Debatirán iniciativa sobre acceso de empleados públicos a programas de asistencia social

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que busca eliminar la prohibición que impide a funcionarios y empleados públicos acceder a subsidios y programas de asistencia estatal, cuando estos se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

La iniciativa, denominada "De equidad en el acceso a la protección social para trabajadores del sector público", parte de un diagnóstico que los legisladores califican de injusticia estructural. En este sentido, la exposición de motivos indica que auxiliares de enfermería, personal de limpieza, docentes rurales y asistentes administrativos que perciben salario mínimo, o incluso menos tras los pertinentes descuentos, quedan, automáticamente, excluidos de beneficios sociales únicamente por su condición de empleados estatales, sin que se evalúe su realidad económica concreta.

Los proyectistas sostienen que esta exclusión vulnera el Artículo 46 de la Constitución Nacional, que prohíbe toda forma de discriminación, ya que un funcionario con ingresos mínimos se encuentra en idéntica situación de vulnerabilidad que un trabajador del sector privado con igual remuneración. "Mantener la prohibición es una distinción arbitraria e injusta", señala el texto del proyecto.

La propuesta establece que la elegibilidad para acceder a subsidios, sean de salud, vivienda, formación técnica y protección social en general, se determinará exclusivamente en función del nivel de ingresos mensuales y el Índice de Calidad de Vida del solicitante, con independencia de quién sea su empleador. 

Como parámetro de control, el proyecto fija que el beneficiario no podrá percibir ingresos superiores a dos salarios mínimos, o el límite que establezca la reglamentación específica de cada subsidio.

El Ministerio de Economía y Finanzas será la autoridad de aplicación, y las instituciones otorgantes de beneficios estarán obligadas a publicar de forma desglosada la nómina de beneficiarios que revistan carácter de funcionarios públicos, con el fin de garantizar transparencia y control ciudadano.

El proyecto también propone derogar, expresamente, toda disposición legal o reglamentaria vigente que prohíba la concesión de subsidios por la sola condición de ser empleado público, y establece un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo lo reglamente tras su eventual promulgación.

La exposición de motivos remarca que la iniciativa no busca otorgar beneficios especiales a ningún sector, sino corregir una inequidad que, según argumentan, el sistema ha perpetuado durante décadas. 

Son firmantes del documento los diputados: Benjamín Cantero (ANR-Canindeyú); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Miguel Ángel Del Puerto (ANR-Caaguazú); Hugo Meza (ANR-Cordillera); Johana Vega (ANR-Central); y Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro).