Próxima sesión ordinaria de Diputados contempla el estudio de 22 proyectos de ley

 (Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), determinó que el orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes 8 de julio, sea integrado con 22 puntos. A continuación una síntesis de los principales puntos a ser abordados en la fecha.

Integración de comisiones permanentes 

La plenaria de la Cámara de Cámara de Diputados analizará, como primer punto del orden del día, la integración de las comisiones permanentes de asesoramiento, conforme al Art 136 del Reglamento Interno.

Los artículos concordantes dan cuenta que cada una de estas comisiones estará integrada por no menos de seis miembros ni más de nueve, con excepción de las comisiones de Presupuesto y la de Asuntos Económicos y Financieros, que estarán integradas por hasta quince miembros. 

También establece que todos los diputados tienen el derecho y la obligación de formar parte de una o más comisiones.

Para una mayor agilidad, generalmente, la plenaria  faculta a la Presidencia a coordinar con los líderes de las diferentes bancadas para la integración de dichas comisiones. 

Adecuación salarial para asistentes fiscales 

Otro de los proyectos a ser estudiado por la Cámara de Diputados es el “Que modifica el Art. 60 de la Ley 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público”, con la intención de establecer que los asistentes fiscales perciban un salario mensual equivalente al 65% del salario de los fiscales,  más las bonificaciones correspondientes al cargo.

En la exposición de motivos se explica que los asistentes fiscales desempeñan un papel "insustituible" dentro del Ministerio Público, actuando como intermediarios estratégicos entre abogados y fiscales. 

Destaca que estos profesionales son responsables de evaluar denuncias penales, preparar casos, coordinar entre diversas partes del proceso judicial y gestionar la comunicación en procedimientos críticos.

El proyecto denuncia que la remuneración actual de los asistentes fiscales "no refleja la complejidad ni la magnitud de sus responsabilidades" y resulta "particularmente inapropiada" considerando los recientes ajustes salariales otorgados a los actuarios judiciales. 

Señala, por otro lado que esta disparidad representa una "valoración insuficiente de su contribución vital al sistema de justicia”, 

La propuesta, finalmente, destaca que los asistentes fiscales van más allá del simple soporte administrativo, constituyendo "la columna vertebral" de operaciones críticas dentro del Ministerio Público. 

“Sus tareas incluyen la evaluación inicial de denuncias, preparación de casos para prosecución y gestión de comunicaciones entre partes involucradas en procesos judiciales”, refiere el documento. 

El proyecto se encuentra en su tercer trámite constitucional, tras sufrir modificaciones, en segunda instancia, en la Cámara de Senadores. 

Universidad Internacional de Desarrollo

La Cámara de Diputados también considerará, en la oportunidad, el proyecto de ley “Que crea la Universidad Internacional de Desarrollo”. Se trata de una entidad de gestión privada que se regirá por la presente normativa y adecuará su funcionamiento a lo establecido en el artículo 79° de la Constitución Nacional; la Ley N° 4.995/13, “De Educación Superior”; y las demás normas pertinentes y aplicables.

En la exposición de motivos se expresa que la propuesta tiene como cimientos las tendencias pedagógicas modernas; la adopción del enfoque por competencias; y la inserción del sistema de créditos académicos en los diferentes proyectos concernientes.

Subraya la planificación de un proceso educativo al servicio de la sociedad; el desarrollo del pensamiento crítico, creador y transformador; así como el reconocimiento y la transformación de los problemas sociales, con una educación inserta en la realidad regional y nacional; además de la formación de estudiantes autocríticos y docentes competentes.

Refiere el texto que la universidad propiciará como principios, la libertad de cátedra; el enfoque de la excelencia; y el aprendizaje en el centro del proceso formativo, fomentando el conocimiento y la cultura.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. Tras su aprobación por la Cámara de Diputados, en primera instancia, fue rechazado por la cámara revisora (Senado), y ahora devuelto para su consideración.  

Combate a la pornografía infantil 

Otro de los proyectos a ser considerado por la Cámara de Diputados, en oportunidad de su sesión ordinaria próxima, es  una iniciativa legislativa que establece la obligatoriedad de conservar datos de tráfico de internet para combatir la pornografía infantil y delitos relacionados.

Se trata del proyecto de ley “Que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y hechos punibles conexos”.

Este proyecto, según la exposición de motivos, regula el manejo de datos de tráfico por parte de proveedores de servicios de internet, sean personas físicas o jurídicas.

El proyecto exige a los proveedores conservar los datos de tráfico de las comunicaciones por un mínimo de seis meses.

El objetivo principal es facilitar la identificación de usuarios para la persecución penal y sanción de delitos de pornografía infantil que afecten a niños y adolescentes. Los proveedores deberán proporcionar informes que permitan identificar el protocolo de Internet (IP) del usuario a solicitud del Ministerio Público, a través de sus agentes fiscales y con autorización judicial, según el documento. 

El incumplimiento de estas obligaciones será considerado una "infracción muy grave" y conllevará multas de hasta 1.000 jornales mínimos por cada caso, independientemente, de la responsabilidad penal que pudiera existir.

Según datos, existen, aproximadamente, 1.000 reportes de material pornográfico infantil remitidos desde Paraguay al extranjero.

La propuesta se encuentra en su tercer trámite constitucional. La Cámara de Senadores, en segunda instancia, introdujo modificaciones al proyecto de ley y lo devolvió a la cámara de origen (Diputados). 

Área silvestre protegida 

La Cámara de Diputados también tiene agendado considerar un proyecto de ley que tiene el propósito de declarar como Área Silvestre Protegida a la cuenca del Río Aguaray Guazú. La iniciativa busca garantizar la protección del recurso hídrico, la fauna y la flora existente en la cuenca, desde su naciente hasta su desembocadura en el río Jejuí Guazú.

El proyecto, titulado "Que declara como área silvestre protegida, bajo dominio público y privado con la categoría de paisajes protegidos a la cuenca del Río Aguaray Guazú", propone una serie de medidas para preservar este importante ecosistema.

Entre estas medidas podemos mencionar la declaración de área protegida a perpetuidad; reforestación con especies nativas y frutales; exoneración del pago del impuesto inmobiliario para las propiedades afectadas; elaboración de un plan de manejo por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES); y la posibilidad de certificación de servicios ambientales

La exposición de motivos argumenta que la protección de esta área es de suma importancia dentro del marco de la conservación de los recursos naturales a nivel global. "Los recursos naturales actualmente requieren de una mayor supervisión y apoyo por parte de los seres humanos", señala el documento destacando que la deforestación y contaminación no solo atentan contra la naturaleza, sino también contra la fauna, flora y la propia existencia humana.

El proyecto de ley también contempla sanciones para quienes infrinjan las disposiciones, basándose en la Ley Nº 4770/12, Que modifica el artículo 202 del Código Penal Paraguayo.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. En segunda instancia fue rechazado el proyecto por la Cámara de Senadores.

Gestores del 2 y 3 de febrero de 1989

La Cámara de Diputados también pondrá a consideración de la su plenaria el proyecto de ley que tiene por objeto reconocer como "Beneméritos de la Patria" a los gestores y combatientes de la gesta libertadora del 2 y 3 de febrero de 1989, que permitió el retorno a la democracia en Paraguay.

El proyecto de ley busca otorgar un régimen de compensación a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron, directamente, de los operativos y arriesgaron sus vidas esa noche y madrugada para restablecer la democracia en el país, según la exposición de motivos.

Agrega que estos "beneméritos" no han recibido hasta la fecha ningún tipo de reconocimiento o compensación por su rol decisivo en aquel hecho histórico, a diferencia de los soldados conscriptos que sí fueron indemnizados mediante la Ley N° 7081 de 2023.

En esencia, el texto establece que podrán ser reconocidos como "beneméritos" los oficiales y suboficiales que participaron bajo comando operacional en unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional involucradas en la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989.

Asimismo, prevé que estos "gestores y combatientes" o sus herederos hasta el primer grado de consanguineidad, recibirán una compensación económica equivalente a 2.500 jornales mínimos, además de distinciones y honores.

El acápite del proyecto es el siguiente: “De reconocimiento como benemérito y que otorga un régimen de compensación a los gestores y combatientes de la gesta libertadora para la democracia del 2 y 3 de febrero del año 1989”.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Modificaciones presupuestarias 

La plenaria de la Cámara de Diputados también pondrá a consideración de su plenaria tres proyectos de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, que modifican el presupuesto institucional  del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA); del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN); y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

El primer caso trata del proyecto de ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408 del 30 de diciembre de 2024, ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025’, Instituto Paraguayo de Artesanía”.

Lo solicitado contempla la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones del personal, que asciende a la suma de 60.630.029, en la Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro), estará afectada al Presupuesto 2025 del Instituto Paraguayo de Artesanía.

La solicitud de modificación permitirá adecuar los recursos financieros para la creación de cinco cargos, que hacen referencia al concurso interno institucional para la desprecarización laboral del personal contratado en relación de dependencia de la mencionada institución.

El segundo caso trata del proyecto de ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408 del 30 de diciembre de 2024, ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025’, Ente Regulador de Servicios Sanitarios”.

Según la exposición de motivos, lo solicitado contempla la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones del personal, que asciende a la suma de G. 306.117.851, en la Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Institucionales).

La solicitud de modificación permitirá adecuar los recursos financieros para la creación de 21 cargos, que hace referencia al concurso interno institucional para la desprecarización laboral del personal contratado en relación de dependencia del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.

El tercer documento trata del proyecto de ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408 del 30 de diciembre de 2024, ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025’, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Este proyecto prevé la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones del personal, que asciende a la suma de G. 387.852.154, en la Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro), y 30 (Recursos Institucionales”.

La solicitud de modificación permitirá adecuar los recursos financieros para la creación de veinte cargos, que hacen referencia al concurso interno institucional para la desprecarización laboral del personal contratado en relación de dependencia del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los tres proyectos mencionados se encuentran en su primer trámite constitucional.

Registro Nacional de Pagarés   

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, igualmente, prevé el estudio del proyecto de ley “Que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC)”, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes en el sistema financiero paraguayo.

La iniciativa establece que todos los pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito deberán inscribirse, obligatoriamente, en el registro dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. Sin esta inscripción, los documentos no podrán ser ejecutados judicialmente ni serán oponibles a terceros, según la exposición de motivos. 

Prevé que el sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro que será requisito indispensable para iniciar cualquier acción judicial de ejecución. Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá notificación automática por SMS, correo electrónico y aplicaciones de mensajería para detectar posibles fraudes.

Según la exposición de motivos, la propuesta surge ante la ausencia de un registro centralizado que ha generado problemas como duplicación de documentos, circulación de títulos adulterados y dificultades para verificar su autenticidad. “Estas situaciones han afectado la confianza en el sistema financiero y ocasionado pérdidas significativas tanto a entidades financieras como a particulares”, refiere el documento. 

Establece, por otro lado, que podrán registrar títulos las entidades del sistema financiero reguladas, cooperativas de ahorro y crédito autorizadas, casas de bolsa, escribanos públicos y empresas emisoras de valores, todas previa autorización del Banco Central del Paraguay.

El proyecto estipula penas de tres a cinco años de prisión y multas de hasta el triple del monto defraudado para quienes falsifiquen títulos o registren documentos con datos falsos. “Los jueces que ejecuten documentos no registrados serán investigados y sancionados por la Corte Suprema de Justicia”, advierte el proyecto. 

La propuesta modifica el Código Procesal Civil, la Ley General de Bancos y el Código Civil para incorporar la obligatoriedad del registro. 

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Sistema Nacional de Transporte

Otro de los puntos a ser desarrollado por la plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria próxima, es el proyecto de ley “De Reforma del Sistema de Transporte Público”, que apunta a reformar el sistema de transporte público en torno al usuario.

Según la exposición de motivos, surge ante el diagnóstico de que el sistema actual padece de grandes problemas que impiden alcanzar el objetivo principal: un servicio que efectivamente contribuya al ejercicio de varios derechos, como el de la movilidad.

Entre los problemas señalados se encuentran la superposición de itinerarios; la dispersión normativa; y la baja calidad del servicio, además de una gobernanza institucional considerada difusa e ineficiente.

Uno de los ejes centrales es el rediseño de dicha gobernanza, para lo cual establece la centralización normativa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT), y una descentralización operativa a cargo de las gobernaciones.

El proyecto establece que la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), pasará a formar parte del VMT, eliminando la “bicefalia” existente, con un marco normativo y regulatorio que unifique normas existentes y las someta a determinados estándares que aseguren la calidad del servicio prestado.

Cada gobernación tendrá la facultad de ordenar los itinerarios y el servicio en su territorio, en coordinación con los municipios.

“Los itinerarios serán reordenados por el VMT y las gobernaciones, a fin de alcanzar una distribución efectiva que permita acceder al servicio a toda la ciudadanía, conectando las vías troncales con los ramales internos de cada municipio”, expone.

