Diputados concede media sanción a proyecto que regula el blindaje balístico vehicular

 (Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley "Que establece estándares y regula el blindaje balístico para vehículos de uso especial". La iniciativa fue aprobada teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Inteligencia, Seguridad y Orden Interno, presidida por el diputado Pedro Ortiz (ANR-Capital).

El legislador señaló que en el Art 15 se prevé “la asignación de recursos económicos para su implementación en las zonas de mayor peligrosidad y vulnerabilidad, particularmente, en las áreas de frontera, atendiendo a criterios técnicos de seguridad y el nivel de riesgo que afrontan dichas regiones.

Asimismo, señala que los fondos podrán ser complementados con recursos provenientes de la cooperación internacional”.

La norma apunta a regular un sector considerado crítico para la seguridad pública, estableciendo requisitos técnicos obligatorios para la fabricación, instalación y certificación de blindajes en vehículos utilizados por fuerzas de seguridad, empresas de transporte de valores y personas en situación de riesgo. 

En la exposición de motivos, los proyectistas sostienen que la seguridad de las personas es un pilar fundamental del Estado de Derecho, especialmente, para quienes operan en contextos de alta peligrosidad.

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná) señaló que existe un vacío regulatorio en materia de estandarización y certificación del blindaje balístico, lo que ha derivado en un mercado sin controles uniformes y en la proliferación de blindajes artesanales que no cumplen estándares internacionales. 

Advirtió que esta situación genera una falsa sensación de seguridad con consecuencias potencialmente fatales, compromete la vida humana, debilita la operatividad institucional y fomenta la competencia desleal.

Para revertir esta situación, el proyecto adopta normas internacionales reconocidas como las del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos (NIJ), la Asociación Alemana de Acreditación de Vehículos de Protección (VPAM) y los estándares europeos EN 1063 y EN 1522/1523, que permiten clasificar los niveles de protección frente a distintos calibres y tipos de ataque.

El proyecto designa al Ministerio del Interior como autoridad competente, con funciones que incluyen la creación de un registro nacional de vehículos blindados, la fiscalización de talleres y empresas instaladoras, y la supervisión del cumplimiento de los estándares técnicos. 

Establece, además, que todo vehículo blindado deberá contar con certificación emitida por laboratorios acreditados, que avale su nivel de protección, y se prohíbe expresamente la comercialización, instalación y uso de blindajes sin la habilitación correspondiente.

En cuanto a las sanciones, la normativa contempla multas, clausuras, revocación de licencias, incautación de vehículos y cancelación de registros, sin perjuicio de eventuales responsabilidades penales o civiles. 

Tras su aprobación, se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.