(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Durante su última sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó, en el espacio de Sobre Tablas, un proyecto de declaración “Que insta al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), y a la Unidad Especializada en Delitos Contra el Medio Ambiente a intervenir de manera urgente ante el delito ambiental ocurrido en el distrito de Tacuara, Departamento de Ñeembucú, y a disponer la restitución del cauce natural del agua, a fin de evitar posibles tragedias que afecten a los pobladores de la zona".

La iniciativa fue presentada por el diputado Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú), quien expresó su profunda preocupación por los daños ambientales, supuestamente, ocasionados por un productor de nacionalidad brasileña asentado en una finca de la zona.

Según denuncias recibidas por pobladores y autoridades locales, el mencionado productor habría desviado de forma irregular el cauce natural de aguas superficiales, afectando, gravemente, el equilibrio ecológico y generando un alto riesgo de inundaciones y otras consecuencias ambientales adversas.

El documento aprobado solicita que se dispongan, con carácter de urgencia, todas las medidas técnicas y legales necesarias para la restitución inmediata del cauce natural del agua.

“Esta acción resulta imprescindible para prevenir futuras tragedias que podrían comprometer la seguridad, la salud y el sustento de comunidades enteras, en una región especialmente vulnerable a eventos climáticos extremos”, expresa parte de la fundamentación del proyecto. 

Asimismo, enfatiza que este tipo de hechos no debe quedar impunes, pues constituyen una amenaza directa a la biodiversidad, a los recursos hídricos y al derecho de las comunidades a un ambiente sano, tal como lo establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por Paraguay.

El proponente recordó que la inacción o la demora en la respuesta institucional puede agravar aún más la situación, por lo que exige un seguimiento riguroso y coordinado entre las autoridades ambientales y judiciales competentes, con el fin de garantizar justicia ambiental y la reparación del daño causado.