Para asegurar la continuidad del servicio se plantea un esquema de subsidio estatal “calculado tanto con base en la cantidad de validaciones como en la cantidad de kilómetros recorridos, de acuerdo con los estudios técnicos que se realicen sobre el asunto”.

Además, se establece que ninguna empresa de transporte podrá recibir subsidio público si no está en concordancia con las disposiciones y normativas de la Política Nacional de Movilidad y Transporte, y del Plan Departamental de Movilidad y Transporte.

Igualmente, señala como condición, contar con el sistema de billetaje electrónico georreferenciado.

Entre las herramientas de planificación obligatorias se incluyen la Política Nacional de Movilidad y Transporte; el Plan Nacional de Transporte; y los Planes Departamentales de Movilidad y Transporte, que serán base para el diseño de rutas, frecuencias, niveles de servicio y fórmulas tarifarias.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Denuncias contra el Servicio Nacional de Catastro

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados prevé, igualmente, el estudio del proyecto de resolución “Que crea una comisión especial de investigación y evaluación de denuncias formuladas contra la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro”.

La iniciativa busca crear una comisión integrada por nueve diputados nacionales que tendrá la misión de investigar y esclarecer las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades administrativas, actos de corrupción y mal manejo de información catastral que podrían afectar la seguridad jurídica del régimen de propiedad inmueble, según el documento de que justifica la presentación del proyecto. 

La comisión especial estará facultada para convocar a audiencias públicas, realizar reuniones y visitas a representantes de instituciones públicas y privadas. Los legisladores proyectistas argumentan que esta medida se enmarca en la función de control político y fiscalización que corresponde a la Cámara de Diputados, según establece el artículo 186 de la Constitución Nacional.

Una vez instalada, la comisión tendrá un plazo de 90 días, prorrogables por igual período, para elevar un informe con conclusiones definitivas, aunque podrá adelantar informes parciales sobre puntos específicos. 

El objetivo es garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y, de ser necesario, remitir antecedentes a las autoridades competentes.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Día del rescatista de animales

El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados también incluye la consideración del proyecto de ley “Que declara la fecha 4 de octubre de cada año como el Día nacional del rescatista de animales”. 

Este proyecto tiene el objetivo de reconocer la labor de quienes se dedican al rescate y protección de animales en situación de abandono y maltrato, otorgándoles la visibilidad que merecen por su contribución al bienestar animal y su papel en la implementación práctica de las políticas de protección animal del país.

La fecha elegida tiene un significado especial ya que coincide con dos conmemoraciones importantes: El Día Mundial de los Animales, establecido por la Organización Mundial de Protección Animal; y la festividad de San Francisco de Asís, declarado patrono de los animales y ecologistas por el Papa Juan Pablo II en 1980

El proyecto reconoce que los rescatistas de animales enfrentan importantes desafíos, como trabajar, frecuentemente, sin apoyo institucional público o privado; o la dependencia principalmente de la solidaridad y el padrinazgo de particulares.

También destacan entre los desafíos el hecho que los refugios y hogares para animales son insuficientes debido a sus altos costos operativos, y la necesidad de autogestionarse recursos para alimentación, refugio y atención veterinaria.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Día nacional de la guitarra

Otro de los puntos que figura en el orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados es un proyecto de ley que busca establecer el 5 de mayo como el "Día nacional de la guitarra y del guitarrista paraguayo", fecha que coincide con el natalicio del más universal guitarrista paraguayo, Agustín Pío Barrios “Mangoré”, nacido en San Juan Bautista, Misiones, en 1885.

Según la exposición de motivos, esta iniciativa busca rendir homenaje a Mangoré, considerado "el genio guaraní de la guitarra" y a todos los destacados guitarristas nacionales que le han sucedido, como Quirino Báez Allende, Cayo Sila Godoy, Felipe Sosa, Luz María Bobadilla, Berta Rojas, Efrén "Kamba’i" Echeverria, Juan Cancio Barreto, entre otros.

El documento destaca que la guitarra ha sido parte integral de la identidad cultural paraguaya desde la época colonial, convirtiéndose en un instrumento emblemático de la música nacional.

