(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). A instancias de la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Capital), la Cámara Baja dio aprobación a un proyecto de resolución “Que pide informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), sobre la cantidad de casos registrados de embarazo en niñas y adolescentes en los últimos dos años”.

El visto bueno institucional se dio en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la última sesión ordinaria.

Para la diputada Vallejo, resulta imprescindible conocer cuántos casos se han registrado desde las distintas instituciones sanitarias que forman parte del sistema de salud pública, como hospitales; centros de salud; unidades de salud familiar; entre otros.

A su vez, saber cuántos de esos casos de embarazo de niñas y adolescentes fueron comunicados a los órganos de investigación; a qué institución informaron; si existe un intercambio fluido de comunicación que facilite información entre las instituciones; etc.

El documento solicita un informe sobre la cantidad de casos registrados y denunciados ante el Ministerio Público en los últimos dos años.

Además, pide conocer si desde el Ministerio de Salud Pública realizan seguimientos de los casos denunciados y si cuentan con registros estadísticos de los mismos. En caso afirmativo, pide remitir todo esto.

La exposición de motivos recuerda el reciente caso de una niña de 13 años que sufrió las complicaciones de un embarazo precoz, resultado de un posible abuso sexual, y terminó perdiendo la vida durante la cesárea.

Esto generó profunda indignación en la sociedad, así como una gran preocupación acerca de los protocolos existentes y los canales adecuados de comunicación que deben observarse en estos casos, según mencionó la parlamentaria.

Una pregunta puntual, justamente, refiere a la existencia, o no, de un protocolo por medio del cual deben comunicarse esos hechos.

“Resulta fundamental determinar si el mismo es eficaz (el protocolo); y si responde a la dinámica que se pretende ante circunstancias que requieren la inmediata reacción de las instituciones de protección y de investigación”, dice el escrito.

Fue establecido un plazo de 15 días para remitir los informes solicitados, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional.