000 a 5.000 jornales mínimos.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Seguridad de repartidores a domicilio 

La Cámara de Diputados, en ocasión  pondrá a consideración de su plenaria el proyecto de ley “Que regula la seguridad de prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio”, que tiene como objetivo responder a la creciente necesidad de proteger a los actores involucrados en este tipo de servicios, comúnmente denominados deliveries, cada vez más utilizados en el país.

El documento destaca que el avance tecnológico y la masificación del uso de aplicaciones móviles han transformado la forma en que las personas se trasladan y acceden a bienes y servicios. No obstante, alega, también ha generado situaciones de riesgo y vacíos legales que requieren atención urgente.

Según la exposición de motivos, en los últimos años se han registrado múltiples denuncias de hechos de violencia y situaciones que han puesto en riesgo la integridad de conductores, repartidores y usuarios, sin que exista hasta la fecha una normativa específica que garantice una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Entre las medidas más destacadas del proyecto se incluye la obligación de las plataformas digitales de implementar un botón de pánico, tanto para usuarios como para trabajadores, que alerte a las autoridades en tiempo real ante situaciones de emergencia.

También se establece que las empresas deberán contar con un lugar físico de atención al público en Paraguay, y garantizar mecanismos transparentes para la resolución de conflictos, así como políticas claras sobre la reputación digital de usuarios y prestadores.

La propuesta contempla además una Mesa de Trabajo Permanente, integrada por representantes del sector público, empresas y trabajadores, con el objetivo de mantener un diálogo constante sobre el funcionamiento de estas plataformas, proponer mejoras y atender problemáticas emergentes.

En caso de incumplimientos, el proyecto contempla multas y sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas, cuyas recaudaciones serán distribuidas entre el Hospital del Trauma, el MOPC y el MITIC, con el fin de reforzar la fiscalización y promover programas vinculados a la seguridad y el desarrollo tecnológico.

La propuesta legislativa plantea, igualmente, la creación del Registro en Plataformas Digitales de Servicios, que estará a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). Asimismo, designa como autoridad de aplicación al Viceministerio de Transporte, que será responsable del control y fiscalización del cumplimiento de la norma, en colaboración con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que tendrán acceso a la base de datos para casos de denuncias o investigaciones.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Voto preferencial a suplentes

La plenaria de la Cámara de Diputados, también incluyó en su orden del día, a ser desarrollado en ocasión de su sesión ordinaria próxima, un nuevo proyecto de ley que pretende modificar el sistema electoral paraguayo para que el voto preferencial emitido a favor de un candidato titular también compute automáticamente para su respectivo suplente.

La iniciativa tiene el siguiente acápite: “Que modifica el artículo 1 de la Ley N° 6918, Que modifica los artículos 170, 246, 247, 248 y 258 de la Ley N° 834/96, Que establece el Código Electoral Paraguayo y sus modificatorias leyes Nros.  3166/2007 y 6318/2019"

Según la exposición de motivos, se fundamenta en el principio jurídico de que "la suerte del principal le sigue al accesorio". 

Agrega que, actualmente, el voto preferencial solo beneficia al candidato titular, mientras que el suplente únicamente recibe los votos al lema del partido.

El proyecto establece que el voto preferencial emitido a cualquier candidato titular de una lista se computará también para su suplente, conforme a la propuesta presentada por el partido o movimiento político correspondiente.

Además, la norma extiende este sistema de votación y asignación de escaños a las elecciones internas de los partidos políticos para cargos de representación nacional, departamental y municipal, exceptuando únicamente el caso de los senadores.

Los promotores de la iniciativa buscan corregir lo que consideran una inconsistencia en el actual sistema electoral, donde no se aplica, uniformemente, la regla jurídica del vínculo entre titular y suplente al momento del conteo de votos preferenciales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Uso de medicamentos corticoides 

Otro de los documentos, cuyo análisis está previsto en ocasión de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, trata de un proyecto de ley que busca regular, estrictamente, el uso de medicamentos que contienen corticoides, debido al creciente abuso y sus consecuencias negativas para la salud pública.

La propuesta legislativa, denominada “De la correcta utilización de medicamentos corticoides”, tiene como objetivo establecer un marco normativo que garantice el uso racional y seguro de estos fármacos, cuya efectividad en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, inflamatorias y alérgicas es ampliamente reconocida, pero que, en manos inadecuadas, pueden generar efectos adversos graves.

En la exposición de motivos se explica que, entre las complicaciones asociadas al uso incorrecto de corticoides se mencionan la supresión del sistema inmunológico, aumento del riesgo de infecciones, osteoporosis, alteraciones metabólicas, trastornos hormonales y efectos psicológicos como ansiedad y depresión.

El proyecto establece que la venta de corticoides en farmacias estará permitida únicamente bajo receta médica, debidamente emitida por un profesional autorizado, y estipula sanciones para aquellos establecimientos que incumplan esta disposición, incluyendo la suspensión e incluso el retiro de la licencia para operar en casos graves o reincidentes.

Contempla, igualmente, campañas de educación y concienciación, dirigidas tanto a profesionales de la salud como a la ciudadanía en general, sobre los riesgos del uso indebido de estos medicamentos.

“Es fundamental que médicos, farmacéuticos y pacientes trabajen en conjunto para asegurar un acceso responsable a estos tratamientos. Esta ley no busca restringir el acceso, sino proteger la salud de todos los paraguayos”, se remarca en la justificación del proyecto. 

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Pensión a personas con discapacidad severa 

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados prevé, igualmente, considerar un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente de su edad.

El acápite oficial del documento es: “Que modifica los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

La propuesta legislativa surge como respuesta a una "omisión significativa" en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica, según la exposición de motivos. 

El proyecto prevé otorgar un aporte económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo vital a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La ley actual no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos", se argumenta en el escrito de presentación.

Artículo 3: Establece la incorporación de las personas con discapacidad severa, certificadas por SENADIS, como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente de la edad.

Artículo 7: Crea el "Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa" como complemento al fondo existente para adultos mayores.

Artículo 8: Establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Artículo 12: Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

“La  medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviará la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa”, dice, finalmente, la exposición de motivos. 

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Permisos por duelo parental 

La plenaria de la Cámara de Diputados, igualmente, analizara en su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que aprueba permisos por duelo parental y otros permisos parentales”, con el objetivo de establecer licencias laborales específicas para casos de duelo parental, perinatal y neonatal. Además, implementa el protocolo "Código Mariposa" en establecimientos sanitarios para el abordaje de muertes gestacionales y neonatales.

La iniciativa, según la exposición de motivos, surge ante las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) que registra anualmente entre 350 y 450 fallecimientos de menores de un año, evidenciando la necesidad de abordar los vacíos legales en lo que respecta al proceso de duelo y sus implicancias.

El proyecto plantea diferentes períodos de permiso laboral según el tiempo de gestación: dos semanas para muerte fetal temprana (hasta la semana 22); cuatro semanas para muerte fetal intermedia (semanas 23 a 28); y ocho semanas, tanto para muerte fetal tardía (desde la semana 29), como para muerte neonatal (hasta los cuatro meses del nacimiento).

La propuesta establece que los padres trabajadores tendrán derecho a un permiso de dos semanas con goce de sueldo.

Además, contempla la implementación obligatoria del "Código Mariposa", un protocolo que incluye la capacitación del personal sanitario, la disposición de salas especiales para familias en duelo, y el acompañamiento psicológico profesional.

El texto también introduce el concepto de "permiso parental compartido", permitiendo que los padres distribuyan entre sí las últimas ocho semanas del permiso maternal, siempre que cumplan con ciertos requisitos y no tengan antecedentes de violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias.

La normativa prevé sanciones de hasta 100 jornales mínimos para empleadores que contravengan estas disposiciones, monto que se elevaría a 150 jornales en caso de reincidencia, siendo el Ministerio de Trabajo la autoridad de aplicación.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Reglamentación de la Sanción Automática 

La plenaria dela Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, estudiará un proyecto de ley busca reglamentar los artículos 208, 209 y 211 de la Constitución Nacional, estableciendo procedimientos claros para la sanción automática de proyectos de ley. 

El objetivo principal es brindar eficacia y celeridad al proceso legislativo, evitando demoras innecesarias en el trámite de leyes.

El proyecto "Que reglamenta los artículos 208, 209 y 211 de la Constitución de la República del Paraguay, ‘De la sanción automática’", busca las siguientes modificaciones: 

Objeciones del Poder Ejecutivo (Artículo 1°)

Mantiene el plazo de 60 días corridos para que las Cámaras se pronuncien sobre objeciones totales o parciales del Ejecutivo

Novedad: Incorpora un mecanismo de reclamo formal por escrito cuando una cámara no se pronuncia dentro del plazo. Si no hay pronunciamiento, se entenderá aprobado lo resuelto por la otra Cámara o el Poder Ejecutivo.

Sanción Automática (Artículo 2°)

Clarifica que los 3 meses equivalen exactamente a 90 días. Especifica que el cómputo es "por mes vencido" desde el ingreso a mesa de entrada.

Novedad: Establece procedimiento de reclamo formal y remisión automática al Poder Ejecutivo para la promulgación.

Períodos de Prórroga (Artículo 3°)

Novedad importante: Durante las prórrogas del período ordinario de sesiones, el plazo de sanción automática NO se interrumpe. Una vez terminada la prórroga, se reanuda el cómputo del tiempo restante.

Según la exposición de motivos, el proyecto busca unificar criterios sobre los plazos constitucionales; evitar malentendidos en el trámite legislativo; garantizar el cumplimiento de los plazos constitucionales, mediante procedimientos administrativos claros; y agilizar la promulgación de leyes que han vencido los plazos.

En esencia, pretende dotar de mayor certeza jurídica al proceso legislativo estableciendo mecanismos concretos para hacer efectiva la sanción automática prevista en la Constitución Nacional.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, fue modificado, en segunda instancia, por la Cámara de Senadores, que devolvió el proyecto para su siguiente trámite. 

Guarderías en universidades públicas 

Otro de los documentos, cuyo análisis figura en el orden del día de la Cámara de Diputados, trata del proyecto de ley “Que crea el servicio de guarderías infantiles en las universidades públicas del país”.

Según el texto del proyecto, el objetivo principal es "ofrecer una solución a las barreras que enfrentan las madres jóvenes en su trayectoria educativa" y "reforzar el bienestar de las estudiantes al proporcionarles acceso a servicios de cuidado infantil para sus hijos".

Los proyectistas argumentan que la falta de instalaciones para cuidar a los hijos pequeños representa un "verdadero impedimento" para que muchas madres puedan continuar sus estudios universitarios.

"Creemos que hay madres estudiantes que tienen hijos menores y que al momento de cursar la carrera que escogieron, el hecho de no tener con quien dejarlos, se ha convertido en un verdadero impedimento de seguir con el sueño de ser una profesional", señala el proyecto.

La iniciativa establece que las guarderías deberán funcionar dentro de las mismas instalaciones universitarias y bajo la supervisión del Rectorado. Además, diversos ministerios (Salud, Educación, Niñez y Adolescencia, Desarrollo Social) tendrán a cargo la supervisión de las condiciones en que se prestan estos servicios.

Para la aplicación de la presente ley, establece el proyecto, que la Universidad Nacional, dispondrá de partidas presupuestarias que le serán asignadas anualmente en el Presupuesto General de la Nación.

Estas partidas serán incluidas como un rubro especifico y no podrán ser utilizadas para fines distintos a los previstos en la presente ley y tampoco podrán ser objeto de disminución o desmedro, según el documento.

La Cámara de Senadores, tras la aprobación en Diputados, rechazó la iniciativa en segunda instancia. Se encuentra en su tercer trámite constitucional. 

Objeción del Ejecutivo a bajar costo del peaje

El siguiente documento a ser estudiado por la plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, es el Decreto N° 4033, "Por el cual se objeta totalmente el proyecto de Ley N° 7477, “De regulación del costo del peaje al tránsito automotor en relación a los pobladores del Bajo Chaco”. 

Esta iniciativa tiene la intención de reducir al 50% el costo de la tarifa que pagan los automovilistas, específicamente, en el puesto de peaje de Puente Remanso.

Como contexto, es importante mencionar que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, había decidido incrementar de G. 5.000 a G. 10.000, el costo del peaje en el Puente Remanso, de manera a unificarlo con el precio establecido en el nuevo Puente Héroes del Chaco.

Según la exposición de motivos, esta presentación responde a una necesidad de los pobladores de Villa Hayes, Benjamín Aceval, Nanawa, Nueva Asunción y Puerto José Falcón, cuyas actividades se desarrollan, preferentemente, en los distritos de Asunción, Mariano Roque Alonso, Limpio y otras localidades.

En esencia, el proyecto establece que los conductores de los mencionados distritos del Bajo Chaco “abonarán en el Puesto de Control-Peaje ubicado en la cabecera del Puente Remanso como tasa de tránsito el equivalente al 50% del monto correspondiente a las características del vehículo automotor”.

El Poder Ejecutivo, sin embargo, alegó que desde el punto de vista de la capacidad financiera del MOPC, la Red Vial Nacional requiere de importantes niveles de recursos para asegurar el funcionamiento y cumplir el objetivo de desarrollo sustentable.

“La reducción de los ingresos del MOPC, que resultaría de la aprobación del proyecto de ley, podría perjudicar sensiblemente la capacidad de construcción y mejoramiento de rutas nacionales y el mejoramiento de caminos, los cuales son esenciales para facilitar el transporte de personas y mercaderías, conectando diferentes distritos, ciudades, regiones y promoviendo el desarrollo económico y social.

El aporte de los usuarios a través de la tasa de peaje es una herramienta financiera fundamental para obtener recursos que permitan avanzar hacia un proceso de rutas más seguras, transitables y en constante mejora, minimizando la dependencia de recursos de fondos externos para afrontar estos desafíos", dice parte de la objeción del Poder Ejecutivo.

Día Nacional del Estudiante

Igualmente, en ocasión de la sesión ordinaria de Diputados, la plenaria prevé el estudio del proyecto de ley que busca proclamar el 23 de octubre de cada año como el "Día Nacional del Estudiante".

Esta iniciativa tiene como objetivo principal conmemorar y reconocer el papel fundamental que desempeñan los estudiantes en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, según el documento de fundamentación.

En la exposición de motivos del proyecto, se establece que "la educación es un pilar fundamental para el desarrollo y progreso de cualquier nación" y que "los estudiantes son la esperanza y el futuro de nuestra patria", por lo que es esencial reconocer su importancia dentro de la sociedad paraguaya.

Agrega que la fecha propuesta para celebrar el Día Nacional del Estudiante hace referencia a la gesta estudiantil del 23 de octubre de 1931, cuando estudiantes secundarios y universitarios se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir una contundente respuesta a la invasión boliviana al Chaco Paraguayo.

“Lamentablemente, la manifestación fue reprimida, violentamente, por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 11 estudiantes fallecidos, quienes fueron las primeras víctimas de la Guerra del Chaco”, expresa el documento. 

El proyecto de ley plantea que, en el marco de esta conmemoración anual, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, puedan organizar una "Semana del Estudiante", con actividades como charlas, conferencias, eventos deportivos y culturales, concursos y ferias educativas, así como debates y paneles sobre las necesidades de los jóvenes.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.