Asimismo, señala que celebrar este día servirá para reconocer la importancia cultural e histórica de este instrumento; promover el aprendizaje y la educación musical en el país; fomentar la creación de nuevas obras que enriquezcan el repertorio guitarrístico; fortalecer el sentido de identidad y orgullo nacional; e impulsar el turismo cultural a través de eventos relacionados

La propuesta resalta, por otro lado, el extraordinario legado de Agustín Barrios “Mangoré”, quien compuso aproximadamente 300 obras (aunque solo unas 130 se conservan documentadas). Entre sus composiciones más destacadas figuran "La Catedral", "Las Abejas", "Choro de Saudade" y "El Gran Trémolo".

Subraya, por último, que Mangoré fue pionero al ser el primer compositor-intérprete de guitarra clásica en grabar un disco (1913-1914), y que sus obras han sido interpretadas por los más grandes guitarristas internacionales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Ruta Nueva Italia-Carapeguá

La plenaria de la Cámara de Diputados, en ocasión de su sesión ordinaria, también abordará un proyecto de ley que busca renombrar, oficialmente, la ruta que conecta Nueva Italia (Departamento Central) con Carapeguá (Departamento de Paraguarí), conocida popularmente como "Ruta Nueva Italia", en honor al héroe de la Guerra del Chaco, Teniente Ramón Triay Genes.

Según la exposición de motivos, Ramón Triay Genes, protagonizó una de las acciones militares más audaces del conflicto. El 2 de septiembre de 1934, siendo cabo del Regimiento de Infantería 14 "Cerro Corá", lideró una operación comando con seis soldados que se infiltraron en territorio boliviano disfrazados con uniformes enemigos.

La arriesgada misión, que simulaba un ataque sorpresa al campamento boliviano, resultó en la eliminación de dos oficiales y más de treinta soldados enemigos, retrasando la movilización boliviana y permitiendo el escape de una división paraguaya del cerco enemigo.

Agrega el documento, que por esta hazaña, el Mariscal José Félix Estigarribia le otorgó la medalla Gumercindo Sosa, distinción al "Soldado más valiente de la Guerra del Chaco". Posteriormente recibió reconocimientos de todos los presidentes desde Eusebio Ayala hasta Juan Carlos Wasmosy.

Los impulsores del proyecto consideran que denominar esta importante vía de comunicación interdepartamental con el nombre del veterano chaqueño constituye un "homenaje oportuno a un héroe de nuestra historia nacional", además de otorgar denominación oficial a una ruta que actualmente solo se conoce por su nombre popular.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Emergencia vial 

Otro de los proyectos a ser debatido por la Cámara de Diputados durante la sesión ordinaria próxima, es el proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia vial a la calle 9 ‘María Auxiliadora’, del distrito de José Domingo Ocampos, Departamento de Caaguazú, y faculta al Poder Ejecutivo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a gestionar los recursos necesarios para la pavimentación, mantenimiento y rehabilitación del tramo afectado”.

Según la exposición de motivos del proyecto, la mencionada calle se encuentra, actualmente, en "lamentables condiciones", especialmente, durante los días de lluvia, lo que la vuelve prácticamente intransitable.

Agrega que esta vía es la principal ruta de salida de la comunidad de María Auxiliadora hacia la Ruta PY02, y es utilizada a diario por estudiantes, trabajadores y pobladores de la zona.

El mal estado del camino, indica el documento, afecta en gran medida el desarrollo y crecimiento económico del distrito, pues dificulta la comercialización de los principales productos de la región, como la caña de azúcar. “Esto repercute, directamente, en la subsistencia económica de los habitantes de María Auxiliadora y las comunidades aledañas”, asegura la exposición de motivos. 

En esencia, el proyecto de ley busca facultar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a gestionar los recursos necesarios para llevar adelante trabajos de pavimentación, mantenimiento y rehabilitación del tramo afectado.

Además, autoriza al Ejecutivo a realizar contrataciones, por la vía de excepción, para solucionar de manera urgente el problema de transitabilidad.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Aporte especial a municipios de Itapúa 

La Cámara de Diputados, igualmente, tiene previsto poner a consideración de si plenaria, un proyecto de ley que busca otorgar un aporte económico especial a los municipios de Jesús, Trinidad y San Cosme y Damián del Departamento de Itapúa.

Se trata del proyecto de ley “Que establece conceder un aporte especial a los municipios de Jesús, Trinidad y San Cosme y Damián del Departamento Itapúa, por ser sedes distritales de los monumentos históricos de las misiones jesuíticas”

En la exposición de motivos se explica que la iniciativa tiene como objetivo brindar apoyo financiero a estos municipios, que son sedes distritales de los monumentos históricos de las Misiones Jesuíticas, con el fin de preservar y mantener este importante patrimonio cultural del país.

