En audiencia pública debaten endurecer penas por denuncias falsas con modificación del Código Penal

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, cuya presidencia corresponde al diputado Yamil Esgaib (ANR-Capital), organizó una audiencia pública para debatir aspectos del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley Nº 1160/97 - Código Penal Paraguayo”.

Participaron del encuentro los diputados Jorge Ávalos M. (PLRA-Paraguarí), presidente de la Comisión de Legislación y Codificación; y José Rodríguez (ANR-Capital), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Estuvieron presentes, a su vez, representantes de la Fiscalía General del Estado; el Ministerio de Justicia; el Poder Judicial; el Gremio de Abogados de Caaguazú; la Asociación de Defensores; entre otros estamentos.

En el inicio de esta actividad, el legislador Esgaib destacó que, en esencia, el propósito es fortalecer la protección de la administración de justicia y prevenir el uso abusivo del sistema judicial.

Señaló que, conforme al derecho comparado, diversos países como Brasil, México, España y, recientemente, Argentina, avanzan en reformas orientadas a sancionar con mayor severidad conductas vinculadas a denuncias falsas, especialmente en contextos de violencia.

“Debe ser un tema de interés legislativo, dada la necesidad de resguardar tanto a las personas falsamente acusadas como al sistema judicial frente a posibles abusos”, expresó.

En representación de la Fiscalía General del Estado, el Dr. Rubén Darío Riquelme indicó que el proyecto parte de una finalidad legítima: reforzar la protección de la administración de justicia ante el uso indebido de la denuncia penal, particularmente cuando una imputación falsa genera consecuencias gravosas para el denunciado.

Sostuvo que la técnica legislativa adecuada consiste en incorporar un nuevo inciso que contemple una agravante del hecho punible de denuncia falsa.

Propuso que, cuando la denuncia derive en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva o en una condena firme para la víctima, la pena privativa de libertad pueda alcanzar hasta diez años.

Por su parte, el vocero de la Asociación de Defensores coincidió con la finalidad del proyecto, calificándola como loable, por intentar desalentar la comisión de hechos punibles.

Manifestó su preocupación respecto a ciertos aspectos de la redacción, en particular sobre la necesidad de delimitar con precisión el alcance de las medidas restrictivas de libertad, a fin de evitar interpretaciones ambiguas.

A su turno, el congresista José Rodríguez acompañó el espíritu de la propuesta, subrayando que las modificaciones al Código Penal requieren un análisis riguroso, atendiendo su impacto jurídico e institucional.

Finalmente, el titular de la Comisión de Justicia solicitó a los participantes que remitan, por escrito, observaciones y propuestas de modificación, señalando que el proceso de estudio se encuentra en una etapa inicial y que se trabajará de manera coordinada con el proyectista para lograr un texto consensuado.

Sobre el proyecto

Este proyecto de ley tiene como objetivo promover la implementación de mecanismos más rigurosos que garanticen investigaciones exhaustivas de las denuncias, protegiendo tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.

Cabe señalar que en países como Chile, Perú y Colombia también se desarrollan debates en torno al endurecimiento de las sanciones por denuncias falsas, aunque estas iniciativas enfrentan críticas relacionadas con el eventual riesgo de desalentar la formulación de denuncias legítimas.

En ese contexto, la propuesta en estudio busca equilibrar la necesidad de sancionar el uso abusivo del sistema judicial con la protección efectiva de quienes recurren a él en busca de justicia, en un marco de equidad y seguridad jurídica.