Impulsan pedidos de informes para evaluar avances en la Política Nacional de Drogas

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). A instancias del diputado Carlos Godoy (ANR-Caaguazú), el pleno de la Cámara de Diputados aprobó tres proyectos de resolución mediante los cuales se solicita informes a instituciones del Poder Ejecutivo, en el marco de la elaboración de la Política Nacional de Drogas 2024–2030.

Los requerimientos están dirigidos al Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones Exteriores; y a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), en carácter de integrantes del Comité Estratégico Interinstitucional en materia de Drogas, creado por el Decreto Nº 2468, de fecha 4 de setiembre de 2024.

Dicha normativa declara de prioridad nacional la elaboración de una política pública integral en materia de drogas, estableciendo un enfoque multidimensional que abarca las áreas de salud, educación, prevención, derechos humanos, desarrollo social y seguridad.

Asimismo, dispone la participación articulada de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en la construcción de estrategias que respondan de manera efectiva a esta problemática.

El Comité Estratégico Interinstitucional, conformado por diversas entidades del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la coordinación del análisis, diseño, consulta y elaboración de la citada política, la cual constituirá el instrumento rector para orientar las acciones del Estado en materia de reducción de la demanda, prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social, así como en la reducción de la oferta y el combate al tráfico ilícito de drogas.

En ese contexto, los proyectos aprobados solicitan a las instituciones involucradas detallar las acciones desarrolladas en el marco del Decreto Nº 2468/2024, vinculadas específicamente al proceso de elaboración de la Política Nacional de Drogas 2024–2030.

Igualmente, requiere informes sobre la representación institucional ante el Comité Estratégico Interinstitucional, consignando los nombres y cargos de los representantes titulares y suplentes, así como la remisión de copia de las resoluciones de designación correspondientes.

Del mismo modo, pide detallar la participación en reuniones, actividades o mesas de trabajo, adjuntando actas u otros documentos respaldatorios.

Los pedidos de informes también contemplan la descripción de los mecanismos de articulación implementados con otras instituciones del Estado, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, a fin de garantizar un abordaje integral de la problemática.

Asimismo, solicita remitir información sobre trabajos de diagnóstico, investigaciones, relevamientos o estudios realizados o en curso en el ámbito de competencia de cada institución, relacionados con la temática de drogas, así como identificar las principales dificultades o desafíos para la implementación de la Política Nacional de Drogas 2024–2030.

Finalmente, se establece un plazo de 15 días hábiles para que las instituciones requeridas puedan el informe solicitado por la Cámara de Baja, conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.