Buscan garantizar el pago efectivo e inmediato de la asistencia alimentaria para menores de edad

 (Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El diputado Luis Federico Franco (PLRA-Central) presentó un proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 189 de Ley N° 1680/01, ‘Código de la Niñez y la Adolescencia’ (Ley Memby)”, con el objetivo de garantizar el pago efectivo e inmediato de las asistencias alimentarias a niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa busca resolver una inconsistencia que existe actualmente en la aplicación de la norma: distintas circunscripciones judiciales calculan de manera diferente el valor del jornal mínimo utilizado como referencia para fijar las pensiones. 

“Algunos juzgados dividen el salario mínimo entre 26 días, mientras otros lo hacen entre 30, generando montos desiguales que perjudican los derechos de los menores”, se explica en la exposición de motivos. 

El proyecto establece que el jornal mínimo para actividades diversas no especificadas —resultante de dividir el salario mínimo entre 26 días— será la única unidad de medida válida, y que el monto se actualizará automáticamente con cada variación del salario mínimo, sin necesidad de una resolución judicial anual.

Otro punto central de la propuesta es la posibilidad de ejecutar el cobro de cuotas atrasadas sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial. 

“Ante el incumplimiento, el juzgado podrá ordenar la retención inmediata de hasta el 50% de los ingresos del deudor alimentario, incluyendo salarios, jubilaciones, pensiones y cuentas bancarias, el descuento automático de pagos mensuales, y la inscripción directa del moroso en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)”, establece el documento.

Agrega que estas medidas también podrán aplicarse a los obligados subsidiarios en caso de que el alimentante principal no pueda cumplir.

El proyectista argumenta, por otro lado, que el proceso de ejecución previsto en el Código Procesal Civil es incompatible con los principios del fuero especializado de la niñez y adolescencia, por lo que la reforma apunta a dotar a los jueces de herramientas más ágiles y directas para proteger el derecho alimentario de los menores.