Según el proyecto, el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, otorgará un aporte especial anual de G. 10.000 millones durante 3 años a partir del ejercicio fiscal 2025.

Se establece que esta suma de dinero se distribuirá de la siguiente manera: 4.000 millones para Trinidad, 4.000 millones para Jesús y 2.000 millones para San Cosme y San Damián.

Se estipula, igualmente, que el 80% de estos fondos deberá utilizarse en gastos de capital para infraestructura pública, como proyectos turísticos, urbanos y viales, mientras que el 20% restante se destinará a gastos corrientes relacionados a dichas inversiones.

Se establece, por otro lado, que los municipios beneficiarios deberán coordinar con varios ministerios y la Secretaría Nacional de Turismo las actividades de mantenimiento y conservación de los monumentos históricos. 

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Modificación del Código Electoral

El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados también contempla el estudio del proyecto de ley “Que modifica el artículo 170 de la Ley 834/1996 "Que establece el Código Electoral Paraguayo”.

Este proyecto, según la justificación del proyecto, busca garantizar un proceso electoral transparente, equitativo y democrático, asegurando la representación adecuada de los ciudadanos y promoviendo la participación activa en el sistema político.

Lo planteado pretende agregar al artículo 170 cuanto sigue: “Para la elección de cuerpos colegiados no se podrá utilizar en las listas completas, cerradas y desbloqueadas, como número de opción, el número que le corresponde al partido, movimiento político o alianza, otorgado por la Justicia Electoral”.

Es importante mencionar que el Art. 170 del Código Electoral refiere que: “La votación será hecha en boletines únicos divididos en espacios cuadriláteros de cuatro centímetros. Cada espacio tendrá un color y número diferenciado. El color será propuesto por los partidos, movimientos políticos y alianzas reconocidos con el número que le sea adjudicado por la Justicia Electoral, los cuales pasarán a ser propiedad exclusiva de los mismos mientras subsistan”.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Fase III para derribo de aviones 

El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados también prevé el estudio de un proyecto de ley que busca modificar y ampliar el artículo 9 de la Ley N° 6980/2022 “De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo”, incorporando la llamada "Fase III", para permitir a la Fuerza Aérea Paraguaya derribar aeronaves que representen una amenaza para la seguridad nacional.

La iniciativa, titulada "Que modifica y amplía el artículo 9 de la Ley N° 6980 del año 2022, y establece mecanismos y procedimientos para la fase III de derribo de aeronaves en protección de la soberanía nacional y la prevención del tráfico ilícito", se fundamenta en el derecho comparado, particularmente, en legislaciones similares existentes en Brasil y Colombia, según el documento. 

Según la exposición de motivos, la propuesta busca "dotar a la Fuerza Aérea Paraguaya de las herramientas necesarias para proteger el espacio aéreo y la soberanía nacional", especialmente, ante amenazas como el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas transfronterizas.

Es importante resaltar que la ley actual establece dos fases a saber: “interceptación e identificación visual de la aeronave” y; “advertencias y disparos disuasorios”; protocolo al que el presente proyecto agrega el “derribo de la aeronave como último recurso”.

Se especifica, sin embargo, que la implementación de la Fase III requerirá la aprobación expresa del Presidente de la República, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y solo procederá cuando se agoten todas las medidas previas y exista "evidencia razonable" de que la aeronave representa una amenaza inminente y grave, según el escrito de presentación.

La propuesta contempla, además, la creación de un "Comando Cuádruple de Defensa Aérea y Fronteras" (CCDAF), integrado por Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia para coordinar esfuerzos en la vigilancia y protección del espacio aéreo compartido.

Asimismo, el proyecto incluye la implementación de un protocolo de respuesta rápida conocido como "Quick Reaction Alert" (QRA), que establecería un tiempo máximo de 15 minutos para interceptar amenazas aéreas, reducible a 7 minutos en situaciones críticas.

En esencia, la Fase III se refiere al acto de derribar una aeronave civil o militar, drones y otro tipo de aeronaves, tripuladas o no, que, tras haber sido interceptados en las Fases I y II, persiste en su negativa a cumplir las órdenes de aterrizaje emitidas por la Fuerza Aérea Paraguaya, representa una amenaza inminente y grave para la seguridad nacional, la integridad territorial, o la vida de las personas el aire y en tierra.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.